La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) apoyó el Proyecto de la Cámara 590 que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para disminuir paulatinamente la contribución especial sobre las primas de seguro, luego de lo cual sería eliminado en diciembre de 2027.
La pieza de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, propone iniciar la disminución del arbitrio impuesto mediante la “Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva” (Ley 40-2013), a partir del periodo contributivo del 31 de diciembre de 2024 y establecer un periodo de vigencia a los fines eliminar el mismo al 31 de diciembre del 2027.
La Lcda. Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la organización que aglutina varias compañías de seguros locales, manifestó que “ACODESE apoya totalmente la aprobación de este proyecto de ley, puesto que este tributo adicional adoptado en 2013 continúa aplicando exclusivamente a la industria de seguros”.
“La eliminación del 1 por ciento sobre las primas de seguros sería una medida consecuente con el trato otorgado al resto de los sectores productivos cuando se eliminó la Patente Nacional en el 2014 y representaría un paso necesario para fortalecer la estabilidad de una industria necesaria para la economía del país”, señaló la deponente, quien sostuvo que este impuesto al tener que ser absorbido por las aseguradoras, aumenta los gastos operacionales dentro de este sector económico.
Pernas añadió que esta iniciativa, no solo beneficia a las aseguradoras, sino también a los clientes ya que “en la medida que esto se derogue, las compañías tendrán menos gastos operacionales y podrían ofrecer productos a un precio más razonables, probablemente, para todos los consumidores”.
Sus expresiones fueron vertidas en vista pública de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio, que preside el representante Jorge Navarro Suárez.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Lcdo. Ángel Pantoja Rodríguez, planteó en un memorial escrito que “la propuesta reducción del arbitrio al 0.5 por ciento tendrá un impacto fiscal de 20.5 millones de dólares para los años 2025 al 2027, con un potencial aumento hasta 41 millones de dólares luego de esta fecha”.
“Cualquier medida que trastoque los ingresos al Fondo General tiene el potencial de afectar la estructura contributiva que se está diseñando, la cual ciertamente será en beneficio de todos los ciudadanos”, expuso el titular.
Pantoja Rodríguez recomendó que “se nos brinde un periodo de tiempo para culminar con los esfuerzos previo a continuar el trámite legislativo de medidas que, aunque loables, pueden trastocar los trabajos que estamos llevando a cabo para lograr una reforma contributiva integral”.
Además, sugirió que se consulte con la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) de modo que se emita un análisis sobre la medida.
En iguales términos se expresó el Lcdo. Luis Rivera Cruz, director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Senior de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), al recomendar una evaluación por parte de la OPAL, puesto que la Ley PROMESA establece que toda legislación que tenga un impacto fiscal tiene que pasar por el proceso de identificar alternativas para allegar los fondos que se dejarían de devengar por el proyecto.
Así también expresó, que es necesaria la posición de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
En tanto, la designada Comisionada de Seguros, Lcda. Suzette Del Valle Lecároz, sostuvo que, la eliminación de este arbitrio puede tener como resultado una baja en los costos operacionales de las aseguradoras comerciales y el mejoramiento en la solvencia de esta industria, no obstante, es necesario que se identifiquen los ingresos que sustituirán estos fondos que van directamente al Fondo General.
Por lo que dio deferencia a las agencias fiscales en el análisis de la pieza “en cuanto a la eliminación gradual de la Contribución Especial y las alternativas disponibles para sustituir los recaudos a partir del año 2027”.
Ante estas posiciones, el representante Navarro Suárez, presentó una enmienda a los efectos que se sustituya la eliminación completa de esta contribución por decretos con base a criterios objetivos de desempeño de las aseguradoras.
El presidente de la Comisión, el legislador Navarro Suárez, señaló que algunos de los criterios serían el pago puntual de las reclamaciones, la merma en litigios y la satisfacción del asegurado, entre otros principios que sería analizado por la Oficina del Comisionado de Seguros.
Del Valle Lecároz, afirmó que “en la medida que estén buscando enmendar el proyecto para crear un balance, entre apoyar y dar un beneficio a las aseguradoras, pero a la misma vez al consumidor, lo veo loable, lo único que habría que ver cómo se puede medir esa efectividad y tendría que hacerse un reglamento para poder medir el cumplimiento de los componentes de esta industria”.
También sostuvo que para ello sería necesario asignar los recursos económicos a la agencia para realizar esta fiscalización.
A renglón seguido, Rivera Cruz opinó que la propuesta debe ser presentada al Departamento de Hacienda “para determinar qué mecanismos sería el correcto para atender esta propuesta si es a través de un decreto u otra disposición estatutaria”.
Mientras que Pernas indicó que estas enmiendas tendrán que ser analizadas por la matrícula de la organización.
“De manera responsable tendríamos que analizar bien lo que se está planteando, pero de inicio me permito indicar que hay que tener mucho cuidado con este tipo de alternativas que en papel se ve muy bien, pero cómo se va a evaluar, bajo qué criterios, quién lo va a evaluar, cuánto va a costar esa evaluación, cuando de cualquier forma los criterios que usted ha enunciado son parte del Código de Seguros ahora mismo”, declaró la deponente.
Perna expuso que se debe analizar con cautela estas enmiendas ya que “las leyes contributivas tienen que ser claras y uniformes para todos y aquí hay un elemento no sé hasta qué punto de subjetividad”.
Durante los trabajos participaron la vicepresidenta cameral Yashira Lebrón Rodríguez y la representante Swanny Vargas Laureano.
