La Cámara avaló el proyecto 1135, que enmienda el artículo 6 de la Ley 2 de 1965, con lo que elimina la concesión de servicio de protección y escolta que ostenta un exgobernante.
La medida también elimina la discreción del comisionado de la Policía para proveer escoltas a los exfuncionarios.
La pieza legislativa, de la autoría de los representantes Orlando José Aponte Rosario y Juan José Santiago Nieves, resalta que “el principal objetivo de aquellas personas que aspiran a ocupar el cargo de gobernador o gobernadora debe ser el servicio del pueblo de Puerto Rico, sin consideración alguna a los posibles beneficios económicos que pudieran obtenerse durante, o después de la ocupación de dicho cargo”.
“Esta Asamblea Legislativa reconoce la austeridad, la estrechez económica y la crisis fiscal por la que ha atravesado el Gobierno de Puerto Rico, por lo que se establece expresamente como política pública el deber de reducir gastos no esenciales para redirigirlos a los servicios esenciales directamente a los ciudadanos”, expuso Aponte Rosario.
