Entidades de gobierno que representan a la industria de cooperativas de ahorro y crédito expresaron este miércoles opiniones encontradas sobre una medida cameral que propone aumentar a $300,000 la cuantía mínima de capital requerida para que estas asociaciones puedan comenzar operaciones en la Isla.
La legislación fue presentada en conjunto por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y el representante Christian Muriel Sánchez.
En una vista pública de la Comisión de Cooperativismo, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec) apoyó el Proyecto de la Cámara 771, que enmendaría la ley que rige a las sociedades de ahorro y crédito (Ley 255-2002) para incrementar la cantidad actual de $50,000 que exige el estatuto en un esfuerzo por fortalecer la solidez de las cooperativas de nueva creación.
Mientras que la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) mostró ciertas reservas con la pieza legislativa tras advertir que esta alza podría tener un efecto inverso y resultar en más obstáculos para la creación de nuevas cooperativas.
La presidenta ejecutiva de Cossec, Mabel Jiménez Miranda, aseguró que “actualizar la cuantía mínima de capital accionario inicial es un ajuste prudente, proporcional y acorde con la realidad económica y operativa del sector. Este monto no es arbitrario; refleja las tendencias observadas en los costos de establecimiento y operación de nuevas cooperativas”.
También indicó que las exigencias actuales en materia de cumplimiento, tecnología y gestión financiera demandan un capital inicial más robusto. La titular con más de 20 años de experiencia en el sector afirmó que las experiencias de cooperativas incorporadas en la última década evidencian que la inversión desde la fase organizacional, hasta el primer año de operación, puede superar los $3.5 millones.
Jiménez Miranda recalcó en su ponencia que no considera que este cambio limite la creación de nuevas cooperativas, ni que “contravenga con política pública alguna”. Dijo que, por el contrario, traerá beneficios “concretos y medibles” que permitirán a las nuevas asociaciones iniciar con capacidad para implementar productos y servicios competitivos, así como cumplir con las exigencias regulatorias sin comprometer su liquidez.
A su vez, destacó que facilitará la inversión en sistemas tecnológicos modernos -cuya implementación puede alcanzar los $100,000- y contratar el personal necesario. La propuesta legislativa surge en momentos en que una veintena de cooperativas de ahorro y crédito han clausurado en Puerto Rico en los últimos cuatro años a consecuencia de los problemas financieros que atraviesa la industria.
La deponente detalló que en la Isla existen 91 cooperativas de este tipo, una reducción de 21 en comparación con las 112 que estaban incorporadas en el 2021. Mencionó que, desde ese año, solo se ha inscrito una cooperativa de ahorro y crédito que en este momento está siendo liquidada, aunque reconoció que sí ha surgido la apertura de sucursales de las que continúan en operación.
“Una base de capital inicial adecuada no es un obstáculo, sino una inversión estratégica que garantiza que los proyectos que se materialicen tengan mayores probabilidades de éxito y menores riesgos de incumplimiento o cierre en sus primeros años”, puntualizó Jiménez Miranda.
Por otro lado, la comisionada de CDCOOP, Liza Alfaro Mercado, comentó que reconoce la intención del proyecto de ley, pero consideró que impone condiciones más rigurosas para el desarrollo de nuevas cooperativas que tienen el compromiso social de crear alternativas financieras para las comunidades más desventajadas y con menores ingresos.
“Si bien es cierto que es necesario proteger el capital y la estabilidad financiera de las cooperativas de ahorro y crédito ya existentes, también es cierto que debemos mantener el fin social y el compromiso del movimiento cooperativo de ser siempre una herramienta de fácil acceso para todas las poblaciones”, manifestó Alfaro Mercado.
A preguntas del representante Muriel Sánchez, quien preside la Comisión de Cooperativismo, la deponente sugirió un aumento de capital inicial más flexible de $100,000. El legislador adelantó que convocará vistas ejecutivas con más entidades del sector cooperativista para llegar a un consenso sobre una cuantía ideal.
“Entendemos que $50,000 es una cantidad no real en la situación que estamos viviendo actualmente. Vemos que los gastos que conlleva poder abrir una cooperativa rondan los $270,000, empezando de una manera modesta. Queremos establecer la apertura para llegar a una cantidad correcta y vamos a hacer lo necesario para que el sistema cooperativista en Puerto Rico sea más robusto”, expresó Muriel Sánchez.
