La Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara inició ayer el proceso de vistas públicas para atender un proyecto que busca penalizar civilmente a toda persona que incurra en actos de acoso y hostigamiento sexual en el entorno deportivo.
El Proyecto de la Cámara 815 propone, además, que las entidades deportivas sean responsables cuando sus atletas sean víctimas de estos delitos por parte de sus empleados o contratistas, y no se tomaron acciones inmediatas para corregir la situación.
La medida, de la autoría de los representantes Luis Jiménez Torres y Jerry Nieves Rosario, recibió el aval del secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, quien abogó por la educación compulsoria para toda la comunidad atlética como un mecanismo para atajar estas violencias repetidas en el ámbito deportivo.
El titular aseguró en un memorial explicativo que la agencia ofrece a su matrícula un curso cuatro veces al año sobre el acoso y el hostigamiento, pero destacó que estos esfuerzos se deben extender a los padres, entrenadores, atletas y toda persona que forme parte del proceso de educación de un deportista.
Sin embargo, el DRD tuvo reparos con la responsabilidad adjudicada a las entidades deportivas debido a que la legislación no define cuáles serían estas organizaciones, que pueden abarcar clubes, ligas, federaciones y centros recreativos.
“En muchos casos, las víctimas no informan de inmediato los incidentes de hostigamiento por temor a represalias. Ello podría llevar a que el DRD sea responsabilizado o penalizado aun sin tener conocimiento de alguna alegación ni oportunidad razonable de actuar”, indicó Vázquez Muñiz en su ponencia.
La agencia también recomendó establecer un término prescriptivo para solicitar un remedio en los tribunales, plazo que el Departamento de Justicia sugirió que sea de un año a partir del momento en que cesan los actos, conforme a la Ley 17-1988 que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo.
Aunque no estuvo presente en la vista pública, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, endosó el proyecto de ley mediante una ponencia escrita en la que señaló que su aprobación “representa un paso de avanzada en favor de nuestros atletas”.
La titular también resaltó que la pieza legislativa corregiría el “vacío legal” que existe en la Ley 133-2024, aprobada con el fin de prevenir y proteger a deportistas contra estas conductas, en cuanto a sanciones o penalidades.
El Colegio de Abogados y Abogadas respaldó el proyecto de ley, mientras favoreció que se coloque el peso de la prueba sobre la entidad deportiva como un incentivo para actuar con diligencia y no encubrir situaciones de abuso.
La medida fue atendida en la Comisión de Recreación y Deportes, presidida por el representante Jiménez Torres, quién hoy emitió un informe positivo para que la legislación se lleve a votación en las próximas sesiones.
El legislador explicó que la medida impone sanciones severas tanto a nivel individual como institucional, incluyendo multas desde $10,000 hasta el doble de los daños ocasionados. También se contempla la suspensión de licencias y cancelación de permisos a entidades deportivas que permitan este tipo de conducta.
“Este proyecto convierte a Puerto Rico en pionero en la lucha contra el acoso y el hostigamiento sexual en el deporte. El deporte debe ser un espacio de desarrollo y respeto, no de miedo ni intimidación”, expresó Jiménez Torres.
Atienden regulación de calendarios deportivos
Por otra parte, la Comisión de Recreación y Deportes evaluó el Proyecto de la Cámara 521, que propone fijar parámetros bajo los cuales se celebrarán juegos y prácticas deportivas en los que participen atletas menores de edad.
La medida de administración busca limitar el tiempo y la frecuencia de la práctica deportiva juvenil, así como los horarios dentro de los cuales puede llevarse a cabo. Estas restricciones buscan evitar sobrecargas físicas en los niños y jóvenes ante una supuesta proliferación de eventos deportivos para menores en la Isla.
La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, indicó que la propuesta es bien intencionada, pero enfatizó que cada deporte tiene características distintas de intensidad y duración, por lo que requieren regulaciones individuales.
Rosario también sugirió que se ausculte la opinión de las federaciones nacionales, puesto que ya estas entidades tienen reglamentos que protegen a los menores con parámetros sobre la edad mínima, límites de entrenamiento y competencia, y hasta tiempo de descanso.
“Es menester ampliar y ponderar la diversidad de realidades que se presentan. Estamos conscientes que pueden existir extremos y prácticas deportivas que conllevan una carga excesiva para nuestra niñez que deben regularse”, afirmó Rosario.
La organización Puerto Rico Basketball School expresó reservas con el proyecto tras señalar que contiene “deficiencias significativas que podrían perjudicar más de lo que benefician a los atletas jóvenes”.
Ferdinand Cedeño, presidente de la entidad, describió como “contraproducente” la limitación de seis horas semanales de práctica para jóvenes entre 12 y 17 años cuando en algunas disciplinas, como la natación, gimnasia o tenis, el desarrollo técnico exige rutinas más frecuentes.
“La prohibición de juegos que requieran más de 80 minutos de traslado entre semana es excesiva e ignora la realidad geográfica y competitiva del país. Esto limitaría severamente la participación de jóvenes de municipios rurales que necesitan trasladarse para competir”, manifestó Cedeño.
Añadió que limitar la cantidad de torneos y juegos por semana a un máximo de tres “ignora” la estacionalidad de muchos torneos y, a su vez, eliminar la posibilidad de competir en eventos clave fuera de Puerto Rico en los que la exposición internacional es fundamental.
El DRD apoyó la aprobación de la medida, al tiempo que solicitó la asignación de más recursos para fiscalizar la Carta de Derechos de Niños y Jóvenes Deportistas (Ley 28-2019), estatuto que se pretende enmendar.
La Oficina del Procurador del Ciudadano también endosó el proyecto. En una ponencia escrita, el Ombudsman Edwin García Feliciano coincidió en limitar las competencias y entrenamientos al aire libre en un horario entre las 11:30 a.m. y la 1:30 p.m. para evitar los riesgos a la salud que pueden provocar la exposición al sol.
En la vista pública estuvieron presente los representantes José Varela Fernández, Nelie Lebrón Robles, Sergio Estévez Vélez, Axel Roque Gracia y Denis Márquez Lebrón.
