Un grupo de senadores sometieron el proyecto 847, que busca eximir a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de los procesos de compra de materiales y adquisición de servicios a través de la Administración de Servicios Generales (ASG).
De acuerdo con los legisladores, que la UPR esté sujeta a los “onerosos” procedimientos de ASG supone “retos adicionales” para competir en ambientes de investigación y labor creativa.
La pieza legislativa plantea que la agilidad de la UPR en cuanto a la realización de compras es vital para la competitividad ya que una buena parte de la producción académica ocurre dentro de la UPR con recursos del centro docente.
Aseguraron, además, que las compras en la UPR responden al trabajo investigativo, por lo que su tramitación es altamente especializada y se hace mediante proveedores que, usualmente, no son locales y tienen condiciones particulares relacionadas con el aspecto científico.
“Por consecuencia, los patrones de compras de la universidad no se comparan con los de las agencias públicas y no deben tratarse de la misma forma. Actualmente, se le requiere a la universidad que siga los procedimientos como si fuera una agencia gubernamental y cada investigación o proyecto requiere una dispensa o consulta a ASG, lo que retrasa significativamente la adquisición de equipo y provoca la pérdida de fondos federales”, dijo el senador independiente José Vargas Vidot.
Según el político, “la UPR, hace tiempo, está pasando por su peor momento administrativamente, mientras se le sigue recortando presupuesto, se pierden acreditaciones por las medidas de austeridad, suben los costos de matrícula para los y las estudiantes, y se rechazan en la legislatura las propuestas que impulsarían a nuestro primer centro docente. Lo que queremos con este proyecto es evitar que los recursos de investigación de altísima calidad que aún quedan en la UPR pese a todas las adversidades no sean tronchados por procesos burocráticos que no se atemperan al contexto y particularidad científica de la UPR”.
En esencia, la meta principal de la medida es redefinir la relación de la UPR con la ASG en aras de prevenir la pérdida de fondos de investigación, de recuperación y el encarecimiento de las compras de la institución.
Por su parte, la senadora Irma Rivera Lassén concluyó que “no hay duda de que la UPR, por su naturaleza misma, no funciona de la misma forma que cualquier otra agencia. Mantenerla sujeta a tener que pasar por ASG para cada compra u operación, muy lejos de simplificar el proceso, lo que hace es obstaculizarlo y atrasarlo. Son muchos años que la UPR viene atravesando momentos difíciles, por lo que darle este respiro y eximirla de los procesos de compra y adquisición de servicios a través de ASG es un deber que tenemos con nuestra principal institución universitaria”.
