El gobierno municipal de Peñuelas reiteró ayer ante la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes que cerca de la mitad de la población de la ciudad se beneficiará de la construcción del llamado “desvío sur” como una solución para descongestionar el tránsito urbano, mientras expertos alertaron sobre los riesgos geológicos y viales del proyecto que lleva 20 años inconcluso.
El alcalde Josean González Febres destacó durante la celebración de una vista pública que 3,626 residencias de las más de 6,700 existentes están en los barrios o sectores que serán impactados por la culminación de la obra, que conectaría el norte y oeste del municipio en un trayecto de pocos minutos a través de la carretera PR-3132.
Por la ruta actual-que es la única alternativa de los residentes- los conductores demoran hasta 20 minutos en las horas pico para trasladarse hacia el hospital de Peñuelas, lo que “soslaya una tragedia” para el mandatario municipal.
Actualmente, el representante José “Cheito” Hernández Concepción, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, dirige una investigación para examinar las razones por las cuales la construcción permanece paralizada desde el año 2005.
“Este proyecto es viable, pero, sobre todo, necesario”, manifestó González Febres. “Después de toda la inversión realizada, de los avances, de la seguridad que necesitamos alrededor de nuestras escuelas, no me hace sentido que se complique y prolongue el finalizar esta obra”.
El alcalde informó que el camino está asfaltado en más de un 70 por ciento con instalación de postes, rótulos, aceras, entre otros elementos de infraestructura vial. Restan aproximadamente 450 metros lineales por acondicionar y pavimentar, pero la construcción ha sido detenida hasta que se concluyan los estudios de viabilidad encomendados por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
Por tratarse de un proyecto que exige informes ambientales aprobados por las agencias estatales y federales, portavoces de la ACT anticiparon que no será hasta finales de 2026 que la obra entrará en una etapa de diseño más avanzada. La agencia también tendrá que identificar los fondos de construcción que, por el momento, están destinados con prioridad para la rehabilitación de las carreteras.
“Este proyecto también afecta, independientemente la alternativa que sea, árboles y hábitat de vida silvestre, y eso conlleva una coordinación con el Departamento de Recursos Naturales para mitigar esos efectos”, explicó el gerente interino de la División de Desarrollo y Programas de la ACT, Luis Rodríguez.
La paralización inicial de la construcción se remonta a los meses de octubre y noviembre de 2005, cuando un evento de lluvias extraordinarias provocó un derrumbe cerca del área de construcción y posteriormente se descubrió una falla geológica en el lugar. Según la ACT, se identificó, además, que el proyecto atraviesa un área de hábitat de una especie en peligro de extinción conocida como Guabairo.
Un grupo de ingenieros de la agencia advirtió que un estudio de agrimensura conducido a principios de este año por la firma Suelos PSC reveló que el deslizamiento continúa activo y la nueva alineación se tiene que alejar de esta zona. Por tal razón, la alineación original está descartada por la ACT y se analizan cuatro alternativas para completar el desvío.
“¿Cuál es el problema de mantener la alineación existente? Las excavaciones nunca llegaron a las elevaciones propuestas por el plano… Si esa alineación se queda y hay que hacer excavaciones adicionales allí, no va a hacer otra cosa que seguir removiendo la base de la montaña de coluvión y el deslizamiento va a volver a ocurrir”, alarmó el ingeniero Iván Jackson, vicepresidente de Suelos PSC.
“Es un deslizamiento grande, importante, de los más grandes que yo he tratado en mis 30 años de experiencia”, abundó.
Una de las alternativas, explicó la ACT, requerirá el realojo de varias residencias y podría tener un costo que ronda los $20 a $30 millones debido a que necesitarán construir dos pequeños puentes que crucen sobre un cuerpo de agua.
Denuncian escasa comunicación
El representante Hernández Concepción, quien la semana pasada convocó una vista ocular en la zona, exigió que la ACT informe a la administración municipal sobre los avances del proyecto tras el alcalde denunciar que ha tenido una “pésima comunicación” con la agencia.
González Febres criticó que la información de los diversos estudios encaminados no ha sido compartida con el gobierno municipal y que recibe “versiones distintas” en cada reunión que sostiene con la ACT.
“Esa es la preocupación que trae el alcalde como voz de sus residentes, que quieren tener mejor calidad de vida, que quieren tener mejor seguridad y que, obviamente, por esta situación que ha afectado al pueblo por los últimos 20 años, quieren soluciones. El alcalde quiere soluciones”, manifestó el legislador. “No vamos a soltar el tema”, agregó.
De la vista pública también participaron los representantes Denis Márquez Lebrón, Ensol Rodríguez Torres y Roberto Rivera Ruiz de Porras.
