Ante las amenazas que representa la multiplicación de cerdos salvajes en Puerto Rico, el Departamento de Agricultura (DA) respaldó ayer la aprobación de una medida que eximiría a los agricultores locales del permiso especial que exige la ley para la caza de esta especie.
El Proyecto de la Cámara 641 enmendaría la Ley de Vida Silvestre (Ley 241-1999) con el fin de autorizar de manera indefinida la captura de estos animales, cuya presencia en las fincas de agricultores ha causado la destrucción entera de sus cultivos y miles de dólares en pérdidas económicas.
La legislación impulsada por el representante Axel “Chino” Roque Gracia responde, además, a los riesgos para la salud pública a raíz de que estos animales ferales pueden transmitir hasta 30 enfermedades, incluyendo la fiebre porcina, rabia, leptospirosis y una diversidad de infecciones parasitarias.
“Esta disposición contribuirá significativamente al control de la población de esta especie invasora, cuya presencia desproporcionada ha causado daños considerables a los cultivos, suelos y ecosistemas locales”, señaló el secretario de Agricultura, Josué Rivera, al alertar en un memorial explicativo que esta situación vulnera la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola de la Isla.
En vista pública de la Comisión de Recursos Naturales, presidida por la representante Elinette González Aguayo, la agencia informó que desde el 2021 se han capturado alrededor de 6,500 cerdos asilvestrados en 63 municipios.
El doctor Alejandro Pérez, director del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario del DA, expuso que los animales posteriormente son sometidos a un procedimiento de eutanasia en un trabajo en conjunto con el Programa de Vida Silvestre del Departamento de Agricultura federal.
Pese a que no existen datos sobre el costo total de las pérdidas económicas, el panel de deponentes coincidió en que este monto supera los millones de dólares al año. En su intervención, la Asociación de Agricultores de Puerto Rico (AAPR) nombró una treintena de agricultores -desde Naranjito, hasta Yauco y Ceiba- que han sufrido daños en sus cosechas como resultado de la proliferación de esta especie.
Mientras los seguros agrícolas solo cubren daños ocasionados por fenómenos atmosféricos, algunos cultivadores han enfrentado pérdidas económicas que alcanzan los $15,000 y $20,000, aseguró la organización.
“Las manadas de cerdos salvajes no solo arrasan con los sembradíos de nuestros agricultores, sino que también socavan el arduo trabajo de años y desalientan la permanencia de nuevos agricultores. La magnitud de esta crisis requiere medidas ágiles”, indicó Vanessa Piñeiro, directora ejecutiva de la AAPR.
El Departamento de Salud (DS) también expresó su apoyo a la medida, pero la agencia enfatizó la necesidad de incorporar enmiendas para prohibir el consumo de estos cerdos luego de su captura, ya que la carne no es apta para ser ingerida por humanos.
Mayra Toro, directora de la División de Salud Ambiental, señaló que estos animales no están exentos de ser portadores del virus de la rabia, por lo que podrían trasmitir esta enfermedad mortal a través de mordeduras a humanos.
La deponente añadió que el Sistema de Vigilancia de Posible Exposición a la Rabia registra un aproximado de 6,500 mordeduras de animales salvajes al año, aunque no ofreció una estadística sobre la cantidad que proviene de cerdos.
“Es importante que el mensaje que se lleve es que el consumo de carne de animales que están asilvestrados no debe llevarse a cabo, porque desconocemos a qué riesgos de salud nos estamos exponiendo al consumir este tipo de carne”, mencionó.
A preguntas de la representante González Aguayo, el DA informó que la situación no está definida como una plaga, puesto que los cerdos continúan siendo animales productores de alimentos dentro de la industria agrícola.
Levantan preocupaciones con la legislación
Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) favoreció la intención de la medida, pero tuvo reparos con las flexibilizaciones para cazar y los potenciales riesgos a la seguridad de los agricultores.
La agencia precisó que la licencia especial para la cacería no deportiva, regulada bajo la Ley de Vida Silvestre, no autoriza el uso de armas de fuego. Este permiso solo concede la utilización de rifles de aire comprimido, un arma que, por el tamaño de los cerdos, sería inadecuada para cazarlos.
“Hay que viabilizar que se establezcan mecanismos de seguridad. Aquí hay un factor de seguridad de cómo se van a hacer esas capturas; qué se van a hacer con esas carcasas; qué se van a hacer con esos animales”, cuestionó Farel Velázquez, secretario auxiliar de Conservación e Investigación del DRNA.
La representante González Aguayo puntualizó que la Comisión de Recursos Naturales recogerá las opiniones adicionales de agencias estatales y federales previo a introducir enmiendas al proyecto en un intento por ser “cuidadosos con otorgar un permiso a cualquier agricultor”.
“Tenemos que ser cautelosos en el momento de poder actuar para controlar este tipo de situación… No es que me estoy oponiendo al proyecto, pero tenemos que ver unas cosas en términos también de ley y orden”, adelantó la legisladora.
Los representantes Edgardo Feliciano Sánchez, Denis Márquez Lebrón, Joel Franqui Atiles y el vicepresidente de la Cámara, Ángel Peña Ramírez, también participaron de esta vista pública.
