El presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Eddie Charbonier Chinea, anunció que concederá diez días calendario al Departamento del Hacienda (DH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para entregar la información requerida durante la primera vista pública en torno al proyecto de Reforma Contributiva que se llevó a cabo el pasado 14 de enero.
Durante los trabajos del día, Charbonier Chinea, inició con una cuestión de privilegio personal, en la que negó tajantemente unas declaraciones realizadas por el secretario de Asuntos Públicos, Lcdo. Jean Peña Payano, a un medio de comunicación en la mañana de hoy, asegurando que se había entregado la información requerida desde el inicio de la evaluación del Proyecto de la Cámara 1014.
El representante indicó, que entendía que el funcionario hablaba en nombre de la Gobernadora y si no era el caso, instó a la Ejecutiva a que “lo desautorice”. A la vez que no descartó solicitar una reunión con la Primera Mandataria.
Enfatizó que, en su rol como representante y presidente de la Comisión de Hacienda, le asiste el derecho de solicitar información de las personas que deponen en vistas públicas y que, de no cumplir con el término, puede requerir la acción de los tribunales para que se entregue la información necesaria para lleva a cabo con su trabajo como legislador.
“Se le preguntó al secretario del Departamento Hacienda, Ángel Pantojas Rodríguez y al director de OGP, Orlando Rivera Berríos y dijeron que en cinco días iban a producir la información que se les requirió. No estamos pidiendo nada que sea del otro mundo, es un informe económico, el desglose de las partidas de los ahorros que va a hacer el gobierno de Puerto Rico y de igual forma, que nos detallen el impacto que recibiría el pueblo en el caso de la eliminación de la exención del pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en el renglón de las placas solares y los autos híbridos”, dijo el presidente de la Comisión.
A la vez, el legislador Charbonier Chinea, circuló entre los representantes miembros de la comisión y los medios de comunicación, los documentos recibidos ayer en la noche, por parte del DH y la OGP en la que solicitan una prórroga para entregar la información, así como la comunicación de parte de la comisión en la que se concede diez días calendario.
Le recordó a los funcionarios del Ejecutivo que “a mayor tiempo tarden en brindar la información, mayor tiempo toma la Cámara y el Senado en tomar su decisión, aquí nadie va a renunciar a su responsabilidad constitucional, que estén claros y aquí nadie está en contra de nadie, pero no creo que es una movida diplomática enviar a la senadora Nitza Morán, que no conoce sobre el tema y que no va a las vistas públicas de su propia comisión o el portavoz de asuntos públicos a realizar expresiones contra este representante”.
“Se exhorta a ambas agencias a cumplir con este nuevo término, en atención a la importancia de la información requerida para la evaluación responsable y diligente de la medida legislativa en consideración”, se indica en el documento.
Luego de estas expresiones, depuso la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez Báez, quien favoreció la medida como un primer paso para lograr un sistema contributivo más ágil que favorezca el ahorro entre los contribuyentes.
“El sistema contributivo de Puerto Rico necesita una evaluación exhaustiva que vaya desde la tributación sobre los ingresos de individuos y de las corporaciones para hacer un balance con los impuestos al consumo. Como parte de este ejercicio, es también importante considerar las contribuciones municipales que forman parte de dicho sistema contributivo”, dijo Ramírez Báez.
Añadió, que aparte de reducir las tasas estatutarias sobre los ingresos, debe examinarse la tasa efectiva de todos los componentes del sistema tributario incluyendo los individuos y negocios, lo que requeriría en examen minucioso del gasto tributario.
“Esta evaluación no solo proveería información valiosa para equilibrar el costo del sistema para todos los contribuyentes, sino que potencialmente podría identificar partidas que, en efecto ayuden a mitigar el costo fiscal de reducciones de impuestos”, manifestó la líder comercial.
De otra parte, el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Lcdo. Manuel Reyes Alfonso, apoyó mediante memorial escrito la iniciativa que busca reducir la carga contributiva de los individuos en Puerto Rico.
Reyes Alfonso indicó que “el reconocimiento de la necesidad de reducir la carga contributiva en nuestra jurisdicción, tanto a individuos como a corporaciones, es un paso importante en la dirección correcta”.
El deponente favoreció la reducción de la responsabilidad contributiva que beneficiará a una buena parte de los contribuyentes trabajadores mediante la expansión de los topes contributivos, así como el aumento en la deducción por dependientes de $2,500 a $5,000.
Calificó como “novedades” dentro de esta pieza, el ajuste por inflación para las tasas contributivas, las exenciones de ingresos brutos y las exenciones personales atándolas a las determinaciones del Servicio de Rentas Internas Federal.
El líder del sector de alimentos se unió a la opinión general de que los equipos solares deben mantener su exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
“La exención del IVU al equipo solar se aprobó para atender objetivos específicos de política pública que no se han resuelto, y que, en el caso de la energía eléctrica, afecta gravemente la vida de los ciudadanos y las operaciones comerciales. Eximir a los equipos solares pretende compensar al ciudadano por el enorme fracaso del gobierno en proveer un servicio eléctrico confiable a un costo razonable”, dijo el vicepresidente de MIDA.
“En el caso de la industria que representamos debemos recordar que la energía se trata de un asunto de seguridad alimentaria, porque buena parte de los alimentos se pierden sin refrigeración. Es por ello que apenas unas semanas se firmó la Ley 176 de 2025 que establece la cadena de abastos de alimentos como infraestructura crítica en casos de emergencias”, explicó el deponente.
Por lo que el portavoz de MIDA afirmó que “debe haber coherencia en la política pública energética, por lo que si no fuera posible mantener esta exención según existe actualmente, al menos los componentes de la cadena de infraestructura crítica mantengan la posibilidad de adquirir estos equipos sin penalidad”.
Recomendó además “que se atienda con premura la necesidad de una reducción general de las tasas a individuos y corporaciones”, así como acompañar este ejercicio legislativo a un plan de desarrollo económico abarcador.
El próximo jueves 29 de enero comparecerá el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Comercios al Detal y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico.
