El Centro Unido de Detallistas (CUD), organización empresarial con más de 130 años de trayectoria en defensa del comercio local, presentó ayer su posición oficial ante la Comisión de Relaciones Federales del Senado en torno al Proyecto del Senado 675, medida que busca prohibir el cobro de tarifas adicionales (“swipe fees”) por el uso de tarjetas de crédito y débito en determinadas transacciones comerciales.
La postura del CUD, contenida en un memorial explicativo entregado a la Comisión, valida las preocupaciones sobre los altos costos de procesamiento impuestos por instituciones bancarias y compañías de tarjetas, los cuales afectan desproporcionadamente a las pequeñas y medianas empresas.
“Puerto Rico es una jurisdicción donde la carga del Estado para recoger impuestos en la cadena de abastecimiento se le impone directamente al comerciante. Esta situación se agrava ante los elevados costos de hacer negocios en la Isla. En este contexto, imponer además tarifas por procesamiento electrónico sobre el IVU, propinas y donaciones no solo es injusto, es insostenible”, expresó el Dr. Ramón C. Barquín III, presidente del Centro Unido de Detallistas.
“El pequeño comerciante no puede seguir cargando con el peso de un sistema que favorece a los grandes volúmenes. Hoy, el costo por aceptar una tarjeta puede reducir entre un 2.5% a un 4% del margen de ganancia de un negocio local y, aunque reconocemos que este es el sistema con el que operan las instituciones financieras, no podemos ignorar que quienes más lo sufren son aquellos que tienen menor poder de negociación. Agradecemos que el Senado y el Gobierno de Puerto Rico atiendan con seriedad esta situación y mantengan apertura al diálogo, reconociendo que es necesaria la intervención legislativa para proteger a los comerciantes que hoy se encuentran en clara desventaja.”
Una realidad que urge atención
El CUD resaltó que los pequeños negocios no tienen la capacidad de negociar tarifas preferenciales como lo hacen las grandes cadenas, y que actualmente se ven obligados a absorber costos que incluso incluyen el porcentaje del IVU –un ingreso que ni siquiera pertenece al comerciante. Asimismo, destacó que, en Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones de Estados Unidos, no se permite el “surcharging” al consumidor como alternativa de mitigación.
“Nos preocupa que se legisle constantemente para imponer obligaciones al comerciante sin ofrecer salvaguardas reales frente al poder de negociación desmedido que tienen las redes de procesamiento. La libertad de comercio se protege no solo eliminando obstáculos, sino también asegurando condiciones justas para competir”, añadió Barquín.
Sugerencias puntuales del CUD al PS 675
En su memorial, el CUD hizo las siguientes recomendaciones al proyecto:
· Reconocer ATH Móvil como método válido de pago electrónico, dado su menor costo para el comercio.
· Aumentar el umbral de exención del requisito de métodos múltiples de pago de $50,000 a $150,000 en volumen de ventas anual, para proteger a las microempresas y artesanos.
· Exceptuar a los comercios que actúan como recaudadores del Estado, como centros de inspección y gestorías, alineándose con el Reglamento 8851 del DACO.
Una voz firme a favor del desarrollo económico
El CUD reiteró su compromiso con el consumidor y con la modernización de las prácticas comerciales, pero sin perder de vista el impacto que ciertas medidas pueden tener sobre los sectores más vulnerables del ecosistema empresarial.
“El motor de la economía en Puerto Rico es la empresa privada. Nuestro rol como organización es alzar la voz cuando las políticas públicas, aunque bien intencionadas, pueden causar un efecto adverso sobre quienes día a día generan empleos, pagan contribuciones y sostienen comunidades enteras”, indicó el presidente del CUD.
“Somos aliados del desarrollo económico, pero este desarrollo tiene que darse sobre la base de la equidad, la inclusión y la sostenibilidad. Legislaciones como el PS 675 buscan precisamente corregir distorsiones que por años han operado en detrimento de las PYMES, y por eso respaldamos firmemente este esfuerzo legislativo”, puntualizó Barquín.
El Centro Unido de Detallistas continuará dando seguimiento activo a esta medida y trabajando junto a la Asamblea Legislativa para asegurar que la política pública promueva condiciones equitativas, sostenibles y que impulsen el verdadero desarrollo económico del país.
Sobre el Centro Unido de Detallistas (CUD)
Fundado en 1891, el Centro Unido de Detallistas es la Cámara de Comercio más antigua de Puerto Rico. Representa a más de 6,000 socios activos –micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de todos los sectores– y actúa como la voz legítima del empresariado local ante los poderes gubernamentales, el sector privado y la ciudadanía. El CUD promueve legislación favorable, provee servicios especializados y crea espacios de desarrollo que fortalecen la viabilidad y competitividad del comercio puertorriqueño.
