El presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, David Rodríguez Ortiz, apoyó con reservas el Proyecto de la Cámara 1014, que enmienda el Código de Rentas Internas del 2011, para reducir la carga contributiva de los individuos, simplificar el sistema contributivo y ajustar exenciones por inflación.
En vista pública de la Comisión de Hacienda, presidida por el representante Eddie Charbonier Chinea, el deponente señaló que “el Colegio de CPA, en esencia está de acuerdo con los aspectos generales de este proyecto y las enmiendas que presenta, siempre que se consideren los comentarios que aquí esbozaremos y entendemos que resulta un primer paso en el camino hacia una reforma contributiva integrada”.
Rodríguez Ortiz planteó, que “la aprobación de estas medidas no debe marcar el final del análisis, sino reforzar la necesidad de continuar los esfuerzos de evaluación desde una perspectiva holística del sistema contributivo y fiscal puertorriqueño”.
El presidente del Colegio apuntó, que la propuesta debe “implementar cambios estructurales que permitan una redistribución más equitativa de la carga contributiva, sin desalentar la inversión, la creación de empleo, ni el desarrollo económico. Un sistema contributivo justo no solo recauda, sino que orienta conductas y envía señales claras sobre las prioridades del país”.
Aunque el deponente destacó la importancia de reducir la responsabilidad contributiva de los contribuyentes y estuvo de acuerdo con el hecho de que los ciudadanos cuenten con una mayor liquidez que propenda la actividad económica y el ahorro, enfatizó que el proyecto “puede poner a Puerto Rico en desventaja competitiva al compararlo con otras jurisdicciones, ya que la misma tiene el efecto de incrementar la tasa efectiva marginal”.
Trajo a la atención que, en la actualidad, los contribuyentes que generan ingresos de $100 mil o menos tienen derecho a descontar un ocho por ciento de su responsabilidad contributiva, tributando un 92 por ciento de esta y en el caso de los individuos que devengan en exceso de $100 mil pueden descontar el cinco por ciento.
Con el proyecto en discusión, la tasa marginal máxima aumentaría de 31.5 por ciento a 33 por ciento, lo que tiene el efecto desde el punto de vista económico de “ponernos en desventaja, si los inversionistas eligen invertir en jurisdicciones con una tasa máxima marginal menor”.
“Por ello, el Colegio de CPA entiende que este aspecto debe ponderarse cuidadosamente dentro del análisis integral de la reforma. La redistribución de la carga contributiva debe balancearse con la necesidad de fomentar el desarrollo económico sostenible. Si bien aliviar la clase trabajadora y a la clase media es una meta legítima y necesaria, ese alivio no debe lograrse a expensas de erosionar la base de contribuyentes de altos ingresos que además de aportar una porción significativa del recaudo, suelen ser motores de inversión, creación de empleo y actividad empresarial”, dijo el líder de los contadores.
A renglón seguido, recomendó que se amplíe el alcance de la reforma, para aplique a corporaciones y entidades afines de modo que “no se generen nuevas inequidades o distorsiones en el sistema”.
Por su parte, la Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, presidenta y principal oficial ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, coincidió con los principios en la medida ya que “se dirigen a simplificar el sistema contributivo, reducir la carga del sistema sobre la clase media, establecer ajustes por inflación y fomentan la inversión y el desarrollo de capital”.
No obstante, recomendó que se difiera el vencimiento de los documentos informativos relacionados a los cambios que traerá la reforma en un periodo de 45 a 60 días, de manera que “los agentes pagadores puedan programar y efectivamente realizar dichas informativas a tono con dichos cambios”.
Ante esta postura, el representante Charbonier Chinea informó, que se apresta a enmendar la pieza para que aplique al ciclo contributivo que comienza en febrero, mediante un cambio de fecha límite para la radicación de planillas de contribución sobre ingresos, el cual podría ser dos semanas luego del 15 de abril.
“Tenemos que ponerle fecha, no lo puedo dejar abierto que llegue el 10 de junio como la fecha límite, pero eso lo vamos a estar evaluando; lo importante es que una vez que culminemos el proceso legislativo a fin de este mes, ya el 1 de febrero estamos fuera”, sostuvo el presidente de la Comisión.
Para poder completar el análisis, Charbonier Chinea enfatizó la importancia que tanto el secretario del Departamento de Hacienda (DH), Ángel Pantojas Rodríguez y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, entreguen la información que se le solicitó al inicio de las vistas públicas y la cual aún no ha llegado a pesar de que la fecha límite expiró el pasado jueves.
El legislador anunció durante los trabajos, que no de recibirse los documentos al mediodía de este martes 27 de enero, procederá a invocar el Código Político, para solicitar la información mediante una moción ante el Tribunal de Primera Instancia.
Además, indicó que una vez sean recibidos los documentos, se citará a Pantojas Rodríguez, para aclarar dudas en torno los datos ofrecidos por el Ejecutivo.
Otra recomendación por parte de los deponentes fue a los efectos que se radique una resolución conjunta para aprobar un incentivo reintegrable, en el que los contribuyentes una vez sea aprobada la reforma, reciban el remanente del alivio contributivo que les corresponda.
Mientras, que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, enfatizó que a pesar de que se busca aprobar la reforma contributiva para que aplique en el próximo ciclo contributivo, esta será estudiada a fondo, pero para ello necesitan los datos de parte del Poder Ejecutivo.
Especificó que, para cumplir con la fecha del 15 de abril, la medida tendría que ser aprobada para mediados del mes de febrero, pero si la fecha de aprobación se extiende, “será necesario extender 15 días adicionales para ese cumplimiento”.
El líder cameral, aseguró que “el presidente del Senado y yo hemos mantenido comunicación constante sobre lo que estamos haciendo con este proyecto. Yo no creo que sea necesario un comité de conferencia, yo creo que lo que apruebe finalmente la Cámara, es lo que va a aprobar el Senado”.
También depuso, el contactor público autorizado y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, quien favoreció el principio de equidad que rige el proyecto, pero puntualizó en la necesidad que se atienda las bases de simplicidad y neutralidad económica, lque lograran “brindar un alivio inmediato a sectores específicos”.
De igual forma, recomendó que se aclare en la medida si el crédito de ocho por ciento, en el caso de personas con ingresos de menos de $100 mil, sería eliminado, a la vez que se incluya el ajuste de inflación en todas las deducciones, tasas especiales y créditos para que los individuos se vean beneficiados.
Otro detalle importante que enfatizó Rivera Robles fue en la necesidad de que el texto de ley sea transparente en cuanto al cumplimiento con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal de modo que no se afecte la neutralidad fiscal requerida por este ente federal.
La Comisión de Hacienda continuará el proceso de vistas públicas con la participación de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
Durante esta audiencia pública participaron los representantes José Aponte Hernández, Víctor Parés Otero, Ángel Morey Noble, Denis Márquez Lebrón, Gretchen Hau Irizarry, Nelie Lebrón Robles, Lisie Burgos Muñiz y Héctor Ferrer Santiago.
