La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano que preside el senador Gregorio Matías Rosario, llevó a cabo una segunda vista pública sobre la Resolución del Senado 1, que investiga la implementación de la “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía” y la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”, para conocer el retraso en su implementación y por qué los policías retirados aún no han recibido una compensación justa para su retiro.
“Esta vista es en continuidad para conocer qué esta pasando con el dinero que se supone que la Ley 40 captara sobre las tragamonedas. En esta vista, yo no quiero levantarme de aquí sin que Retiro me pueda establecer cómo es que se va a distribuir ese dinero. Los policías no saben, hay una mala información. En esta vista yo quiero que el director de la Comisión de Juegos me deje claro qué está pasando, por qué no se han implementado, por qué no están las incautaciones, qué es lo que falta, qué está haciendo la policía, cuál es el personal”, sostuvo Matías al inicio de la audiencia.
Compareció a la audiencia Juan Carlos Santaella, director ejecutivo de la Comisión de Juegos. “Como resultado de las labores de fiscalización, ya se han impuesto multas que sobrepasan el millón de dólares a negocios que operaban con máquinas no autorizadas. Además, como parte del esfuerzo de orientación, se ha iniciado un ciclo de charlas dirigidas a los diferentes gremios de la Policía, con el objetivo de mantenerlos informados sobre los avances de la Comisión en beneficio de su retiro”.
Santaella añadió que concluido el periodo de radicación, la Comisión había recibido un total de 110 solicitudes de licencias de operador, de las cuales todas fueron aprobadas, lo que representa un universo de aproximadamente 18,456 máquinas autorizadas en todo Puerto Rico. “El proceso de licenciamiento ha resultado en un impacto fiscal positivo significativo. Hasta el 26 de agosto de 2025, se habían recaudado $7,382,231.28, de los cuales $922,778.91 han sido destinados directamente al Fideicomiso para el Retiro de la Policía… Asimismo, la Comisión ha atendido de manera diligente la situación de los operadores con deudas activas relacionadas con licencias otorgadas en el año 2021. A estos fines, se establecieron planes de pago y de los cuales se ha recaudado la cantidad de $1,013,774.16”.
En un turno, la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, preguntó cuál es la proyección de recaudos anual. Santaella respondió que “La proyección sería de $40 millones disponible para la Policía y $35 millones para los municipios. Es importante establecer que este análisis se hizo a base de un ingreso de $30 dólares average por día por máquina, pero fue el número que se acordó con los operadores, que es un número razonable y hay mucha gente que puede decir que las máquinas generan más dinero o cobran menos”. En la misma línea, el deponente dijo que la ley permite añadir 10 mil máquinas al tercer año y 10 mil al cuarto año por lo que aumentaría la proyección.
Además, participó como deponente José Vázquez en representación de la Policía y el Departamento de Seguridad Pública (DSP). Vázquez sostuvo que como parte del proceso de la Policía, están trabajando en el ofrecimiento de los adiestramientos. “La policía desarrolló su adiestramiento para agentes del orden público, que son los adiestramientos que se le van a ofrecer a los agentes de juego y a los empleados de la Comisión de Juego. Estamos esperando simplemente la coordinación para que la Comisión de Juego nos diga quiénes son los empleados. Ellos tienen unos retos en cuanto al reclutamiento de empleados. Nosotros queremos ofrecer ese adiestramiento a la mayor cantidad de empleados posible”.
A su vez, el deponente indicó que el adiestramiento lo va a ofrecer la misma academia y al currículo que ha desarrollado. “En cuanto al adiestramiento que va a recibir la Policía, se identificaron 358 policías que corresponden al Negociado de Drogas. Esos son los policías designados para trabajar en conjunto con la Comisión de Juego, para que ellos reciban el adiestramiento que va a ofrecer la Comisión”.
En esos términos, Matías dijo que “quiero dejar claro aquí que la intención legislativa, aunque se adiestre un grupo, es que todos los policías podrán intervenir donde hay máquinas ilegales y yo estoy seguro que después que todo esto comience en vigor, se promulgará para que el policía, los que adiestran, sepan qué es lo que tienen que ver en las máquinas para saber que son ilegales”.
También, participó de la audiencia el licenciado Arnaldo Ortiz Miranda, director ejecutivo de la Junta de Retiro. El deponente sostuvo que han ejecutado con diligencia las acciones necesarias para poner en marcha el Fideicomiso. “Desde la formalización del instrumento constitutivo hasta la estructuración de los acuerdos operacionales y el desarrollo del reglamento correspondiente, se ha establecido un marco legal y administrativo robusto que permitirá la gestión eficiente y transparente de los fondos destinados a garantizar el bienestar de los miembros elegibles, tan pronto sean transferidos los fondos por el Departamento de Hacienda”, abundó Ortiz.
Matías preguntó cómo ese dinero llegará a los policías. “El corte es al 30 de abril de todos los años…el ingreso generado por las pensiones de los que se van a beneficiar en la Ley 1 y de la 447, se le va a imputar a los que generan ingresos del seguro social a nivel de recaudo, una vez los primeros $7 millones que la Comisión de Juegos recaude, el exceso de esos primeros $12 millones son los que su 55 por ciento va destinado a la Policía; y del 40 por ciento a los municipios”.
Igualmente, Ortiz indicó que no es por responsabilidad del gobierno, sino que, como ha expresado antes, es uno de los requisitos que ha impuesto la Junta de Supervisión Fiscal en este intercambio de información. “Que nos han expresado en más de una ocasión, que nos impide publiquemos el borrador y el reglamento. Yo reconozco que son documentos públicos, pero obviamente para evitar confrontaciones o luchas de poderes en un sistema como el que estamos, he sido deferente a esa instrucción”.
Ante estas expresiones, Matías solicitó que “cada situación que ustedes estén negociando con la Junta, se lo informen a esta comisión. Se lo informa a la comisión para nosotros tener una noción de lo que está pasando, porque cuando esto ocurre los policías no le echan la culpa a la Junta, se la echan al gobierno”.
Por su parte, Rodríguez Veve preguntó sobre la constitución de los miembros de la junta del Fideicomiso. El licenciado Luis Roberto Rivera de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), respondió que “prácticamente tenemos los miembros. La Ley establece que tienen que tomarse el juramento. En la fase que estábamos coordinando para que fuera esta semana, pero va a ser la que viene. La semana que viene también se va a tener una reunión inicial para establecer la agenda de trabajo”, sostuvo Rivera.
También, asistió Rolando Meléndez Aponte en representación de la Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN). “Relacionado a dicho marco, tenemos 52 reclamaciones activas de oficiales con deudas de retiro como lo son; liquidación, horas extras y tiempo compensatorio. En adición, al día de hoy, tenemos 18 reclamaciones de otros policías activos que le adeudan por lo mismo, pero por motivo de renuncia o cesantía”.
La senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad, preguntó al deponente cómo vislumbra poder atender desde su oficina las 52 reclamaciones. “Creo que la legislación que se ha promulgado y que se hace referencia en esta resolución es el paso correcto, se están abriendo fondos para poder atender esas situaciones. El problema como tal es eso mismo, el presupuestar para los pagos, como usted bien menciona, para estas reclamaciones específicas. Tiene siempre pendiente de que esto es un gasto que va a hacer todos los años y solicitarlo a tiempo”, respondió Meléndez.
En términos de la injerencia del OMBUDSMAN en este proceso, el deponente mencionó que “a través de la Procuraduría de Pequeños Negocios que está adscrita a nuestra oficina. Nosotros recibimos, en diciembre del 2024, el reglamento correspondiente y el mismo ya en enero del 2008 estaba ya avalado por nuestra oficina y con ese trámite ya realizado”.
