“Pobre” y “deficiente”. Así el componente energético del gobierno catalogó la ejecución de LUMA Energy en la reconstrucción de la red eléctrica durante una vista pública en la Cámara de Representantes donde trascendió que el operador privado solo ha utilizado 14 % de los $2,400 millones obligados, actualmente, por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su siglas en inglés).
Este porcentaje representa $343 millones en subvenciones reembolsadas a LUMA Energy para la recuperación del sistema de transmisión y distribución, informó ante la Comisión de Gobierno el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Eduardo Soria.
“Eso es pobre”, afirmó Soria. “En términos de la documentación que ellos le someten a COR3 para el reembolso, ha sido deficiente. Nosotros dedicamos mucho tiempo a que ellos entendieran qué documentos nos tienen que enviar, qué documentos son los válidos”, manifestó.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, citó ayer, lunes, a la jerarquía de la operación eléctrica para investigar el estado de los proyectos obligados y los retrasos en la modernización del sistema, un panorama que los deponentes aseguraron es resultado de la administración del operador privado.
Desconocimiento de los trámites requeridos por FEMA y alegaciones de LUMA sobre insuficiencia de presupuesto son algunas de las situaciones que señaló el panel integrado, además, por el zar de Energía, Josué Colón, y la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Zapata.
“Si eso es cierto, que no hay el dinero completo, eso es resultado de una ineficiencia de ellos como operadores”, arremetió Colón, también director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP). “Todo lo que ocurre en el sistema de transmisión y distribución es total responsabilidad del operador privado”.
El zar explicó que el consorcio energético ha justificado su incapacidad para iniciar algunas obras en una supuesta necesidad de recibir cuatro meses de desembolsos adelantados – un arreglo que permite el contrato –, pero advirtió que el consorcio está obligado a operar conforme al presupuesto establecido en el Plan Fiscal certificado.
Según el ingeniero, el consorcio tiene un presupuesto consolidado para el año fiscal en curso de $795 millones, aunque solicitó $1,916 millones como una cantidad “óptima”. Esta petición, dijo Colón, afectaría “de manera adversa” la reestructuración de la deuda de la AEE, que luego tendrá que ser compensada a través de la factura eléctrica.
De igual forma, detalló que el operador solo ha reconciliado $325.5 millones de una partida de $1,105 millones en fondos federales que ya están disponibles en sus arcas como adelantos del programa Working Capital Advance, administrado por COR3. El dinero pendiente corre el riesgo de ser devuelto a COR3 si no es utilizado en un período de 180 días, explicó Colón.
El director ejecutivo de COR3, mientras tanto, peticionó a la Cámara la creación de legislación para penalizar a LUMA Energy y que “de su propio dinero pague por todo aquello que haga mal”.
“Mi petición es que, de alguna manera, se le obligue a esta compañía a capitalizar a LUMA. Una APP (alianza público-privada) aquí no puede venir con cero dinero y pretender trabajar con el dinero del gobierno. Ningún negocio funciona así”, argumentó Soria.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Gobierno destacó que la respuesta del cuerpo legislativo se enfocará en la cancelación del contrato, proceso que el zar de Energía afirmó en la vista pública que el gobierno sigue llevando adelante.
“Más que legislar, es cancelar. Yo creo que ya es hora de que el pueblo de Puerto Rico reciba la gran noticia de que a LUMA se le va a cancelar su contrato. No hay manera de que usted pueda cambiar un contrato que está mal hecho, que se trabajó deficientemente”, expresó el representante Parés Otero.
LUMA defiende su gestión
Michael Juarbe, vicepresidente de Asuntos de Gobierno de LUMA, rechazó los señalamientos del componente energético tras sostener que el consorcio está priorizando la utilización de subvenciones federales en el marco del programa Estrategia de Adjudicación Acelerada de FEMA (FAASt, por sus siglas en inglés).
El deponente defendió que, a la fecha, el consorcio ha obligado 209 proyectos para reforzar la infraestructura crítica por un total que, según los números del consorcio, supera los $2,400 millones. De esta cantidad, Juarbe indicó que nueve han sido completados y unos 178 de ellos están en ejecución.
Aseguró que solo 22 proyectos permanecen en fase inicial, lo que, a su juicio, representa “una proporción mínima en comparación con el universo de obras en desarrollo”. “Los fondos federales no todos son de tan fácil acceso. Las reconciliaciones entre LUMA y COR3 se tardan”, insistió Juarbe.
El portavoz de LUMA también responsabilizó a la AEE de alterar el proceso establecido para actualizar las obras propuestas dentro del programa FAASt, luego de que la corporación pública fue designada nuevamente como la entidad encargada de aprobar los proyectos antes de ser enviados a COR3 y FEMA.
De acuerdo con Juarbe, la AEE implementó un nuevo sistema de proyectos prioritarios en los que se segmentan las obras de nivel 1, que permanecerán activas en el portal de subvenciones de FEMA, mientras que las de nivel 2 se clasifican como “proceso suspendido” o inactivas. A medida que los proyectos de nivel 1 avancen, los de nivel 2 podrán incorporarse al sistema de forma secuencial.
Sin embargo, aseveró que este programa ha provocado que FEMA retire de su revisión 224 proyectos de LUMA que abarcan categorías críticas con un valor estimado de $6,600 millones. Entre ellos, reconstrucción de líneas de transmisión y distribución, reparación de postes, así como proyectos de subestaciones.
Por su parte, la directora ejecutiva de la AEE rebatió que LUMA cuenta con las partidas necesarias para los trabajos urgentes, al tiempo en que coincidió en que el operador privado tiene “un problema serio de administración”. La ingeniera Zapata subrayó durante la audiencia los problemas de comunicación que tiene con el operador privado ante la falta de contestación a los requerimientos de información realizados por la AEE.
Como sanción, la funcionaria adelantó que la AEE no aprobará más proyectos de vegetación hasta tanto LUMA Energy entregue los informes que han sido solicitados.
“LUMA tiene que rendir cuentas. LUMA tiene que ser transparente. Tienen que responder a nuestros requerimientos”, planteó Zapata.
De esta vista pública participaron los y las representantes Adriana Gutiérrez Colón, Ángel Fourquet Cordero, José Hernández Concepción, Lisie Burgos Muñiz, Denis Márquez Lebrón y José Aponte Hernández.
