El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), favoreció hoy el Proyecto de la Cámara 6, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, para restituir la facultad al DCR de expedir el Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar, y ofrece a las personas rehabilitadas una oportunidad de insertarse en el mundo laboral, específicamente en los municipios.
En vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales, que preside el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, el Licenciado Francisco Méndez, abogado principal dentro del DCR, presentó los comentarios de la agencia a favor de la medida, señalando que “es positivo que los municipios, como entes que en estos momentos enfrentan grandes retos, puedan tener una más amplia oportunidad de seleccionar trabajadores”.
El abogado añadió que esta herramienta permitirá a “la persona rehabilitada reinsertarse en la sociedad como un individuo productivo y aportar al desarrollo económico municipal”.
Méndez del DCR explicó que en la actualidad alrededor de cuatro municipios han podido tener la experiencia de primera mano mediante acuerdos con las Brigadas y Ornato de la agencia, “de observar las destrezas y el trabajo arduo de los miembros de la población correccional cuando se les brinda una oportunidad de ganarse una compensación económica mediante su labor”.
“Sin lugar a duda, esta propuesta legislativa es cónsona con la política pública del DCR y lo dispuesto en nuestro Plan de Reorganización, desde nuestro punto de vista como agencia encargada de ejecutar el mandato constitucional de la rehabilitación moral y social de los confinados, el P. de la C. 6 provee una herramienta adicional para ayudarlos en ese proceso de reincorporarse a la sociedad”, expresó el licenciado Méndez.
Mientras que la Licenciada Viviana Catalá Díaz, abogada senior de la división de legislación dentro de la Secretaría Auxiliar de Asesoramiento del Departamento de Justicia (DJ), señaló que el DJ entiende que “la presente medida se trata de un ejercicio válido y loable de la Asamblea Legislativa para aprobar legislación en bienestar de los ciudadanos enfocándose en la rehabilitación de los confinados y exconfinados”.
A renglón seguido, la licenciada Coralis Sosa Castellano, procuradora interina dentro del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), explicó que la instrumentalidad a la que representa interviene en el sector privado y corporaciones públicas que hacen negocios con entidades privadas, por lo que la Oficina de Administración y de Recursos Humanos (OATRH) posee “la mayor experiencia y conocimiento en la interpretación y aplicación del principio de mérito”, que es la base del Código Municipal bajo el cual se contrataría a las personas rehabilitadas.
“Respetuosamente sugerimos a esta distinguida Comisión que ausculte la opinión de dicha agencia en cuanto al propósito y alcance del Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar como mecanismo sustituto del proceso de habilitación para el servicio público en el ámbito municipal”, dijo Sosa Castellano.
