El área de pre-intervención y exámenes de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) determinó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) incumplió con las leyes y reglamentos de la agencia respecto a la disposición y manejo de neumáticos desechados.
Entre los hallazgos que fueron publicados en el informe de examen, se establecieron desviaciones e incumplimientos relacionados a la concesión de permisos, según requerido en los artículos 8 y 13 de la Ley 41-2009, según enmendada, conocida como la Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En la evaluación realizada a 14 permisos para operar una instalación de exportación de neumáticos desechados se reveló que, del 27 de marzo de 2018 al 24 de mayo de 2019, una compañía facturó y recibió pagos por 771,326.90 dólares, correspondientes a la exportación de neumáticos desechados, a pesar de tener el permiso vencido para este tipo de operación.
Además, a la fecha del examen, el DRNA no había emitido para la firma del secretario o su representante autorizado (bajo la delegación de autoridad), los permisos formales a vendedores o almacenadores de neumáticos desechados ni se dio seguimiento oportuno a la aprobación de los formularios que estos permisos conllevan.
Según informó la agencia, para otorgarles el permiso a los almacenadores de neumáticos desechados se les requiere obtener una fianza o seguro ambiental, y los almacenadores no pudieron cumplir con este requisito, por lo que se les otorgó un número de identificación temporero.
Aparte, el artículo 6 de Ley 416-2004, según enmendada, conocida como Ley sobre Política Pública Ambiental, dispone que el secretario del DRNA, “transmitirá anualmente a la asamblea legislativa y al gobernador un informe sobre la calidad del medioambiental”. El examen realizado reveló que el DRNA no rindió el requerido informe para el período evaluado en el año fiscal 2021.
La Ley 41-2009, según enmendada, establece que la política pública del gobierno de Puerto Rico está dirigida a reducir el volumen de los residuos sólidos ubicados en las instalaciones autorizadas para disposición de dichos desperdicios, así como en lugares no autorizados. Esto, con alternativas como el reciclaje y uso final como materia prima que contenga un valor económico en el mercado.
Como parte de esta política, se implementará un programa para controlar la disposición final de neumáticos en las instalaciones de disposición de residuos sólidos autorizadas y se promoverá el establecimiento de sistemas de recuperación, procesamiento y reciclaje de neumáticos, devolviendo su valor a la economía del gobierno de Puerto Rico con la manufactura de productos finales, su uso como agregado en proyectos u obras de construcción o la obtención de materia prima.
Un examen realizado sobre el cumplimiento ambiental de las instalaciones que manejan neumáticos desechados reveló que el DRNA no fiscalizó por 10 años estas instalaciones. No fue hasta mayo de 2021, luego de que se emitiera el Boletín Administrativo OE-2021-030 del 30 de abril de 2021, para decretar una emergencia ambiental por la acumulación desmedida de neumáticos, que se realizaron visitas con el propósito de proveer orientación (no inspecciones), a las instalaciones.
El DRNA establece un cargo por manejo de neumáticos desechados a base de peso, a toda la importación de neumáticos en Puerto Rico, sean nuevos, usados o manufacturados. Este cargo recaudado por el Departamento de Hacienda nutre el Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados.
Este fondo será distribuido en lo que se conoce como la Administración del Programa, compuesto por la Junta de Calidad Ambiental, la Administración de Desperdicios Sólidos y el Departamento de Hacienda.
El propósito de este fondo es, entre otras cosas, cubrir los servicios ofrecidos por las compañías exportadoras a nivel isla. Para el período evaluado se certificó que el fondo contaba con un balance aproximado de 16,192,344.00 dólares.
En el examen realizado a los desembolsos efectuados a través de este fondo se observó que, para el año fiscal 2019-2020, la división de finanzas del DRNA no realizó el desembolso correspondiente al programa, y en el año fiscal 2020-2021 no se realizó a la Junta de Calidad Ambiental.
Otros hallazgos, así como un comentario especial y requerimientos de cumplimiento al DRNA por parte de la OIG, fueron detallados en el informe de examen. Este se encuentra disponible a través de la página electrónica oficial www.oig.pr.gov .
