Las Comisiones de Desarrollo Económico y Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes iniciaron ayer, jueves, la evaluación de una medida que procura conceder más herramientas jurídicas a los perjudicados de competencia desleal en el mercado de Puerto Rico mediante la creación de una nueva ley que regule estos actos.
El Proyecto de la Cámara 664, de la autoría de la vicepresidenta del cuerpo legislativo, Yashira Lebrón Rodríguez, busca permitir que las personas agraviadas por estas prácticas ilegales presenten ante los tribunales peticiones de interdictos y acciones privadas para obtener el resarcimiento de los daños sufridos.
El Departamento de Justicia expresó en vista pública algunos reparos con esta medida que emula una ley española sobre la competencia desleal, dado a que el estado de derecho en Puerto Rico, en materia de monopolios, proviene de los Estados Unidos.
La subsecretaria de Justicia, Annette Esteves, advirtió en un memorial explicativo que ambas normativas procuran prohibir los actos ilegales en el mercado, pero lo hacen desde una “tradición jurídica distinta”, lo que podría representar retos en la implementación de la legislación propuesta.
“La medida es altamente beneficiosa porque fortalece la protección de los consumidores y promueve un mercado más justo y competitivo al reconocer un derecho de acción privada en donde se dota a los participantes del mercado de herramientas jurídicas efectivas para detener prácticas desleales y reclamar indemnización por los daños sufridos”, dijo Esteves.
Sin embargo, la licenciada opinó que no es necesaria la creación de una nueva ley, ya que la Ley Antimonopolística de Puerto Rico (Ley 77 de 1964), que prohíbe estas prácticas, es enmendable.
La autora de la medida enfatizó la necesidad de revisar el estatuto vigente o crear una nueva legislación tras señalar que en Puerto Rico solo se regula la competencia económica bajo un régimen jurídico-administrativo que, a su juicio, ha sido ineficaz.
“Estamos abiertos a poder tener el diálogo. Es tener la legislación que sea necesaria para atemperarla con la realidad actual”, indicó Lebrón Rodríguez. “Sabemos que podemos radicar un proyecto sólido y completo con la necesidad no solo de nosotros, sino de los comerciantes y ustedes como agencia”.
Un reclamo semejante fue compartido por el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín, quien detalló en su ponencia algunas de las deficiencias que considera existen en la Ley Antimonopolística. Entre ellas, mencionó el tiempo extenso que toma la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), adscrita al Departamento de Justicia, para evaluar las querellas.
Añadió que la ley es “prácticamente inoperante en la obtención de remedios de forma ágil” y que la OAM debe reforzarse con más personal capacitado en la materia. Conforme a la normativa de Puerto Rico, la OAM es el ente encargado de regular y representar al gobierno ante cualquier acción judicial relacionada al mantenimiento de la libre competencia.
La dependencia también tiene la facultad de tramitar querellas administrativas ante el DACO para prevenir y detener las violaciones a los actos de competencia desleal.
“A pesar de la amplia facultad contenida en la Ley 77, la misma no ha sido efectiva en la fiscalización y protección adecuada de prácticas que pudiesen conllevar actos de concentración de mercado”, pronunció Barquín.
Mientras tanto, portavoces de Justicia que participaron de la vista pública aseguraron que el Reglamento sobre Competencia Justa (Reglamento Núm. 2648) -del cual se rige la OAM- está bajo revisión y defendieron que la Ley Antimonopolística ha sido una herramienta útil para el mercado a pesar de los “escollos presupuestarios”.
La licenciada Tania Fernández Medero, secretaria auxiliar de la OAM, afirmó que los casos que llegan a la dependencia “se resuelven con bastante celeridad”. “No es que la persona está esperando tres años una investigación”, indicó.
En el 2024, la OAM atendió 38 casos relacionados con competencia desleal, mientras que este año existen cinco querellas de comerciantes que están activas.
Por su parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) apoyó la medida como un “instrumento para robustecer la protección al consumidor y fomentar un mercado justo”. Entre sus recomendaciones, la agencia solicitó incorporar al proyecto un lenguaje claro sobre el rol que asumirá en la investigación de casos y la obligación de desarrollar campañas educativas dirigidas tanto al sector comercial, como al consumidor.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) también compareció a la audiencia pública, pero esta agencia otorgó deferencia a las recomendaciones de Justicia. Su única intervención con la Ley 77, explicó, es a través del Programa de Comercio y Exportación (PCE) en asuntos relacionados a las cadenas voluntarias.
La vista pública fue dirigida por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Joel Franqui Atiles. También participaron los representantes José Varela Fernández, Sergio Estévez Vélez, Víctor Parés Otero, Lisie Burgos Muñiz, Ángel Morey Noble y Wilson Román López.
