La Federación de Alcaldes celebró hoy una orientación dirigida a sus miembros, funcionarios municipales, asesores legales y planificadores, entre otro personal técnico, para atender uno de los mayores retos que enfrentan los gobiernos municipales, la identificación y gestión de estorbos públicos.
“Este adiestramiento busca que los alcaldes tengan herramientas para atender un problema que hoy es una prioridad para los municipios y para nuestras comunidades. Los estorbos públicos son estructuras abandonadas que afectan la imagen de los pueblos, reflejan desatención y generan inseguridad. Atenderlos de forma correcta nos permite recuperar espacios, mejorar la calidad de vida de la gente y devolverle uso productivo a propiedades que hoy representan un riesgo y una carga para los municipios”, explicó el presidente del organismo que reúne a los alcaldes novoprogresistas, el alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez.
La alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto Villanueva, presentó la experiencia de su administración en el manejo de estas estructuras mediante un reglamento municipal que establece un proceso claro y ejecutable, desde la evaluación inicial hasta la disposición final de las propiedades declaradas como estorbos públicos. Explicó que el municipio optó por un modelo ágil y funcional con la creación del Programa de Estorbos Públicos, adscrito a la Oficina de Planificación y Desarrollo, que actúa como el eje operativo del proceso, coordina las acciones, mantiene los expedientes y garantiza el cumplimiento del reglamento y de la política pública municipal.
“Un reglamento organiza el proceso, también protege al municipio, al ciudadano y fomenta la transparencia y la sana administración pública. Debe estar actualizado conforme a la legislación vigente, establecer de forma clara el procedimiento, definir la responsabilidad del comité evaluador y detallar cada etapa para garantizar los más altos estándares de transparencia”, sostuvo Soto Villanueva, quien agregó que el programa identifica la estructura, la maneja, la declara estorbo público y luego procede con la adquisición y disposición. Añadió que han identificado 249 estructuras en dos comunidades y que en el centro urbano se declararon 18 propiedades como estorbos públicos, de las cuales 10 ya fueron adquiridas; algunas se destinarán a proyectos de desarrollo económico y otras a iniciativas de vivienda asequible.
Por su parte, el alcalde de San Lorenzo, Jaime Alverio Ramos, compartió las estrategias y procesos que ha implementado su administración para erradicar estas estructuras. Explicó que el municipio ha logrado identificar más de 400 casas que se encuentran en distintas etapas del proceso, ya sea en evaluación, reparación o pendientes de adquisición. “El éxito está en tener procesos definidos y consistentes. Cuando el municipio documenta, notifica y actúa conforme a la ley, puede intervenir, corregir y recuperar espacios sin dilaciones innecesarias”, subrayó al destacar la importancia de la planificación y la coordinación interdepartamental.
El tercer conferenciante fue el asesor legal de la Federación de Alcaldes, el licenciado Hans Mercado González, quien presentó el marco legal que rige el manejo de estorbos públicos y las facultades municipales vigentes. Detalló en su presentación las disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico, la Ley 107-2020, que autoriza a los municipios a identificar, declarar y manejar estas propiedades, así como leyes complementarias relacionadas con expropiación, salud pública, seguridad, propiedad y recuperación de gastos. También discutió proyectos legislativos pendientes que podrían impactar estos procesos, entre ellos el Proyecto del Senado 77, una medida radicada por el ente de ejecutivos municipales penepés que establece que una vez una propiedad se declare estorbo público, el municipio podrá adquirirla, aceptarla o expropiarla, además de embargar y ejecutar propiedades para el cobro de contribuciones, multas y otros gastos relacionados.
Durante la orientación se abordaron las etapas del proceso de manejo de estorbos públicos, desde la identificación, inspección y certificación de la estructura, la recopilación de evidencia y documentación, la notificación al propietario y los plazos procesales, hasta la declaración formal del estorbo público y la intervención municipal mediante limpieza, demolición, remoción o reparación. También se discutieron los mecanismos para la recuperación de costos, la facturación y el recobro, así como la importancia de contar con flujogramas claros que guíen la ejecución.
El taller, que se celebró en el Centro Multiusos de Canóvanas y en el que participaron sobre 100 personas, incluyó, además, un componente dirigido a fortalecer la capacidad administrativa y gerencial de los municipios, con énfasis en la creación y administración de programas municipales de estorbos públicos eficientes, la implementación de controles internos, la coordinación interagencial, el uso de métricas, sistemas de seguimiento, herramientas tecnológicas y procesos de digitalización para optimizar recursos.
