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Organización de energía renovable critican alianza del gobierno con Genera PR

La organización ambiental y comunitaria El Puente–Enlace Latino de Acción Climática denunció que la nueva alianza público privada del gobierno con Genera PR atará al país a combustibles fósiles por la próxima década.

 

El gobernador Pedro R. Pierluisi oficializó el miércoles la contratación con Genera PR –subsidiaria de New Fortress Energy–, para “la operación y mantenimiento y el eventual decomiso de la flota de generación” de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

 

Este acuerdo, no solo atenta contra los esfuerzos para descarbonizar la economía de Puerto Rico, sino que va en contra del Acuerdo de París, así como las leyes locales de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) y de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Ley 33-2019), que buscan avanzar la transformación de la generación de energía en Puerto Rico de una fósil a una renovable.

 

“Con este contrato el gobierno vuelve a salir en defensa de los mercaderes de combustibles, quienes son los culpables de que sigamos pagando las tarifas de luz más altas en todos los Estados Unidos. Y para colmo, lo hace con una empresa que ha violado las leyes federales y estatales”, expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente-ELAC.

 

El anuncio de esta “alianza” se hizo a solo dos días de la presentación de los hallazgos del estudio federal PR100, que ordenó al Gobierno a acelerar la transición energética a energía solar en techos con almacenamiento, ruta previamente planteada por las organizaciones que componen la propuesta Queremos Sol.

 

“Este contrato se da luego de un proceso de licitación de 24 meses catalogado como confidencial. Al igual que con LUMA, el gobierno usa este subterfugio para ocultar información al público y evitar que los más afectados por estas decisiones podamos expresarnos antes de ser condenados a más miseria”, dijo Violeta Múnera, coordinadora de campaña de El Puente.

 

“New Fortress Energy (NFE) es una compañía multinacional de gas metano (también conocido como gas natural licuado), que llegó a Puerto Rico luego del huracán María para aprovecharse de nuestra situación. En el 2019, comenzó sus operaciones en el muelle de San Juan sin consulta de ubicación, sin declaración de impacto ambiental y sin el permiso de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, siglas en inglés)”, agregó Gabriel Meléndez, abogado de la organización ambiental al destacar que al día de hoy todavía no ha conseguido esos permisos y al gobierno parece no importarle.

 

El Puente ELAC, junto a otras entidades ambientales y religiosas de las comunidades de Guaynabo, adyacentes a donde está New Fortress, han realizado múltiples esfuerzos para que New Fortress responda a estas denuncias.

 

Inclusive, en 2021, la R. de la C. 170 ordenó a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre todos los aspectos del proyecto de esta compañía, pero la Legislatura no ha presentado ningún informe al respecto.

 

“Tanto el Ejecutivo como la Legislatura son cómplices de que una empresa como esta continúe empobreciéndonos y contaminándonos con los negocios turbios que genera en Puerto Rico. Queda en manos de la gente denunciar y parar estos atropellos y dejar de elegir funcionarios que velen por su bienestar y no el del país”, acotó Cintrón Moscoso.

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