La Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas expresó “gran preocupación” por la propuesta contenida en el Proyecto del Senado 936, que les asigna a los municipios un 71 por ciento del impuesto de habitación colectado por los alojamientos independientes de renta a corto plazo (STR).
La medida fue presentada por la senadora Ada García Montes y varios alcaldes.
“Aunque diferimos con el PS-936 y creemos que necesita enmiendas medulares, le damos la bienvenida a todo proyecto de ley que motive la discusión objetiva y transparente sobre los STR, y estaremos participando en las vistas públicas con recomendaciones puntuales. El proyecto identifica algunos de los retos y oportunidades asociados a estos alojamientos, y los gastos incrementales que incurren los municipios debido a estos negocios sin registrar, pero falla en atender la raíz del problema”, opinó Xavier Ramírez, presidente de la Asociación.
Señala que la oportunidad real de allegar nuevos ingresos a los municipios está en aplicar equitativamente las leyes y ordenanzas municipales vigentes a estas empresas, ya que el Código Municipal los faculta para implantar medidas apropiadas para reglamentar a todos los negocios en su territorio, incluyendo a los STR, tal y como han hecho cientos de jurisdicciones en Estados Unidos.
Según Ramírez, estimados conservadores de varias fuentes independientes reflejan que en Puerto Rico hay sobre de 22 mil unidades de STR, mientras menos de cinco mil están legalmente registradas.
Durante los últimos tres años y medio, los ingresos por estadías en los STR sobrepasan los 1,300 millones, y la brecha en el pago reglamentario de impuestos de habitación, patentes, permisos, seguros, CRIM, y contribución sobre ingresos, y otros cargos aplicables, excede los 350 millones de dólares.
Por varios años, las principales organizaciones de hoteles y turismo han propuesto la asignación a los municipios de una porción del impuesto de habitación colectado por los STR, que, según ellos, podría llegar hasta 14 millones anuales, asumiendo que los municipios contribuyen en el registro, fiscalización y captación de impuestos, como lo hacen las principales ciudades del mundo.
“Aplaudimos que los alcaldes en municipios de alta actividad turística reconozcan que la gran mayoría de los operadores de estos STR son negocios, con decenas de unidades y ventas significativas; y deben contribuir equitativamente a mantener la infraestructura, y los servicios públicos que utilizan para operar sus negocios. Lo correcto es registrarlos, y aplicarles el marco legal y reglamentario vigente; y asegurar que pagan patente y cumplan con todos los requisitos y estándares mínimos de convivencia comunitaria”, argumentó Ramírez.
Afirmó que en la Asociación han estudiado el tema por los pasados 10 años “y reconocemos que este segmento se ha expandido descontroladamente; y sobre el 80% de estas habitaciones son negocios administrados por operadores comerciales, locales y extranjeros, convirtiéndose en hoteles ilegales con 20, 30, y hasta 200 habitaciones”.
“Reconocemos la necesidad que tienen los municipios de allegar nuevos fondos para mantener los servicios esenciales. Sin embargo, debemos ser cautelosos en cómo reinvertimos el impuesto de habitación que estamos produciendo. La prioridad en el uso de estos fondos, y que producirá el mayor retorno de inversión para Puerto Rico, está en implantar un Plan para el Manejo del Destino para mejorar nuestros atractivos turísticos; y aumentar los fondos asignados para el Mercadeo del Destino”, señaló el empresario.
Concluyó que “la combinación de ambos atraerá un número mayor de visitantes a los 78 municipios, creando más empleos y aumentando el recaudo del impuesto de habitación, y el impuesto de consumo (IVU) en miles de comercios”.
