La Oficina del Inspector General (OIG), reveló que la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD) incurrió nuevamente en irregularidades administrativas y legales en sus procesos de contratación, que resultaron en costos cuestionados ascendentes a $1,280,653.50. Estas deficiencias abarcan incumplimientos con normativas de contratación gubernamental, errores en la gestión de contratos de servicios tecnológicos y profesionales, y fallos en los controles internos sobre desembolsos.
Entre los hallazgos destacados en el informe de investigación, la OIG señaló que la EAPD formalizó contratos de servicios tecnológicos sin cumplir con las regulaciones establecidas por el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). La ausencia de aprobaciones y cláusulas requeridas resultó en costos cuestionados por $238,260.00, además de poner en riesgo la coordinación de la infraestructura tecnológica del Gobierno. Los contratos tecnológicos tampoco incluyeron disposiciones esenciales, como la transferencia de derechos de propiedad intelectual al Gobierno.
Asimismo, se determinó que la EAPD otorgó contratos de servicios profesionales a proveedores sin certificación vigente en el Registro Único de Proveedores (RUP), incumpliendo con la normativa de la Administración de Servicios Generales (ASG). Estas irregularidades generaron costos cuestionados por $352,756.05, lo que podría derivar en la nulidad de los contratos y requerir reembolsos por pagos indebidos.
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Otro hallazgo fue la autorización de contratos a empleados de la EAPD para realizar funciones similares a las de sus puestos regulares. Estas contrataciones violaron leyes y reglamentos que prohíben la doble compensación no autorizada y resultaron en costos cuestionados por $25,975.35. La investigación también destacó que los reglamentos internos de la entidad llevan décadas sin ser revisados, contribuyendo a la falta de controles adecuados.
La OIG identificó además que los contratos de servicios profesionales y consultivos formalizados por la EAPD carecían de cláusulas mandatorias que salvaguardan los intereses del Gobierno. Esta ausencia incrementa los riesgos legales para la institución y representa costos cuestionados por $663,662.10. Adicionalmente, se detectaron deficiencias en el control de la pre-intervención de desembolsos, incluyendo pagos procesados sin las certificaciones requeridas y errores en las retenciones de Hacienda.
Debido a que ya la OIG había identificado fallas en procesos de contratación en la EAPD, la OIG recomendó a la Junta de Directores de la EAPD evaluar el desempeño de la Rectora y establecer mecanismos de fiscalización más estrictos.
Entre las medidas sugeridas están el cumplimiento con las normativas de PRITS y ASG, la actualización de reglamentos internos, y la implementación de controles que garanticen la legalidad de los contratos. También se instó a la institución a recuperar pagos indebidos y reforzar la supervisión sobre los procesos de contratación y desembolsos.
La OIG dará a seguimiento a la implementación de las acciones correctivas, toda vez que si no se cumple con las mismas se podrá iniciar un proceso adjudicativo para la solicitud de sanciones y acciones correctivas y disciplinarias.
El informe completo está disponible en www.oig.pr.gov. Cualquier persona que conozca sobre actos que podrían poner en peligro el buen uso de fondos públicos o que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al (787) 679-7979, a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov
