El representante Edgar Robles Rivera, quien representa a los municipios de Arecibo y Hatillo y también preside la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara Baja, presentó el proyecto ‘Ley para Garantizar el Acceso y Trato Digno a Personas con Diversidad Funcional en Establecimientos Privados’, que busca reforzar las protecciones existentes y asegurar un trato digno a personas con condiciones físicas, sensoriales, mentales o del desarrollo, como el autismo.
“Los derechos de las personas con diversidad funcional no pueden quedarse en papel. Deben sentirse y respetarse en la vida diaria”, expresó Edgar Robles.
El proyecto de la Cámara de Representantes 840 contempla que los establecimientos que cumplan con los requisitos puedan obtener la certificación voluntaria de ‘Establecimiento Inclusivo’. Aquellos que incumplan enfrentarán multas de hasta $5,000, que serán destinadas a campañas educativas y al fortalecimiento de recursos.
La medida se presenta tras un lamentable incidente en un supermercado del Municipio de Ponce, donde un joven con autismo fue expulsado junto a su tía.
El caso provocó indignación pública y puso en evidencia la necesidad de reforzar la educación y supervisión del personal en los comercios para garantizar un trato inclusivo y respetuoso.
Entre las disposiciones se incluyen adiestramientos anuales obligatorios para todo el personal, incluyendo seguridad, con programas de capacitación validados por entidades especializadas, letreros visibles que reflejen el compromiso del negocio con la inclusión, la designación de un contacto interno para atender querellas por discrimen, mecanismos accesibles de quejas con respuesta en un máximo de 15 días laborables y auditorías o visitas aleatorias a cargo de la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos.
Robles ha mantenido un seguimiento constante a las personas con diversidad funcional en el distrito.
Recientemente, gestionó la instalación de aires acondicionados en la Escuela de Educación Especial Cotto Anexo, un centro que atiende a niños y jóvenes con discapacidades o dificultades de aprendizaje, garantizando un ambiente adaptado y digno que favorece su desarrollo educativo.
Según las estadísticas del Departamento de Educación (DE), para el año 2019-2020 había 6,600 menores de 21 años de edad registrados con autismo (736 entre los tres y cinco años de edad y 5,864 entre los seis y 21 años de edad).
Uno de cada 62 niños, nacidos en Puerto Rico, presenta autismo, estimándose que hay más de 15 mil niños con la condición.
“Queremos que cada familia tenga la tranquilidad de que, sin importar sus circunstancias, sus hijos e hijas recibirán un trato digno y respetuoso en cualquier lugar. Esta ley busca hacer justicia y dar un paso firme hacia una sociedad más inclusiva”, añadió Edgar Robles.
Además, el representante ha impulsado iniciativas históricas de inclusión.
Por primera vez en la historia de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, más de 60 niños, jóvenes y adultos con autismo ocuparon bancas de la Cámara durante una sesión especial en la que se reconocieron sus logros y aportaciones en la educación, el deporte, la cultura y el trabajo social.
