Con el propósito de garantizar justicia salarial, transparencia y rendición de cuentas, los representantes Domingo Torres García y Ángel Fourquet Cordero radicaron una resolución para ordenar a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación del Plan de Clasificación y Retribución del Gobierno de Puerto Rico, administrado por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH). La medida busca evaluar el estado actual del plan, sus efectos sobre los empleados públicos, la planificación de fases futuras, la disponibilidad de fondos para continuar los ajustes salariales y el desarrollo de las Guías de Administración Salarial del Gobierno.
La iniciativa legislativa surge tras el reclamo formal presentado por supervisores de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia, quienes denunciaron mediante comunicación oficial que la estructura salarial vigente no refleja la responsabilidad, carga laboral ni el impacto social de sus funciones, pese a tratarse de empleados que ofrecen servicios esenciales a las poblaciones más vulnerables del país. Ante esta situación, los legisladores emplazaron a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig a atender con urgencia y responsabilidad la situación salarial de estos empleados, señalando que hacer justicia a quienes atienden a las familias puertorriqueñas, protegen a nuestros niños y apoyan a nuestros adultos mayores es indispensable para poder responder adecuadamente a los retos sociales del país.
En su comunicación, los supervisores señalaron que la diferencia salarial con los empleados supervisados es mínima, que sus salarios se encuentran por debajo de puestos comparables en otras agencias y que la falta de ajustes adecuados ha provocado desmotivación, desgaste emocional y dificultad para retener personal. Asimismo, indicaron que han solicitado atención administrativa sin recibir respuestas concretas.
“Esta resolución busca que el país conozca la realidad de miles de empleados públicos que hoy reclaman justicia salarial. Estamos hablando de trabajadores esenciales que atienden a las familias puertorriqueñas, protegen a nuestros niños, apoyan a nuestros adultos mayores y sostienen servicios fundamentales para Puerto Rico. No se les ha hecho justicia, y esta Cámara tiene el deber de investigar y exigir acción”, expresó el representante Torres García.
Por su parte, el representante Fourquet Cordero destacó que la medida responde a un reclamo legítimo de los trabajadores. “El propósito de esta resolución es evaluar con seriedad el impacto real del Plan de Clasificación y Retribución, conocer el estado de las fases pendientes, identificar los fondos necesarios y asegurar que el Gobierno cumpla con su responsabilidad de garantizar equidad salarial. No puede haber reforma del servicio público sin justicia para sus empleados”, sostuvo.
Datos oficiales reflejan que, aunque aproximadamente 22,000 empleados de carrera fueron reclasificados bajo el Plan de Clasificación y Retribución, solo cerca de 12,000 recibieron algún impacto salarial, dejando a miles de servidores públicos sin ajustes. De un universo de cerca de 100,000 empleados de carrera, esto evidencia la necesidad de revisar el proceso y su implementación.
“Los empleados que sostienen los servicios sociales de Puerto Rico no pueden seguir esperando. Esta investigación es un paso firme para asegurar justicia salarial y responsabilidad gubernamental”, concluyó diciendo Torres García.
