La plataforma de alquiler vacacional Airbnb se expresó este viernes en contra del Proyecto de la Cámara 605, que busca prevenir ahogamientos de turistas en Puerto Rico al requerirle a los anfitriones de estas propiedades incluir un aviso de seguridad sobre las condiciones de peligrosidad en las playas cercanas.
Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas para el Caribe y Centroamérica de Airbnb, aseguró en una ponencia escrita que la medida, en su redacción actual, aplicaría “obligaciones desproporcionales” sobre las compañías que ofrecen estos servicios y los operadores de arrendamientos a corto plazo.
“Estos proveedores, en su mayoría pequeños propietarios con una o dos unidades, carecen de la pericia y la infraestructura operativa necesaria para fungir como reguladores de seguridad acuática. Trasladarles esta responsabilidad podría desalentar el turismo, reducir las oportunidades económicas de familias locales y crear un esquema de cumplimiento desigual”, señaló Muñoz en una vista pública de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes.
El proyecto exige, entre otras cosas, que cada anfitrión ofrezca una lista de playas en un radio de cinco millas, advertencias sobre condiciones marítimas, así como planes de desalojo con rutas y refugios. El operador de la propiedad estará encargado de recopilar, verificar y actualizar información tanto en español, como en inglés.
El portavoz indicó que la propuesta legislativa duplicaría esfuerzos y fragmentaría la responsabilidad pública, pues la evaluación de peligrosidad costera y la planificación de desalojo son funciones correspondientes a las agencias especializadas en manejo de emergencias. También alertó sobre el riesgo de proporcionar a turistas información desactualizada, inexacta o con múltiples versiones provenientes de miles de operadores privados.
Aunque reconoció la importancia de proteger las vidas de los visitantes, Muñoz recomendó que los esfuerzos del gobierno se centren en ofrecer programas robustos de salvavidas y realizar campañas de educación sobre la seguridad acuática en los aeropuertos, puertos y centros de información.
Además, propuso el desarrollo de un portal bilingüe con el estado actualizado de las playas, incluyendo teléfonos de emergencia, mapas de desalojo, boletines de eventos atmosféricos y guías de preparación. El portal, según Muñoz, debe generar un código QR con enlaces oficiales visibles en todas las playas de alto riesgo.
La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) también mostró reservas con la aprobación del proyecto al destacar que implicaría una nueva carga regulatoria para la agencia, que ahora tendría la función de imponer sanciones a los anfitriones de alojamientos por incumplimiento.
El licenciado Raúl Márquez, abogado de la CTPR, mencionó que informar adecuadamente sobre los riesgos en las playas y protocolos de emergencia fortalece la reputación de Puerto Rico como un destino confiable, pero dijo que es necesario asignar recursos adicionales para atender la fiscalización que ordena la legislación.
En respuesta, la representante María de Lourdes Ramos Rivera, autora de la pieza legislativa, enfatizó su posición en interés de salvaguardar las vidas de los turistas independientemente del costo que conlleve implementar la propuesta. La legislación establece que el anfitrión estaría obligado a entregar un aviso de seguridad mediante un documento físico y en formato digital.
La legisladora también sugirió enmendar la medida para añadir advertencias sobre la peligrosidad en los ríos ante incidentes de ahogamientos y recientes rescates de turistas atrapados por los repentinos golpes de agua.
“Cuesta más el rescate que unas advertencias que nosotros podamos señalar en una residencia de alquiler a corto plazo”, manifestó Ramos Rivera. “La vida no tiene precio y, sobre todo, cuando después esos familiares tienen que hacer unos viajes largos a reclamar un cuerpo porque su familiar ha fallecido en Puerto Rico”.
Según trascendió en la vista pública, en Puerto Rico se reporta un promedio de 30 ahogamientos al año y, en lo que va de 2025, ya se han reportado 24. La mayoría de estas muertes por sumersión ocurren en las costas, colocándose entre las jurisdicciones con la mayor cantidad de ahogamientos en Estados Unidos.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó en la audiencia que, actualmente, tiene 17 plazas vacantes de salvavidas y 22 ocupadas para cubrir este servicio en los balnearios que administran.
La agencia comentó en un memorial explicativo que avala la pieza legislativa, pero propuso armonizar en una solo marco normativo las propuestas de otras dos medidas atendidas en la Legislatura que guardan relación con el tema.
“La intención de la compañera es loable, es entendible, a base de todas las experiencias que hemos tenido en Puerto Rico con los ahogamientos y los accidentes en las playas, así que vamos a seguir trabajando sobre la marcha para que esto se pueda aprobar”, dijo el representante Axel “Chino Roque Gracia, presidente de la Comisión de Turismo.
