La secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Y. Pérez Peña, rechazó de forma categórica las imputaciones surgidas a raíz de una declaración jurada atribuida a un empleado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quien permanece en el anonimato.
En declaraciones autorizadas, la funcionaria sostuvo que las alegaciones carecen de fundamento y negó cualquier participación en la operación de un centro de inspección vehicular mencionado en la controversia.
“Considero necesario reiterar, de manera definitiva, las imputaciones surgidas como consecuencia de una declaración jurada atribuida a un empleado del DTOP que se mantiene desde la oscuridad del anonimato”, expresó Pérez Peña.
La secretaria aclaró que el centro de inspección señalado es un negocio familiar en el que no participa desde febrero de 2017. Según explicó, no interviene en su operación, administración ni en la toma de decisiones. Añadió que las comunicaciones oficiales del DTOP relacionadas con dicho centro han sido dirigidas a las personas que actualmente manejan la operación.
En cuanto a los señalamientos realizados contra el establecimiento, Pérez Peña afirmó que se trata de deficiencias técnicas y no de actos criminales. Indicó, además, que situaciones similares han afectado a otros centros de inspección en la Isla.
“Los hallazgos o las deficiencias señaladas a dicho centro no son criminales y se trata de fallas técnicas. Lamentablemente, muchos centros de inspección sufrieron los mismos problemas”, sostuvo.
La titular de Vivienda también rechazó cualquier insinuación de influencia indebida o gestión impropia a favor del negocio familiar o para afectar a funcionario alguno. “Rechazo categóricamente cualquier insinuación de influencia indebida o gestión impropia”, puntualizó.
Asimismo, invitó a que cualquier persona que posea evidencia de conducta ilegal o antiética la presente ante las autoridades correspondientes.
Pérez Peña reconoció que el escrutinio público forma parte del servicio gubernamental, pero enfatizó que no aceptará lo que catalogó como difamación, particularmente cuando proviene del anonimato.
“Ni mi familia ni yo hemos solicitado ni recibido trato preferencial. Quien exprese lo contrario miente y tiene la obligación de probarlo en los foros correspondientes”, concluyó.
