La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que preside el líder senatorial Thomas Rivera Schatz, celebró hoy una vista pública para evaluar dos medidas que, desde distintas perspectivas, buscan regular la gobernanza ambiental y la protección de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en Puerto Rico.
Mientras el Proyecto del Senado 697 propone un deslinde nacional para todo el litoral del archipiélago, el Proyecto del Senado 272 se enfoca en una solución administrativa particular para el caso de La Parguera, mediante un modelo de planificación especial y autofinanciado. En conjunto, ambas iniciativas abrieron el debate sobre cómo conciliar el desarrollo económico y turístico con la conservación responsable del patrimonio natural costero de la isla.
El P. del S. 697, de la autoría del senador Eliezer Molina Pérez, propone la creación de la “Ley para el Deslinde Nacional del Archipiélago de Puerto Rico”, con el fin principal de establecer un deslinde uniforme, georreferenciado y científicamente fundamentado de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, a lo largo de toda la costa del archipiélago.
“El del deslinde nacional establece unos parámetros que ya están en los reglamentos y en nuestras leyes. La ley de costas es una cosa, la definición de la zona marítimo-terrestre es otra. Así que esto no afecta una con la otra”, comentó el senador Molina Pérez. Mientras la senadora Migdalia Padilla Alvelo añadió que, hay falta de legislación y reglamentación en estos asuntos.
Según el esfuerzo legislativo, la medida busca proteger la vida y la propiedad de las comunidades costeras, así como la integridad de ecosistemas frágiles como manglares, dunas, arrecifes y humedales. Además, procura dotar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación de herramientas precisas para la vigilancia, planificación y manejo del litoral.
El proyecto ordena la creación de un registro público digital que contenga información detallada de las estructuras costeras, su geolocalización, materiales y estatus legal. También faculta la colaboración con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, y expertos en agrimensura y ciencias ambientales para desarrollar la cartografía y los criterios técnicos del deslinde. De igual forma, entre sus disposiciones, se prohíbe toda construcción permanente en la franja de salvamento y en zonas de separación cercanas al mar.
“Las playas tienen un alto valor para el país. El disfrute de la gente es importante pero también lo es el desarrollo de su potencial turístico económico, una no tiene por qué limitar a la otra. Son el poder legislativo y el ejecutivo quienes pueden establecer la ruta para implantar un balance”, sentenció el asesor legal del Departamento de Desarrollo y Comercio (DDEC), licenciado Marcos Andrade Ravelo, mientras añadió que el panorama actual refleja tensiones cuando se pretende aplicar disposiciones o guías administrativas que no necesariamente se ajustan al marco legal vigente, lo que podría derivar en controversias que requieran interpretación judicial.
Por otro lado, el Proyecto del Senado 272, de Administración, enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para crear la “Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles de La Parguera”. Esta medida busca atender la situación legal de las residencias y estructuras levantadas sobre terrenos y aguas de dominio público en el poblado de La Parguera, municipio de Lajas. El proyecto reconoce el valor histórico, turístico y económico de estas construcciones y procura armonizar su existencia con la conservación ambiental, mediante un marco regulatorio y fiscal que asegure su mantenimiento ordenado.
La propuesta establece un régimen de concesiones por 40 años para las estructuras actualmente existentes, sujeto al pago de un canon anual por uso de superficie entre 5 % y 10 % mayor al aplicado a marinas privadas. El DRNA deberá emitir licencias, mantener un registro actualizado y prohibir la expansión, reconstrucción o nuevas construcciones sobre el litoral. A su vez, la medida dispone que al menos la mitad de los ingresos recaudados por concepto de cánones se destinen al mantenimiento y desarrollo de la Reserva Natural de La Parguera y su zona costera.
Cabe resaltar que, a preguntas del presidente senatorial, según el DRNA hoy en día no existe una huella precisa de las propiedades en La Parguera. “No hay un inventario que pueda decir con precisión las huellas que había o que hay, y se está dependiendo de lo que la gente certifique y envíe, entonces puede haber un cambio”, sentenció Rivera Schatz asegurando que pudiera haber cambios en las huellas, sin notificarse, antes de la probable aprobación de este proyecto, ya que no existe marco regulatorio.
La ayudante especial, licenciada Carla Marrero, en representación del secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, expresó reservas sobre la aprobación del Proyecto del Senado 697, mientras respaldó el Proyecto del Senado 272.
En cuanto al P. del S. 697, sostuvo que la medida no resulta viable ni práctica ante la naturaleza cambiante de la zona marítimo-terrestre y las limitaciones presupuestarias que enfrenta la agencia. Explicó que la zona marítimo-terrestre es una franja dinámica, afectada constantemente por procesos naturales como erosión costera, marejadas y huracanes, lo que haría inefectivo un deslinde nacional fijo.
Además, subrayó que el proyecto carece de una fuente de financiamiento clara y sostenible para asumir las tareas técnicas y operacionales que conllevaría su implantación. Según destacó la licenciada Marrero, la delimitación de la zona marítimo-terrestre ya se encuentra regulada mediante instrumentos normativos vigentes, por lo que cualquier esfuerzo futuro debe enfocarse en fortalecer y optimizar los mecanismos existentes.
En contraste, la agencia respaldó el P. del S. 272 por considerarlo una medida responsable y equilibrada que atiende de manera integral la falta de regulación que por décadas ha afectado al área de La Parguera. La ayudante especial del DRNA indicó que la propuesta garantiza la seguridad jurídica de las familias que residen en el sector, promueve la integración armoniosa de las estructuras al ecosistema costero y fomenta un turismo sostenible.
“Con esta medida brindamos una solución definitiva a una situación histórica, protegiendo nuestras aguas y biodiversidad, y asegurando que La Parguera continúe siendo un referente de belleza natural y desarrollo responsable”, sostuvo Marrero.
Por su parte, el licenciado José Díaz, asesor legal de la Junta de Planificación, se posicionó a favor del Proyecto del Senado 272 siempre que este “determine el área costera a la que le aplicarán las disposiciones de esta ley, para que, a partir de esta delimitación, establecer el marco estatutario aplicable”. Sin embargo, no favorecieron el P. del S. 697, según está redactado pues no cuenta con un análisis presupuestario detallado y omite disposiciones claras respecto a la compensación justa que correspondería a aquellas personas cuyos derechos pudieran resultar afectadas. El licenciado aseguró que, estuvieran de acuerdo con un deslinde nacional, siempre que el mismo contemple la realidad de la isla en cuanto a eventos atmosféricos.
“Existe una posibilidad de que podemos preservar el ambiente mientras proponemos un desarrollo económico sostenible. Yo creo que una cosa no riñe con la otra, hay que tener voluntad”, aseguró el senador Ángel Toledo López.
En cuanto al Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR), su presidente, agrimensor Carlos R. Fournier Morales, respaldó el propósito general de la propuesta en el PS 697, al reconocer la importancia de contar con un instrumento técnico, científico y jurídico que defina los límites del dominio público marítimo-terrestre, pero advirtió que su implantación requiere ajustes sustanciales para garantizar precisión, transparencia y sostenibilidad.
Sin embargo, aseguró que debe aclarar su alcance y propósito, ya que la disposición actual ordena al DRNA realizar miles de mediciones a lo largo de la costa en un plazo de 18 meses, sin que la agencia cuente con agrimensores licenciados ni los recursos técnicos y administrativos necesarios para ello. “Un trabajo de esa magnitud requiere la participación de un número considerable de agrimensores con experiencia específica en deslindes costeros y apoyo técnico y de investigación para asegurar resultados confiables”, señaló el agrimensor Fournier Morales.
Sobre el manejo de La Parguera, el CIAPR recomendó fortalecer la coordinación entre el DRNA, la Junta de Planificación y el Colegio para actualizar el deslinde oficial, establecer un reglamento técnico con participación profesional y garantizar el acceso público y equitativo al litoral costero. Asimismo, subrayó la importancia de alinear las medidas con los planes de uso de terrenos y manejo de la reserva natural, y de promover proyectos de restauración ambiental como alternativa ante el deterioro de estructuras.
Finalmente, la Compañía de Turismo se mostró de acuerdo con esta medida, pues “reconoce la coexistencia de estructuras tradicionales con la protección del ambiente, promoviendo un modelo replicable a otras áreas costeras”, aunque no pudieron tomar postura en cuanto al deslinde nacional, ya que no tienen jurisdicción en esa área.
