En los trabajos de la sesión ordinaria, el Senado de Puerto Rico aprobó una serie de medidas que abordan temas de desarrollo económico y social de la isla con el fin de mejorar la calidad de vida, la eficiencia institucional y la protección de poblaciones vulnerables.
Entre las medidas aprobadas se encuentra el Proyecto del Senado 193, del senador Ángel Toledo López, que aumenta de $500 a $2,500 la deducción máxima por aportaciones a cuentas de ahorro educativo, con el fin de incentivar la planificación financiera familiar y aliviar los costos de estudios postsecundarios.
Asimismo, el Proyecto del Senado 202, también de la autoría del senador Toledo López, crea la Oficina de Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual en el Departamento de Educación, adscrita a la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica. Esta nueva dependencia tendrá la función de desarrollar programas que fomenten la innovación y la comercialización de productos creados por estudiantes, protegiendo su propiedad intelectual y facilitando la obtención de patentes o registros de marca.
Asimismo, la medida crea el Programa de Apoyo a las Escuelas Especializadas en Promoción de Transferencia de Tecnología y Comercialización de Productos, bajo el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, que servirá como fuente de financiamiento para las actividades de investigación, desarrollo y comercialización de los proyectos estudiantiles. A tono con esta política, el proyecto también otorga al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio la responsabilidad de respaldar los esfuerzos de innovación provenientes del sistema educativo, con el fin de vincular la educación técnica con el desarrollo económico y la economía del conocimiento.
En el área de salud, la senadora Nitza Moran Trinidad impulsó el Proyecto del Senado 210, que enmienda el Código de Seguros para reducir de 30 a 15 días el término que tienen las aseguradoras para pagar reclamaciones procesables, y aumenta al 25% el interés por demora, garantizando así pagos más ágiles a proveedores y mayor estabilidad al sistema de salud.
También se aprobó el Proyecto del Senado 310, del senador Juan Oscar Morales, que reestructura la Ley de Cooperativas de Puerto Rico para consolidar funciones regulatorias: la COSSEC concentrará la fiscalización de cooperativas de ahorro y crédito, mientras la Comisión de Desarrollo Cooperativo asumirá la supervisión de cooperativas no financieras.
En apoyo al empleo juvenil y técnico, el Senado avaló el Proyecto del Senado 364, de la senadora Roxanna Soto Aguilú, que crea la “Ley de Profesiones Técnicas de Puerto Rico”, mediante la cual se otorga una licencia provisional automática por 12 meses a quienes culminen estudios técnicos, para facilitar su inserción laboral.
En materia de bienestar animal, el Proyecto del Senado 392, de la senadora Ada Álvarez Conde, prohíbe las cirugías cosméticas en animales, como la oniquectomía, caudectomía, otectomía y desvocalización, exceptuando solo los casos de necesidad médica comprobada.
Por su parte, la senadora Karen Román Rodríguez impulsó el Proyecto del Senado 417, que crea la Ley de Establecimientos para Adultos con Impedimentos, otorgando al Departamento de la Familia la autoridad exclusiva para licenciar y supervisar hogares y centros de cuidado dedicados a esta población, garantizando su bienestar, seguridad e inclusión social.
Se aprobó también una medida de justicia: el P. del S. 436, de los senadores Luis Javier Hernández, Ríos Santiago, Santiago Negrón y Joanne Rodríguez Veve, dispone que el Ministerio Público esté presente en toda vista de causa probable para arresto en casos de delitos contra adultos mayores, asegurando una atención judicial más sensible y efectiva. Al mismo tiempo, el Proyecto del Senado 483, de la senadora Álvarez Conde, para crear la “Ley para la Transformación de Bienes en Desuso en Vivienda Asequible”, con el propósito de convertir propiedades públicas abandonadas o subutilizadas en unidades de vivienda accesibles.
Finalmente, la R. C. del S. 39, presentada por el senador José Luis Dalmau Santiago, ordena al Departamento de Salud establecer un Protocolo Uniforme para la atención de pacientes con trastornos sanguíneos y condiciones de sangrado, garantizando un tratamiento uniforme en todas las instalaciones médicas públicas y privadas. La R. C. del S. 45, de la senadora Santiago Negrón y el senador González Costa, dispone que el Departamento de Salud cumpla con la Ley 23-2023, que requiere a las farmacias ofrecer etiquetas parlantes para personas ciegas o con discapacidad visual, asegurando el acceso equitativo a la información sobre medicamentos. Por su parte, la R. C. del S. 46, de la senadora Álvarez Conde, ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio diseñar un plan para fomentar empresas dedicadas al reciclaje, identificar terrenos gubernamentales aptos y gestionar fondos estatales y federales.
En términos de resoluciones investigativas, el Senado ordenó una investigación sobre las operaciones de la Cantera Aggregate, Inc. ubicada en el Barrio Trujillo Bajo, en el municipio de Carolina, bajo el amparo de la R. del S. 234. A su vez, la R. del S. 258 para investigar las condiciones de acceso, mantenimiento y jurisdicción de la carretera PR-136, incluyendo los accesos a Punta Verraco y Punta Ventana, en el municipio de Guayanilla. También, la R. del S. 331 para realizar una investigación sobre la concesión y distribución de créditos acumulados y no usados por los clientes del Programa de Medición Neta.
En proyectos cameral, el Alto Cuerpo dio paso al P. de la C. 96, enmienda la Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica, así como las Reglas de Procedimiento Criminal y el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, para establecer la obligatoriedad de la supervisión electrónica en todos los casos relacionados con violencia doméstica. Se elimina la discreción judicial en la imposición del grillete, asegurando que se utilice como condición de fianza en cualquier delito tipificado bajo la Ley 54-1989 o en aquellos en los que exista una relación de pareja entre víctima y agresor.
