La senadora Ada Álvarez Conde presentó la Resolución del Senado 310, que ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales a realizar una investigación exhaustiva sobre las descargas de aguas negras al mar y a otros cuerpos de agua en Puerto Rico. La medida busca identificar los daños ambientales, los retos administrativos, así como establecer soluciones a corto y largo plazo para proteger la salud pública, los ecosistemas y la economía turística de la isla.
La resolución surge a raíz de incidentes recientes, entre ellos:
“El problema no es si existe, sino por qué persiste y qué hará la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para detenerlo en su origen”, expresó la senadora Álvarez Conde.
La resolución dispone que la Comisión pueda celebrar vistas públicas, citar funcionarios, requerir información y realizar inspecciones oculares. Además, se exige un primer informe en 60 días y un informe final antes de culminar la Vigésima Asamblea Legislativa .
“No podemos seguir permitiendo que nuestras aguas, que son fuente de vida, recreación y motor económico, se conviertan en alcantarillas abiertas. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado no puede seguir escondiéndose detrás de excusas ni esperar a que sean las comunidades las que descubran y denuncien las descargas. Tienen la obligación legal y moral de explicar por qué siguen ocurriendo estos incidentes y qué harán para corregirlos”, expresó la senadora Álvarez Conde.
Álvarez Conde subrayó que el país necesita protocolos de operación más estrictos, planes de contingencia, transparencia en los reportes y acciones inmediatas para evitar que se repitan eventos como los reportados por el Estuario de la Bahía de San Juan y el Blue Water TaskForce de Surfri
“Puerto Rico merece playas limpias, seguras y saludables. Con esta medida buscamos no solo fiscalizar, sino también proponer soluciones que protejan a la gente, al ambiente y a nuestra industria turística”, puntualizó la Senadora.
La Resolución del Senado 310 comenzará a regir de inmediato tras su aprobación y marca un paso firme en la lucha contra la contaminación de los cuerpos de agua en la isla.
