La senadora por el distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, Nitza Moran, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, presentó un paquete legislativo que atiende retos fundamentales en áreas clave para el futuro de Puerto Rico: la economía, en la justicia, la administración pública y la seguridad ciudadana.
Las iniciativas de la autoría de la senadora buscan responder con soluciones concretas a problemas históricos que afectan tanto a los ciudadanos como a los sectores productivos de la isla. “Estas medidas representan pasos firmes hacia un Puerto Rico más justo, seguro y con mayores oportunidades. Queremos abrir más espacios a la participación ciudadana, defender el criterio médico, promover la formalización económica y proteger vidas. Ese es el norte de nuestro trabajo legislativo y de mi presidencia en la Comisión de Desarrollo Económico”, afirmó la senadora Moran.
El paquete incluye la Ley de Amnistía para la Formalización de la Economía Informal y Fiscalización de Beneficios Públicos 2025, que incentiva la inscripción en el Registro de Comerciante y concede una amnistía especial a pequeños comerciantes y trabajadores informales. La medida promueve la formalización de la economía, amplía la base contributiva y establece una fiscalización más estricta en el uso de ayudas públicas para fomentar la autosuficiencia y reducir la dependencia gubernamental.
Otra de las iniciativas es la que reconoce por primera vez en Puerto Rico el derecho estatutario a solicitar juicios por jurado en casos civiles de daños y perjuicios que superen los $100,000. Con esta medida se fortalece la transparencia y legitimidad en la administración de justicia, generando mayor confianza pública mediante la participación directa de la ciudadanía en procesos judiciales de gran relevancia.
Asimismo, la senadora presentó una enmienda a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) para incorporar la doctrina del error no perjudicial, a fin de evitar que tecnicismos menores paralicen reglamentos vigentes. Con esta enmienda, los tribunales podrán devolver un reglamento a la agencia para subsanar deficiencias sin anularlo de inmediato, lo que garantiza continuidad en la implementación de normas y mayor eficiencia en la gestión gubernamental.
Finalmente, la medida sobre Órdenes de Protección por Riesgo Extremo (“Red Flag Laws”) establece un marco legal para que tribunales expidan órdenes preventivas que prohíban temporalmente a una persona comprar, poseer o portar armas de fuego cuando represente un peligro significativo para sí misma o para otros. Esta propuesta coloca a Puerto Rico a la vanguardia en la prevención de la violencia armada y ofrece a familias, profesionales de la salud y autoridades una herramienta efectiva para salvar vidas.
El impacto positivo de este paquete legislativo se refleja en diversos sectores. Para los ciudadanos en general, representa mayor seguridad, justicia y acceso equitativo a servicios. Para comerciantes y emprendedores, abre la oportunidad de formalización y alivio contributivo. Para pacientes y profesionales de la salud, garantiza la defensa del criterio médico y el acceso continuo a tratamientos. Y para el sistema judicial y las agencias, aporta procesos más transparentes, ágiles y confiables.
“Este paquete legislativo responde a las necesidades reales de la gente. Hemos escuchado a comerciantes, pacientes, profesionales y comunidades, y estamos impulsando medidas que fortalecen la seguridad, la economía y la confianza en nuestras instituciones. Con este esfuerzo reafirmamos que nuestro enfoque es el desarrollo económico con visión de justicia social”, puntualizó la senadora Moran.
