La compañía A & M Contract, agente administrador de la égida Leopoldo Figueroa, rechazó esta tarde las múltiples denuncias de maltrato hacia sus residentes y las condiciones deplorables en las que viven durante la continuación de una investigación cameral sobre las muertes reportadas recientemente en el complejo de vivienda.
El presidente de la empresa, Ramón Rosario, aseguró en una vista pública de la Comisión de Bienestar Social, presidida por la representante Lisie Burgos Muñiz, que se trata de “confusiones” que han surgido en la discusión pública respecto a las responsabilidades y obligaciones con el condominio localizado en Río Piedras.
Rosario compareció esta tarde bajo apercibimiento de desacato acompañado por la administradora del condominio, Marisol Jiménez, tras varios intentos de la comisión de recibir respuestas por parte de esta compañía que, en total, administra 22 residenciales públicos en la isla.
“Totalmente falso, bajo juramento”, expresó el jefe de la empresa en reiteradas ocasiones al ser abordado sobre señalamientos de envejecientes en casos de desahucios; la obligación de que los residentes paguen sus rentas únicamente en efectivo; arrendamientos excesivos; y los riesgos a la seguridad de los habitantes.
En respuesta a los tres fallecimientos ocurridos en eventos separados, Rosario informó que recurrirá al uso de la tecnología para incrementar la vigilancia y atención de los 230 adultos mayores que ocupan los apartamentos.
Entre las iniciativas que contempla se encuentra el uso de pulseras o collares electrónicos que contarán con un sensor que los residentes presionarán en caso de que enfrenten un percance de salud y, de esta manera, alertar al personal del condominio. Sin embargo, la aplicación de este aparato será voluntaria y deberá contar con el consenso de algún familiar cercano, explicó la Administración de Vivienda Pública (AVP).
Otras de las alternativas que al momento se discute con la AVP es la instalación en cada uno de los apartamentos de un instrumento que detecte los movimientos de la persona habitante. En caso de no registrar actividad entre 24 a 48 horas, el dispositivo enviará un aviso a la recepción de la égida.
“Yo tengo residentes que se montan el viernes en un carro y regresan el lunes. Que se van el lunes y regresan el jueves. Poder detectar si le pasó algo adentro del apartamento o que se fue de fin de semana es sumamente difícil”, indicó Rosario. “Estoy solicitando los fondos para comprar estos aditamentos que nos van a ayudar a identificar mejor y más seguramente si pasase algo dentro de la unidad de vivienda”.
El presidente también afirmó que la égida cuenta con seguridad privada las 24 horas y recientemente recibió $32,000 por parte de la AVP para la instalación de 25 cámaras que cubren los nueves pasillos del condominio.
Para responder a las necesidades de los residentes tras los eventos recientes, mencionó que firmó un acuerdo colaborativo con una universidad para que enfermeras practicantes visiten la égida y, aunque se limitó a ofrecer detalles, adelantó que próximamente aprobará un contrato para brindar servicios psicológicos.
La representante Burgos Muñiz cuestionó a la compañía que ha administrado el condominio por ocho años acerca de las marcadas diferencias en las condiciones de vida que encontró en la égida Beatriz Lasalle, también administrada por A & M Contract. De acuerdo con la legisladora, una visita a las instalaciones de esta otra égida ubicada en Río Piedras permitió a la comisión cameral presenciar un mejor entorno para los adultos mayores y la satisfacción de sus habitantes con la vivienda.
La empleada Suheily Del Valle, supervisora de la Oficina de Trabajadores Sociales, declaró que esta disparidad está relacionada con el “aspecto social” de las distintas poblaciones, pues comentó que una parte sustancial de la clientela que llega al proyecto Leopoldo Figueroa son personas sin hogar.
“Su estilo de vida no cambia al asignarle una vivienda… Cuando trabajas con este tipo de persona, dentro de su pensar, ellos continúan siendo ‘homeless’ y tenemos que trabajar en el día a día en aspectos sociales con ellos”, sentenció Del Valle, trabajadora social de profesión. “Es muy diferente, y es un punto que no estamos llevando a relevancia”.
Burgos Muñiz alertó que la comisión cameral continuará con la investigación y dará seguimiento a los trabajos pendientes en la égida tanto de las agencias concernientes como de A & M Contract.
“Nuestros adultos mayores merecen vivir en condiciones dignas y con todas sus necesidades básicas cumplidas. Lo cierto es que existen agencias como la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada con más de $20 millones en fondos que pudieran ser destinados a servicios directos a los adultos mayores. Realmente, hay que hacer una reingeniería de la Procuraduría”, sostuvo la representante.
