Proveer una medida proporcional y necesaria para asegurar supervisión directa, apoyo emocional y capacidad de respuesta ante emergencias de menores en eventos deportivos es el fin del Proyecto de la Cámara 1158. Mediante el proyecto se crea la “Ley para la Protección y Acompañamiento de Menores en Eventos Deportivos”, con el propósito de asegurar que todo menor participante en competencias deportivas celebradas en instalaciones gubernamentales cuente con un adulto responsable sin costo de admisión, anunció la representante del Distrito 27 y autora de la medida, Estrella Martínez Soto.
“Desde la óptica deportiva la presencia de un adulto responsable además de supervisión en caso de emergencia médica o disciplinaria también provee apoyo emocional al menor atleta, un elemento clave para su desarrollo. Por ello, la radicación de esta medida”, explicó Martínez Soto. “Además es de conocimiento general los altos costos denunciados por familiares de menores atletas quienes tienen que cumplir con cuotas de inscripción y uniformes, entre otros costos asociados. A estos se suman pagar admisión para presenciar la participación de sus hijos, lo que representa una carga económica adicional, por lo cual la aprobación de la legislación radicada atiende múltiples situaciones que aquejan a las familias con menores atletas”.
La medida legislativa radicada por la representante de Aibonito, Coamo, Juana Díaz y Santa Isabel, establece que todo organizador de un evento deportivo donde participen menores de edad permitirá la entrada gratuita de un adulto responsable por cada atleta menor. Esta disposición aplicaría a torneos, competencias, exhibiciones y cualquier actividad deportiva organizada por entidades públicas o privadas en instalaciones públicas. Asimismo dispone que los organizadores deberán establecer un procedimiento claro de acreditación para el adulto responsable, garantizar que el acceso gratuito no implique trato discriminatorio y adaptar sus reglamentos internos a la nueva disposición.
Por otra parte, el proyecto establece penalidades administrativas que oscilan entre $500 y $1,000 por infracción, así como la posible suspensión o revocación del permiso de uso de la instalación pública en caso de incumplimiento. “Como Asamblea Legislativa es nuestra responsabilidad y deber buscar equilibrar el desarrollo competitivo con la protección integral del menor. Con esto se refuerza la política pública de bienestar y seguridad en el deporte puertorriqueño”, expresó la representante quien adelantó brindará seguimiento para que la medida complete el trámite legislativo.
