“Los hogares de cuido prolongado en Puerto Rico no son el problema. Son parte de la solución para miles de familias en Puerto Rico que necesitan un lugar seguro y digno para sus adultos mayores”, afirmó el presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), Jonathan Morales Adorno.
Sus expresiones son en respuesta a una resolución radicada en la Cámara de Representantes para investigar la estructura de costos y las tarifas que imponen los centros de cuido y establecimientos de cuidado prolongado en Puerto Rico.
“Antes de hablar de tarifas abusivas, es importante reconocer que los hogares están sosteniendo un sistema que muchas veces el propio gobierno ha dejado desatendido. Estamos resolviendo la negligencia y desprotección de los adultos mayores en Puerto Rico”, sostuvo Morales.
Morales Adorno reiteró que la FICPRO favorece la transparencia y el diálogo y que está disponible para participar en cualquier proceso legislativo o vista pública, siempre que se escuchen todas las partes y se analice la realidad completa del sistema de cuido prolongado.
“Los hogares de cuido prolongado han asumido por años una responsabilidad que en muchas ocasiones el propio Estado no ha podido atender. Han sido la respuesta ante el abandono, la falta de apoyo familiar y la vulnerabilidad de miles de adultos mayores. Nosotros resolvemos un problema social todos los días, pero lamentablemente muchas veces se nos señala sin reconocer el servicio esencial que brindamos”, expresó Morales Adorno.
El presidente de FICPRO recordó que los hogares ofrecen servicios las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo alimentación completa; supervisión continua; administración de medicamentos; asistencia en actividades diarias; atención a residentes encamados o con condiciones crónicas; seguridad, mantenimiento y cumplimiento regulatorio. Esto incluye enfermeras, terapistas, cuidadores, cocineros, empleados de mantenimiento, médicos y seguridad, entre muchos otros renglones.
Debido a que el cuido prolongado es una de las industrias más reguladas en Puerto Rico, es obligación de cada hogar tener un dinero presupuestado para emergencias, tanto durante huracanes como cualquier otra crisis que surja en la isla como la pandemia o terremotos, para lo cual se requiere el uso del generador eléctrico y mantener alimentos almacenados para cumplir con el servicio.
“Cuando una familia no puede cuidar a su adulto mayor o cuando una persona es abandonada, los hogares son quienes responden. Esto incluye proveerles ropa y artículos de primera necesidad sin recibir un pago del gobierno ni de sus familiares. Sin embargo, el gobierno rara vez toma en cuenta el esfuerzo, los costos reales y la responsabilidad que asumimos”, destacó Morales Adorno.
Resaltó que una realidad que debe discutirse con responsabilidad es que Puerto Rico enfrenta un envejecimiento acelerado de su población, con más del 25% de los puertorriqueños que ya tienen 65 años o más, lo que ha incrementado significativamente la necesidad de servicios de cuido prolongado.
Mientras esto ocurre, el presidente de FICPRO advirtió que muchos hogares operan bajo una presión económica considerable debido a:
- Atrasos recurrentes en pagos gubernamentales.
- Falta de subsidios para pacientes sin recursos.
- Aumento en el costo de alimentos, medicamentos y personal.
- Requisitos regulatorios cada vez más complejos.
“Estamos listos para presentar datos reales sobre los costos de operar un hogar y sobre la cantidad de adultos mayores que llegan a nuestras instituciones por abandono o falta de alternativas”, indicó Morales Adorno.
Reiteró la posición de FICPRO de que, el cuido prolongado debe ser reconocido como un servicio esencial para el país y que cualquier discusión pública debe enfocarse en fortalecer el sistema, no en debilitar a quienes lo sostienen.
“Los hogares no son el problema. Somos parte de la solución, estamos resolviendo el abandono de adultos mayores en Puerto Rico”, concluyó Morales Adorno.
