La Asociación de Alcaldes respaldó un proyecto que establece un procedimiento de expropiación sumaria para aquellas propiedades que no cumplen con los requisitos para ser declaradas estorbos públicos, pero cuyos dueños titulares no aparecen en los registros con el fin de atender de manera responsable el gran número de unidades abandonadas cuyo mantenimiento actualmente recae sobre los municipios.
En vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, la directora ejecutiva del organismo, Lcda. Verónica Rodríguez Irizarry, indicó que el Proyecto de la Cámara 1000-de la autoría de la representante Tatiana Pérez Ramírez -provee las herramientas necesarias a los municipios para que en colaboración con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y del Registro Inmobiliario Digital del Gobierno de Puerto Rico puedan identificar los dueños registrales que se hagan cargo de las propiedades y en caso contrario, puedan pasar a manos de los ayuntamientos.
“El proyecto establece un balance adecuado entre la protección de los derechos de posibles titulares y la necesidad apremiante de dotar a los municipios de herramientas legales efectivas para intervenir, ante el abandono y deterioro de propiedades que afectan la seguridad, el desarrollo urbano y la calidad de vida de nuestras comunidades”, afirmó Rodríguez Irizarry.
A preguntas del presidente de la Comisión, el representante Pérez Ortíz, la directiva indicó que “cada municipio tiene un interés apremiante distinto en la utilización de las propiedades, algunos necesitan en el casco urbano más estacionamientos para impulsar el crecimiento económico de la zona, otros necesitan viviendas, pero esta medida contribuye a que los gobiernos municipales puedan establecer el plan de trabajo adecuado a las necesidades de su población”.
Apuntó que en diversos estudios que han analizado como organización se enfatiza en el factor de que “nuestro país envejece y dentro de unos años van a haber más adultos mayores y necesitamos crear ya sean égidas, y facilidades que sean viables para que estos ciudadanos puedan estar en un casco urbano más accesible y eficiente”.
Mientras que Evelyn Moya, directora de la Oficina para Asuntos de Seguridad Pública, del Departamento de Seguridad Pública (DSP), avaló la inclusión dentro de la medida, de un “Fondo Perpetuo de Emergencias y Desastres”, al cual irá a parar el producto de la venta de las propiedades que pasen al municipio, ya que, con ello, los gobiernos tendrán fondos para responder a una emergencia. Esto ante el cuadro actual en que tanto la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) como el gobierno federal se han movido a asignar fondos a modo de apoyo y no necesariamente cubrir todos los gastos en que se incurre para atender a las víctimas de un desastre.
“Recomendamos que este fondo sea un requisito para los municipios ya que hay que tomar en cuenta que en los últimos años de María para acá la política pública del Departamento de Seguridad Nacional y FEMA ha ido cambiando, lo vimos con FEMA, que tuvimos que responder primero como jurisdicción para después si teníamos ayuda de FEMA, la cual si buscamos la historia en Fiona fue bien limitada”, narró Mora.
“A esto se suma la nueva política del actual presidente de los Estados Unidos, que ha sido más enfática en que el apoyo que ellos dan va a seguir siendo eso, apoyo”, cuando en el pasado el gobierno federal cubría los gastos en los que incurría la jurisdicción local.
Aseguró que, según un informe reciente que aún se encuentra en etapa de borrador, y que coincide con la información previamente reportada, la aportación del gobierno federal —que antes cubría el 100 %— podría reducirse hasta un 75 %.
A su vez, la Asociación de Realtors, representada por Ramón Molina y Milton Serrano, miembros del comité legislativo, al ver con buenos ojos la pieza, vieron como positiva “la iniciativa de regularizar o dar certeza registral o de titularidad a estas propiedades, de manera que sus dueños sean identificados y respondan por las mismas y que, de no ser posible pasen a los municipios”.
No obstante, trajeron a la atención que la adquisición de estas posesiones “no deben ser utilizadas para crear empresas municipales que compitan con los comercios del pueblo, sino que se conviertan en vehículos para promover desarrollos y usos que atiendan las necesidades de vivienda y actividad económica en los municipios”.
La autora de la medida, la representante Pérez Ramírez enfatizó que su intención con el proyecto es atender las necesidades de “jóvenes que se están graduando de las mejores universidades en Puerto Rico, que son talento local, que pueden aportar a Puerto Rico, pero tienen que mudarse a los Estados Unidos ya que no encuentran vivienda asequible”.
Añadió que “en varios años nos vamos a quedar sin profesionales, sin talento y sin juventud, por eso tenemos que garantizarle al menos una vivienda o a un joven empresario un lugar donde emprender con su pequeño negocio”.
El representante Sergio Estévez Vélez, a renglón seguido, felicitó a la legisladora por su propuesta y recomendó que la lista que tenga el Departamento de Vivienda de propiedades declaradas estorbos públicos sea facilitada a los municipios para ir identificando las que no tienen un dueño registral.
El representante Pérez Ortiz, indicó al favorecer esta medida que “podemos repoblar los casos urbanos y apoyar el desarrollo económico de los municipios”.
A los trabajos de esta vista pública se unió el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán.
