El superintendente de la Policía, Joseph González, ordenó hoy la eliminación de los servicios de escolta que recibe la Lcda. Wanda Vázquez Garced, luego de que la gobernadora, Jenniffer González, le solicitara dicha acción tras recibir la opinión legal del Departamento de Justicia (DJ) que reconoce la facultad de la primera ejecutiva como autoridad nominadora, y el poder decisional del jefe de la Uniformada en este asunto.
Según explicó González, “desde que Wanda Vázquez fue acusada por actos de corrupción por el gobierno federal, el pueblo de Puerto Rico ha cuestionado la necesidad y la legalidad de que reciba servicios de escoltas. Ese cuestionamiento se convirtió en reclamo de que se les eliminaran las escoltas, inmediatamente trascendió que la licenciada había aceptado declararse culpable. Como superintendente, pero sobre todo como ciudadano yo también me expresé en oposición a que continuara teniendo escoltas. Así lo expresé en un sinnúmero de ocasiones, inclusive, haciendo una excepción a mi regla autoimpuesta de no emitir opiniones, pues reconozco que esto también me indignaba.”
“Como persona de ley y orden, solicité el análisis legal correspondiente para que esta decisión se sostuviera en derecho. Sin embargo, la interpretación de nuestra división legal sobre las leyes, reglamentos y disposiciones constitucionales aplicables fue que, como exgobernadora, la Lcda. Wanda Vázquez tenía un derecho adquirido que no se podría revocar. Obviamente, respeté esa interpretación, pero no quedé satisfecho, como tampoco quedó satisfecha la gobernadora, Jenniffer González, quien le solicitó una opinión al Departamento de Justicia, que es, en última instancia, el representante legal del pueblo,” añadió.
“Ante las conclusiones del Departamento de Justicia de que no hay un impedimento legal ni constitucional para eliminar las escoltas a Wanda Vázquez, la gobernadora ha emitido una directriz para que procedamos con dicha eliminación inmediatamente,” informó Joseph González.
Cabe destacarse que este ha sido un proceso de análisis legal y constitucional complejo en el cual surgieron distintas interpretaciones al amparo del caso Hernández Colón y Romero Barceló vs. Policía de Puerto rico, 177 D.P.R. 121 (2009), en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que los exgobernadores tenían un derecho adquirido a las escoltas, y la definición de exgobernador establecida en la Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965.
Esta última establece, en su sección 24, que para que una persona sea considerada exgobernador tiene que cumplir con unos criterios que incluyen haber sido electo por el voto popular y ocupar el cargo por un término no menor de 4 años, entre otros.
La Lcda. Wanda Vázquez Garced, al no haber sido electa por el pueblo ni haber ocupado la posición de gobernador por 4 años, no cumple con esta definición.
Por otro lado, estaba la Orden General 110 de 25 de enero de 2019 que había emitido el entonces Negociado de la Policía de Puerto Rico, titulada Oficina de Seguridad y Protección, que establecía un poder discrecional del comisionado para la asignación de escoltas a funcionarios y exfuncionarios.
“Desde el primer día informé que el análisis legal sobre este asunto se estaba haciendo en equipo. Tanto la gobernadora como yo insistimos en la necesidad de que las decisiones que procedieran con relación a las escoltas de Wanda Vázquez estuvieran respaldadas por las interpretaciones correctas de las leyes, reglamentos y disposiciones constitucionales aplicables. Por tanto, con la opinión legal del Departamento de Justicia, el respaldo de la gobernadora, Jenniffer González, y con las facultades que la Ley 83 de 2025 nos ha consolidado, revocamos hoy el servicio de escoltas a la Lcda. Wanda Vázquez Garced,” finalizó diciendo el superintendente, Joseph González.
