La Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal que presiden el vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago y el representante, José “Che” Pérez Cordero, respectivamente, continuaron el proceso de vistas públicas para discutir con las agencias del gobierno los protocolos y respuestas ante el informe sobre la protección, manejo y conservación de evidencia digital en casos penales.
“Esta vista es una continuidad de varias vistas públicas y una mesa redonda que se celebraron anteriormente como parte del trabajo de la comisión sobre crímenes cibernéticos que afectan a jóvenes y adultos mayores. De esas discusiones surgieron preocupaciones sobre los retos que enfrentan las agencias de ley y orden al recopilar, manejar y presentar evidencia digital en los casos penales. El propósito de esta vista es examinar los desafíos y necesidades relacionadas con la conservación, autenticación y admisibilidad de evidencia digital, así como las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de víctimas y testigos vulnerables”, expresó Ríos Santiago.
Por su parte, Pérez dijo “tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que trabajamos este tipo de legislación, que sea una de forma integral que atienda las necesidades que no se requiera en muchos casos también tener que volver rápido a legislar, porque sabemos que el proceso legislativo es lento, es complejo y eso afecta a ustedes las agencias a la hora de tomar decisiones. Entonces también tienen que trabajar y ejecutar”, dijo Pérez.
Compareció a deponer Poincaré Díaz Peña, director ejecutivo de Puerto Rico Innovation & Technology Services (PRITS). Mencionó que en la práctica, el análisis de evidencia digital no puede realizarse con herramientas convencionales. “Se requieren soluciones forenses especializadas para el análisis de sistemas y dispositivos, la extracción de datos, la creación de imágenes forenses y la validación de la integridad de la evidencia”, sostuvo.
El deponente enfatizó que no existe un estándar único universal, sino múltiples marcos internacionales (como ISO, IEC y NIST) que guían procesos forenses estructurados, aunque su aplicación depende del contexto técnico y operativo. Además, mencionó que la admisibilidad de la evidencia digital es una determinación jurídica basada en criterios de autenticidad, confiabilidad y pertinencia, no en el cumplimiento estricto de estándares técnicos.
Ríos Santiago preguntó si cree que debemos invertir en proyectos prioritarios para que los datos se compartan entre agencias de ley y orden. Díaz respondió que eso sería un sistema totalmente aislado, que las personas tienen que tener pericia en cuanto a la evidencia digital. Esos datos tienen que ser guardados con integridad y el sistema debe proveer para eso. “Es una operación especializada”, añadió el deponente.
Por su parte, el representante del Partido Popular Democrático, Ramón Torres Cruz, preguntó si hay forma de demostrarle al juez que un video donde se cometió un acto, se subió con unas características para que sea parte del proceso y que no fue creado con inteligencia artificial. Díaz respondió que si hablamos de cadena de custodia, esos parámetros que se están estableciendo es para pasarlo a ser parte de esa cadena. “Estamos entendiendo y confiando en un tercero fuera de la entidad digital o de la denuncia que básicamente está llevando el caso. Ahí estamos incluyendo esa cadena de custodia y haciendo responsable también a la persona que lo está subiendo, porque si esa persona está subiendo información falsa o creada o manipulada por ignorancia del manejo del proceso ahí tendríamos que establecer otro proceso”.
En un turno, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, preguntó cómo esos elementos hoy en día deben ser modificados, cambiados, desde el punto de vista de la realidad digital del presente. Díaz indicó la autenticidad. “Básicamente, autenticidad y la trazabilidad del sistema de información. Por ejemplo, el correo electrónico se crea mediante la instalación de una computadora que se conecta a su servidor. El servidor es el que provee el servicio para enviar ese mensaje. Ese correo electrónico o ese servidor guarda cuando se creó y desde la computadora que fue creada. Básicamente, todo eso compone lo que es la autenticidad de un mensaje, de un documento, de cualquier tipo de sistema de información”.
Además, participó de la audiencia Orville M. Disdier Flores, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. “Desde la perspectiva institucional, se favorece el desarrollo de un marco normativo que incorpore, de forma explícita, principios de calidad, integridad, trazabilidad, interoperabilidad y protección de datos, que habilite la producción de estadísticas oficiales que permitan monitorear el desempeño del sistema de justicia en esta materia”.
Disdier planteó que el manejo de la evidencia digital en casos penales debe integrarse con un enfoque de gobernanza de datos y análisis estadístico para garantizar su calidad, trazabilidad y utilidad en la toma de decisiones públicas y judiciales. Entre las recomendaciones indicó fortalecer la regulación mediante estándares como ISO/IEC 27037; establecer obligaciones claras para proveedores sobre retención y cadena de custodia; y desarrollar sistemas interoperables que permitan generar indicadores y estadísticas sobre el desempeño del sistema de justicia.
Asimismo, enfatizó la necesidad de salvaguardar la confidencialidad de datos sensibles, promover la cooperación internacional, invertir en capacitación y recursos tecnológicos, y crear nuevas tipificaciones legales para delitos digitales. Igualmente, una mayor coordinación interinstitucional y la creación de marcos de gobernanza de datos que permitan evaluar políticas públicas basadas en evidencia; concluyendo que el fortalecimiento del componente estadístico es clave para un manejo efectivo y moderno de la evidencia digital.
También, presentaron la posición del Departamento de Justicia, la licenciada Naydik Ramos Montesinos directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos y la licenciada María del Mar López de la división de legislación. “La adopción de estándares técnicos, la capacitación de todos los actores del sistema de justicia, la coordinación interagencial, así como la actualización normativa y la tipificación de nuevas conductas de obstrucción digital, constituyen herramientas esenciales para enfrentar los desafíos que plantea la era tecnológica”, dijo López.
De igual manera, detalló que actualmente existe regulación que permite abordar de manera responsable la retención de datos en las diversas plataformas y proveedores de tecnología que operan en nuestra jurisdicción. “Si bien dicha regulación se encuentra fragmentada, proporciona un marco normativo que protege adecuadamente los derechos de los usuarios. No obstante, como ocurre con toda legislación relacionada con el uso de la tecnología, existen aspectos susceptibles de mejora. La relevancia de estas medidas radica en garantizar su correcta implementación y supervisión”, añadió la deponente.
A su vez, López destacó la importancia de regular las obligaciones de los proveedores de servicios electrónicos en la retención y preservación de datos; adoptar estándares internacionales como ISO/IEC 27037 para la cadena de custodia; y fortalecer los procesos de autenticación y admisibilidad de la evidencia digital mediante posibles enmiendas legales. Asimismo, enfatizó la protección de la privacidad, especialmente de menores, la cooperación internacional para la obtención de datos, y la necesidad de inversión en capacitación, herramientas forenses y recursos tecnológicos. Tipificar delitos relacionados con la manipulación u obstrucción digital, incluyendo el uso de inteligencia artificial, y fomentar la coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar un sistema de justicia más eficiente, confiable y adaptado a la era digital.
En iguales términos, asistió a la audiencia el teniente Luis Maldonado Miranda, director de Crímenes Cibernéticos de la Policía. “Se favorece la adopción de medidas que fortalezcan el marco jurídico aplicable al manejo de evidencia digital, a fin de brindar mayor certeza jurídica, proteger los derechos de las partes y dotar a los tribunales de herramientas adecuadas para atender los retos de los delitos en entornos tecnológicos”.
Maldonado destacó la creciente importancia de la evidencia digital en el ámbito penal ante el avance tecnológico y la necesidad de actualizar el marco legal para su adecuado manejo. La agencia favorece enmiendas que modernicen la autenticación de evidencia, especialmente en entornos de computación en la nube, proponiendo mecanismos como funciones hash de huella digital y registros de auditoría, así como la incorporación del concepto de “original funcional”.
Además, recomendó reconocer a los proveedores de servicios como custodios iniciales de la evidencia; fortalecer la cooperación federal e internacional; y continuar invirtiendo en capacitación especializada y recursos tecnológicos para enfrentar delitos cibernéticos. También, tipificar la obstrucción digital, incluyendo el uso de inteligencia artificial, considerando el contexto de cada caso.
