Los Prácticos de la Bahía de San Juan alertaron sobre la radicación de una moción ante el Tribunal Federal, en el marco de la demanda en curso relacionada con las operaciones de LNG en la Bahía de San Juan, denunciando falta de transparencia en torno a esfuerzos para impulsar legislación que derogaría la Ley 226-1999 y eliminaría la Comisión de Practicaje de Puerto Rico.
Según el escrito presentado ante el Tribunal por los prácticos, la presidenta de la Comisión de Practicaje, Jessica Ñeco Morales, nombrada comisionada y presidente por la Gobernadora Jenniffer González, habría promovido reuniones y discusiones sobre un borrador legislativo a espaldas de otros miembros de la propia Comisión, en aparente incumplimiento de compromisos previamente asumidos ante la Corte. Conforme explica la moción, Ñeco Morales habría excluido al comisionado que representaba los prácticos, lo que plantea serias preocupaciones sobre la transparencia del proceso y, más importante aún, sobre el funcionamiento adecuado de un organismo que, por ley, debe operar de forma colegiada, técnica e independiente de influencias externas.
Los prácticos advirtieron que este tipo de actuaciones debilita el rol de las comisiones especializadas creadas precisamente para proteger el interés público mediante decisiones informadas y libres de presiones políticas o económicas, un principio fundamental que ha guiado el desarrollo del sistema de practicaje en Estados Unidos y otras jurisdicciones marítimas avanzadas.
El proyecto legislativo en controversia devolvería el sistema de practicaje a un modelo centralizado bajo la Autoridad de los Puertos, en un claro retroceso, revirtiendo reformas implementadas hace casi tres décadas precisamente para fortalecer la seguridad marítima, la independencia técnica y la competitividad portuaria de Puerto Rico. “Esto no es una controversia administrativa, es un asunto de seguridad pública, continuidad económica, cumplimiento y transparencia gubernamental. Retroceder casi treinta años a modelos obsoletos e ineficientes es poner en riesgo la seguridad de la Bahía y del tráfico del Puerto de San Juan. Esto es altamente peligroso para Puerto Rico, pues los puertos son la entrada de más del 85% de los suministros que requiere el país”, expresó el Capitán Carlos Ramos Suárez, Comisionado y portavoz de los Prácticos de la Bahía de San Juan. Cabe destacar que, en el 2025, los Prácticos de la Bahía de San Juan reportaron un total de 5,680 movimientos de embarcaciones entrando y saliendo de la Bahía de San Juan sin que se registraran accidentes durante la ejecución de dichas maniobras.
Riesgos reales para Puerto Rico
La derogación de la Ley 226 representaría un retroceso significativo para Puerto Rico, al reincorporar un modelo que ya demostró ser ineficiente y vulnerable a presiones externas, debilitando la independencia profesional que sustenta la seguridad del practicaje. Cuando se legisló la Ley 226, expresamente se reconoció, entre otras cosas, que la Autoridad por mucho tiempo había carecido los recursos necesarios para supervisar el practicaje. Conforme han señalado los prácticos, ello pondría en riesgo la seguridad de las embarcaciones en tránsito, la protección ambiental de la Bahía de San Juan y su estuario, la continuidad de la cadena de suministros de la Isla y la reputación competitiva de su principal puerto comercial. Además, Puerto Rico se alejaría del modelo moderno adoptado y comprobado en Estados Unidos, donde comisiones especializadas, colegiadas y con conocimiento técnico regulan la profesión con criterios independientes.
Transferir nuevamente esa responsabilidad a la Autoridad de los Puertos —una entidad sin la pericia técnica necesaria y sujeta a presiones económicas, comerciales y políticas— incrementaría los riesgos operacionales en un entorno ya complejo, donde incidentes recientes han demostrado que las decisiones técnicas deben mantenerse libres de interferencia o presiones indebidas para cumplir con los parámetros federales y de seguridad náutica.
Cabe destacar que el servicio de practicaje compulsorio no representa un costo para el pueblo, sino un costo operacional asumido por las empresas que operan las embarcaciones; en términos relativos, se trata de centavos cuando se compara con el valor de la carga transportada y, sobre todo, con el costo potencial de un accidente. En ese contexto, resulta particularmente preocupante cualquier intento de convertir esta función en una fuente de ingresos para la Autoridad de los Puertos, lo cual sería incompatible con la naturaleza independiente y de interés público del practicaje. “Puerto Rico no puede permitirse improvisaciones en el principal puerto del país que impacten adversamente el desarrollo económico y la calidad de vida de nuestra gente”, añadió Ramos Suárez.
Exigen transparencia total
Los Prácticos de la Bahía de San Juan hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa, al sector privado y al pueblo de Puerto Rico a exigir transparencia total en este proceso, incluyendo la divulgación pública del texto completo del proyecto de ley y la celebración de vistas públicas abiertas con expertos marítimos independientes. Igualmente, recomendaron realizar una evaluación técnica de impacto en la seguridad portuaria por parte de recursos especializados, así como el cumplimiento estricto con procesos transparentes de gobernanza. “Confiamos en que, como resultado de esta petición ante el Tribunal Federal, la Rama Legislativa evalúe esta situación por sus méritos y tome las medidas correctivas para salvaguardar la seguridad portuaria del país”, puntualizó el Capitán Kenneth Díaz, Presidente de San Juan Bay Pilots Association.
Sobre los Prácticos de la Bahía de San Juan
Por cerca de un siglo, los Prácticos de la Bahía de San Juan han garantizado el movimiento seguro y eficiente de todo tipo de embarcaciones que transitan la Bahía de San Juan. Todos sus miembros son marinos altamente capacitados y experimentados. A pesar de las corrientes cambiantes, las mareas, los fuertes vientos o las lluvias intensas, los Prácticos navegan la bahía y llevan a cabo atraques y desatraques con pericia y eficiencia. Poseen la experiencia, las destrezas en el manejo de embarcaciones y el conocimiento local que les permite moverlas de manera segura. Sus servicios son esenciales para el flujo de mercancías entre San Juan y el mundo. Trabajan en estrecha colaboración con agencias navieras, compañías de remolcadores y la Guardia Costera de los Estados Unidos para entregar carga y pasajeros de forma segura y puntual, contribuyendo al desarrollo económico y progreso de Puerto Rico. Para más información, acceda a: www.sanjuanbaypilots.com, Facebook: facebook.com/sanjuanbaypilots, IG: https://www.instagram.com/sanjuanbaypilots/, LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/san-juan-bay-pilots
