El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, hoy la intención del Negociado de la Policía de Puerto Rico de promover nuevas enmiendas a la Ley de Armas para imponer controles adicionales sobre la venta de municiones.
Asimismo, calificó como irresponsable pretender trasladar a los armeros las responsabilidades investigativas y de fiscalización que le corresponden exclusivamente a la agencia gubernamental.
Torres Meléndez aclaró que la Policía ya tiene acceso directo a la información sobre las transacciones de armas y municiones efectuadas legalmente en Puerto Rico, debido a que estas se registran obligatoriamente en el Sistema REAL. Mediante ese sistema, la agencia puede identificar al comprador, su número de licencia, la fecha de la transacción, la cantidad adquirida y la armería donde se realizó la venta.
El presidente de CODEPOLA rechazó específicamente la alegación de que los armeros suministran información a la Policía para que la agencia intervenga con determinados compradores. Explicó que los armeros “no seleccionan transacciones, identifican compradores sospechosos ni realizan referidos discrecionales. Su responsabilidad consiste en registrar cada venta en el Sistema REAL, conforme exige la ley”. A partir de ese momento, corresponde a la Policía examinar la información y determinar si existen fundamentos legales para iniciar una investigación.
“Es falso presentar esta situación como si los armeros llamaran a la Policía o le entregaran información para provocar una intervención contra un cliente. Los armeros no actúan como informantes ni determinan quién debe ser investigado. Toda transacción se registra obligatoriamente en el Sistema REAL y es la propia Policía la que recibe y controla esa información”, afirmó Torres Meléndez.
El presidente de CODEPOLA explicó que, si una persona adquiere 20,000 municiones, la Policía puede identificar la transacción mediante su propio sistema. La agencia conoce la identidad del comprador, su número de licencia, la fecha, la cantidad adquirida y el establecimiento donde se realizó la venta. Corresponde exclusivamente a la Policía evaluar esos datos y determinar, conforme a derecho y sin criminalizar automáticamente una compra legal, si existen circunstancias objetivas que justifiquen una investigación.
“Si la Policía entiende que una compra de 20,000 municiones amerita ser investigada, tiene la información y la facultad para hacerlo. Lo irresponsable es no ejercer oportunamente esa autoridad y luego crear la impresión de que depende de que un armero le haga un referido o le facilite información. Los datos ya se encuentran en manos de la Policía mediante el Sistema REAL. La responsabilidad de analizarlos e investigar es de la agencia, no del comerciante que cumplió con registrar la transacción”, recalcó.
Torres Meléndez sostuvo que la adquisición de una cantidad considerable de municiones no constituye, por sí sola, un delito ni demuestra la existencia de actividad criminal. Los tiradores deportivos, competidores, instructores, operadores de polígonos y ciudadanos que entrenan regularmente pueden adquirir cantidades mayores por razones legítimas. Por consiguiente, la cantidad comprada no debe utilizarse como fundamento único para intervenir con un ciudadano que posee una licencia vigente.
CODEPOLA insistió en que cualquier propuesta para imponer nuevas restricciones debe estar respaldada por evidencia concreta que demuestre que las municiones adquiridas legalmente por ciudadanos con licencia están vinculadas con la actividad criminal. La organización reclamó que la Policía informe cuántas transacciones registradas en el Sistema REAL han sido relacionadas con delitos, cuántas compras consideradas atípicas fueron investigadas y qué acciones tomó la agencia después de recibir esa información.
“Antes de solicitar nuevas restricciones, la Policía debe explicar cómo está utilizando las herramientas que ya posee. Debe informar cuántas compras legales de municiones han sido vinculadas mediante evidencia con la comisión de delitos y cuántas transacciones identificadas en el Sistema REAL fueron investigadas. No se puede legislar sobre la base de percepciones, cantidades que puedan parecer elevadas o casos aislados”, expresó Torres Meléndez.
El presidente de CODEPOLA afirmó que el verdadero problema de seguridad pública no se origina en las transacciones legales y documentadas, sino en el tráfico clandestino, el contrabando y las organizaciones criminales que operan completamente al margen de los sistemas establecidos por el Estado.
“Las municiones adquiridas ilegalmente no se registran en el Sistema REAL ni se compran siguiendo los procedimientos de una armería autorizada. Resulta absurdo concentrar las restricciones en el ciudadano y el comerciante que dejan constancia de cada transacción, mientras el mercado clandestino continúa operando fuera de todos los controles”, añadió.
Torres Meléndez señaló que esta controversia tampoco puede evaluarse de manera aislada de otros casos que reflejan deficiencias en la gestión administrativa del Negociado de la Policía. CODEPOLA compareció recientemente ante el Tribunal de Apelaciones en el caso TA2026RA00449 para solicitar la revisión de una determinación relacionada con la revocación de la licencia de armas de una paciente autorizada de cannabis medicinal.
Según las alegaciones contenidas en el recurso, la Policía no había cumplido con una resolución judicial del 1 de agosto de 2024 que ordenaba la devolución inmediata del arma, sus accesorios y nueve municiones pertenecientes a la recurrente, luego de que los cargos presentados en su contra culminaran con determinaciones de no causa probable. El recurso también sostiene que la agencia dejó transcurrir el término aplicable sin atender una solicitud de reconsideración. Al tratarse de un procedimiento pendiente, corresponderá al Tribunal de Apelaciones evaluar los argumentos y conceder el remedio que proceda en derecho.
“No es coherente que la Policía solicite más facultades y controles legislativos mientras enfrenta cuestionamientos por no ejecutar oportunamente las responsabilidades, determinaciones judiciales y herramientas que ya tiene. Antes de pedir más poder para intervenir con los ciudadanos, la agencia debe rendir cuentas sobre cómo está utilizando el que ya posee”, sostuvo Torres Meléndez.
CODEPOLA reiteró que permanecerá vigilante ante cualquier proyecto legislativo o actuación administrativa que pueda afectar injustificadamente los derechos de los ciudadanos con licencia. La organización comparecerá ante la Asamblea Legislativa, evaluará cualquier propuesta concreta y exigirá que las decisiones gubernamentales estén fundamentadas en evidencia, respeten el debido proceso de ley y no impongan restricciones arbitrarias sobre conductas legales.
“CODEPOLA seguirá luchando por los derechos de los poseedores de licencias de armas y de todos los ciudadanos afectados por actuaciones administrativas injustas. Esa defensa incluye a los pacientes autorizados de cannabis medicinal a quienes la Policía les ha revocado o denegado sus licencias de armas sin realizar una evaluación individualizada de su conducta o peligrosidad. Ya estamos defendiendo esos derechos ante los tribunales y continuaremos haciéndolo en todos los foros necesarios”, indicó Torres Meléndez.
Finalmente, CODEPOLA expresó su disposición a colaborar con medidas dirigidas efectivamente contra el tráfico ilegal de armas y municiones, pero advirtió que no respaldará iniciativas que penalicen, vigilen indiscriminadamente o dificulten el ejercicio de derechos por parte de ciudadanos respetuosos de la ley.
“Combatir la criminalidad exige inteligencia, investigación y voluntad para intervenir con quienes operan ilegalmente. La solución no puede ser imponer cada vez más obstáculos al ciudadano y al armero que cumplen la ley, mientras las organizaciones criminales continúan fuera de todos los controles. La Policía tiene la información, la autoridad y las herramientas para actuar. CODEPOLA estará vigilante y continuará defendiendo los derechos de los ciudadanos en la Legislatura, ante las agencias y en los tribunales”, concluyó Torres Meléndez.
