Sierra Club Puerto Rico exigió descartar —no fusionar— los proyectos del Senado 1173 y 1183, al advertir que el sustitutivo legislativo que los combina crea un nuevo Código de Planificación y Permisos que reduce los controles preventivos, debilita la fiscalización ambiental y concentra facultades sobre el uso de terrenos en estructuras adscritas al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
“Estos dos proyectos no deben fusionarse, deben descartarse. Reconocemos que el sustitutivo incorpora algunos cambios respecto a versiones anteriores, pero el resultado neto es peor que cualquiera de las versiones originales por separado. Lo que se presenta como una reforma administrativa es, en realidad, una reestructuración del sistema de planificación, permisos, evaluación ambiental y uso de terrenos de Puerto Rico”, explicó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico.
Vázquez detalló que la medida adopta simultáneamente los elementos más controversiales de ambas propuestas. Del P. del S. 1173 conserva el Registro de Uso, la sustitución de controles preventivos por fiscalización posterior, la evaluación ambiental basada en riesgo y la ampliación de facultades delegadas a profesionales privados. Del P. del S. 1183 mantiene la creación de un nuevo Código de Planificación y Permisos, la reorganización de decenas de leyes vigentes y la concentración de funciones en el DDEC. El efecto combinado, sostuvo, amplía los mecanismos de aprobación expedita, fortalece la dependencia en certificaciones privadas y concentra aún más facultades relacionadas con la planificación, amplía los mecanismos de aprobación expedita y traslada el peso de la intervención pública desde la prevención hacia la corrección, cuando los proyectos ya están en marcha.
“Mientras la campaña promocional del Gobierno para justificar el proyecto habla de permisos en 24 horas para pequeños negocios, la medida redefine competencias institucionales, amplía la fiscalización posterior, fortalece los registros declarativos y altera la manera en que se toman decisiones sobre recursos naturales, costas, patrimonio histórico y desarrollo urbano. No defendemos la burocracia ni los retrasos que afectan a comerciantes y emprendedores; cuestionamos que, bajo ese pretexto, se impulse una reforma que debilita las protecciones ambientales, concentra poder y reduce la participación ciudadana”, puntualizó.
Por su parte, Pedro Saadé, abogado ambiental señaló que la reforma no responde a una evaluación independiente sobre cómo fortalecer la capacidad institucional del Estado. Recordó que la propia Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico reconoció haber presentado propuestas al gobierno para remover obstáculos al desarrollo de proyectos de energía, carreteras y vivienda, mientras la gobernadora ha anunciado que la meta es centralizar todos los procesos de permisos y crear vías expeditas para proyectos considerados de bajo riesgo. La propuesta, añadió, no atiende las causas reales de los atrasos como la falta de personal técnico, la escasez de recursos, la obsolescencia tecnológica y la deficiente coordinación interagencial.
“La pregunta que Puerto Rico debe hacerse es quién se beneficia de una reducción en la supervisión pública y quién asume las consecuencias cuando un proyecto aprobado de forma expedita afecta el acceso al agua, aumenta la vulnerabilidad energética, desplaza comunidades o genera daños ambientales irreversibles. Personas beneficiarias de la Ley 22, hoy incorporada a la Ley 60, han realizado más de 1.2 millones de dólares en donaciones políticas entre 2013 y 2024, mientras mantienen intereses directos en el desarrollo inmobiliario, turístico y costero. No se trata de cuestionar la legalidad de estas aportaciones, sino de preguntarnos quiénes tienen acceso privilegiado a los espacios de toma de decisiones y quiénes se benefician de un sistema que reduce controles”, reclamó.
Saadé reconoció que el sustitutivo introduce mejoras parciales, como una definición de Zona Marítimo Terrestre menos problemática que la propuesta originalmente en el Proyecto de la Cámara 1213. No obstante, advirtió que su alcance práctico queda sujeto a incertidumbre por las amplias facultades que el proyecto concede al Agrimensor del Estado para realizar determinaciones sobre la delimitación y administración de espacios costeros de alto valor ecológico, social y público. En medio de una crisis de agua y una crisis energética, debilitar los procesos de evaluación ambiental y planificación territorial. Insistió, profundizará las desigualdades y aumentará los riesgos para las comunidades.
“Puerto Rico no necesita un código diseñado para acelerar proyectos a cualquier costo. Necesita instituciones capaces de garantizar acceso al agua, resiliencia energética, vivienda asequible, protección ambiental y participación ciudadana efectiva. Ninguno de esos problemas se resuelve debilitando la planificación territorial ni reduciendo la supervisión pública”, insistió.
De igual forma, la directora de Sierra Club adelantó que continuarán visitando a los senadores para exigir que ambos proyectos sean descartados e hizo un llamado a los ciudadanos a pedir a sus legisladores rechazar la medida en https://act.sierraclub.org/actions/PuertoRico?actionId=AR0620838&id=70131000001Lp1FAAS
