Los alcaldes de Puerto Rico solicitaron al gobierno federal que mantengan el respaldo a los proyectos de reconstrucción de la isla y rechazaron una petición que busca investigar a los municipios por el cobro de arbitrios de construcción en obras financiadas con fondos federales. Los ejecutivos municipales advirtieron, en una misiva enviada a las autoridades federales, que cualquier acción que retrase o limite esos recursos tendría un impacto directo sobre proyectos de infraestructura que benefician a miles de residentes en toda la isla.
La controversia surge luego de que la organización National Taxpayers Union enviara una carta al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la que cuestiona el cobro de arbitrios municipales en proyectos sufragados con fondos federales de recuperación. La organización solicitó una investigación sobre esa práctica y pidió que se evalúen medidas relacionadas con la asignación de fondos federales a Puerto Rico.
En respuesta, la Asociación y Federación de Alcaldes de Puerto Rico remitieron una carta conjunta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, así como a líderes del Senado y la Cámara de Representantes federal y al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera.
“Esta controversia no puede perder de perspectiva a las personas que dependen de estos proyectos. Estamos hablando de la reconstrucción de escuelas, carreteras, puentes, sistemas de agua e instalaciones de seguridad pública que sirven diariamente a nuestras comunidades. Los municipios han actuado bajo un marco legal que ha sido reconocido por las agencias federales y cualquier medida que ponga en riesgo esos fondos tendría consecuencias para miles de familias que todavía esperan la culminación de obras esenciales. Lo que estamos defendiendo es la continuidad de la reconstrucción y la inversión que Puerto Rico necesita para recuperarse”, puntualizó el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez.
En la comunicación, ambos gremios sostienen que los municipios actúan conforme a la ley y que los arbitrios de construcción forman parte de un impuesto de aplicación general vigente desde 1996. Además, argumentan que el arbitrio no se impone por el origen federal de los fondos utilizados en una obra, sino por la actividad de construcción realizada por contratistas privados.
“Los municipios de Puerto Rico ejercen facultades contributivas reconocidas por ley y similares a las que utilizan gobiernos locales en distintas jurisdicciones de Estados Unidos. Lo que planteamos en nuestra carta es que FEMA ha reconocido históricamente estos costos dentro de los proyectos de reconstrucción y que no existe una determinación federal que concluya que los municipios han actuado fuera de la ley. Crear incertidumbre sobre estos fondos podría retrasar obras que impactan directamente la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de nuestras comunidades. Puerto Rico necesita que la reconstrucción continúe avanzando y que las decisiones se tomen sobre la base de los hechos y la documentación existente”, señaló, por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero.
De igual forma, los alcaldes también plantean que FEMA reconoce esos costos como parte de los gastos elegibles en proyectos de recuperación y reconstrucción. La carta cita comunicaciones oficiales y documentos de la agencia federal que los funcionarios aseguran que demuestran que el pago de esos arbitrios ha sido incorporado a los estimados de costos y autorizado dentro de proyectos financiados con fondos federales.
La comunicación añade que la petición presentada por la National Taxpayers Union no cita auditorías federales, determinaciones del Inspector General, decisiones judiciales ni acciones de cumplimiento que concluyan que el cobro de arbitrios municipales viola la ley federal o los requisitos aplicables a FEMA. Además, sostiene que la controversia surge de reclamaciones contributivas relacionadas con una empresa contratista y que cualquier diferencia sobre ese asunto debe atenderse en los foros legales correspondientes.
