La Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) informó hoy que la distribución presupuestaria aprobada por la Junta de Gobierno para el año fiscal 2026-2027 fue completada a la vez que la institución realiza gestiones dirigidas a reducir el impacto fiscal sobre los recintos, la oferta académica y los servicios esenciales para los estudiantes.
Como parte del proceso presupuestario, la Universidad presentó una solicitud a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para una revisión al Plan Fiscal Certificado para el Año Fiscal 2027 a fin de ajustar la aportación patronal al Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, proceso que continúa bajo evaluación. La UPR ha atendido los requerimientos de información correspondientes como parte de ese trámite y continuará dando seguimiento conforme a los mecanismos establecidos.
La presidenta de la UPR, doctora Zayira Jordán Conde, destacó que la prioridad de la Administración continúa siendo garantizar la continuidad académica y procurar que los ajustes presupuestarios tengan el menor efecto posible sobre los estudiantes, la facultad y los servicios universitarios.
“Estamos atendiendo una realidad presupuestaria que requiere decisiones responsables y, al mismo tiempo, una defensa firme de los recursos que necesitan nuestros recintos. Nuestra prioridad es viabilizar la oferta académica, particularmente las secciones necesarias para que nuestros estudiantes puedan continuar avanzando hacia la culminación de sus grados, mientras manejamos alternativas que permitan reducir el impacto fiscal sobre las unidades”, expresó Jordán Conde.
Como parte de esas gestiones, la Administración Central identificó aproximadamente $6 millones en ingresos adicionales provenientes de programas profesionales, recursos que serán dirigidos a los recintos para fortalecer sus presupuestos y amortiguar parte de los ajustes requeridos durante el proceso de distribución.
“Cada recurso adicional que podamos identificar tiene que convertirse en una herramienta para fortalecer nuestras unidades. Por eso, hemos dispuesto que estos recursos se destinen a los recintos y continuaremos evaluando alternativas de ingresos, economías y eficiencias que nos permitan cumplir con la misión académica e investigativa de la Universidad”, añadió la presidenta.
La Administración Central explicó que el ajuste presupuestario no responde a una reducción aislada dirigida a los recintos, sino a la necesidad de atender las obligaciones relacionadas con el Sistema de Retiro dentro de las realidades presupuestarias de la Universidad. La institución continuará atendiendo la solicitud de reprogramación y los asuntos relacionados con la distribución de los recursos con responsabilidad fiscal y transparencia.
Jordán Conde reiteró que la Administración Central continuará atendiendo el proceso ante la Junta de Supervisión Fiscal y trabajando junto a la Junta de Gobierno para procurar una distribución presupuestaria responsable que proteja la oferta académica, los servicios universitarios y las obligaciones del Sistema de Retiro a la vez que realiza gestiones para procurar más recursos a la Universidad.
“Tenemos la responsabilidad de atender simultáneamente el presente y el futuro de la Universidad. Eso significa atender responsablemente las obligaciones de nuestro Sistema de Retiro, a la vez que preservamos la capacidad operacional de los recintos, apoyamos a nuestra facultad y garantizamos que los estudiantes tengan acceso a los cursos y servicios que necesitan. Esa es nuestra prioridad siempre”, sostuvo.
Finalmente, la Administración Central informó que la Universidad mantiene sus operaciones académicas y administrativas en sus 11 recintos y unidades. La Administración Central continuará trabajando en coordinación con los rectores y sus equipos para atender las necesidades particulares de cada unidad, fortalecer los recursos disponibles y procurar la continuidad de los servicios y la oferta académica para los estudiantes.
