En momentos en que el país enfrenta una sequía extrema y un racionamiento de agua que ya afecta a cientos de miles de abonados, organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales exigieron a la Asamblea Legislativa descartar el proyecto que crea una nueva ley de permisos y cuestionaron la insistencia del Gobierno en colocar este tema entre sus prioridades legislativas mientras Puerto Rico atraviesa crisis urgentes de electricidad y agua que se agravaría con las facultades que la medida otorgaría de ser aprobada.
“Este país amaneció otra vez con los embalses en picada y con familias completas resolviendo con cubos, y la prioridad de la Legislatura es una ley que le abre la puerta a mega construcciones que consumen agua que no tenemos. Exigimos que estos proyectos se descarten”, explicó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club.
Vázquez destacó que la insistencia de la Legislatura viene de la agenda articulada desde el Ejecutivo junto a los sectores de la construcción, el desarrollo inmobiliario y la inversión privada para impulsar la medida. Recordó que El Task Force creado por la gobernadora y presidido por Francisco Domenech, entonces secretario de la Gobernación, integró a funcionarios del DDEC, el DRNA, la Junta de Planificación y la OGPe junto a representantes del sector privado, y estableció expresamente que el sector privado debe tener un rol más prominente en la evaluación y adjudicación de permisos.
La líder ambiental detalló que el pasado mayo, durante el Caribbean Business Summit, la gobernadora Jenniffer González, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y el entonces secretario del DDEC, Sebastián Negrón-Reichard, compartieron agenda con 18 representantes empresariales, entre ellos Agustín Rojo de VRM Companies, PRISA Group, VRM Penzini Capital, Advent-Morro Equity Partners, X-Square Capital y Ashford Venture Partners los bancos Popular y FirstBank, entre otros, en un encuentro que incluyó un panel sobre vivienda, permisos y uso de terrenos. Semanas después, el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, y el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, figuraron como conferenciantes en un conversatorio de las asociaciones de mineros, contratistas y del concreto, auspiciado por empresas del sector, cuya agenda incluía el Plan de Uso de Terrenos, la reglamentación del carso y las exclusiones categóricas ambientale.
“El mismo DDEC que promueve la inversión privada y administra incentivos tendría, bajo esta reforma, mayor poder sobre los permisos y la fiscalización de los proyectos que ayuda a atraer. Sus propios documentos revelan una prioridad: ofrecerles más rapidez y certeza a quienes cuentan con grandes proyectos, capital, cabilderos y acceso al Gobierno. Mientras las comunidades hacen filas para buscar agua, estos sectores participan en la transformación de las reglas que determinarán dónde y cómo podrán construir. Los funcionarios pueden cambiar, pero la estructura de poder y los intereses económicos que se beneficiarían de ella permanecen”, denunció la directora de Sierra Club Puerto Rico.
Por otro lado, Vázquez señaló que, aunque el Gobierno utiliza al pequeño comerciante como justificación de la reforma, la propuesta tiene un alcance mucho mayor. Su estructura responde principalmente a las necesidades de grandes desarrolladores e inversionistas, mediante mayor rapidez, certeza para la inversión, ampliación de las certificaciones privadas y reducción de los controles preventivos.
“A un colmado, a una barbería o a un taller de la comunidad no le hace falta una reingeniería completa del sistema de planificación del país. Le hace falta que le contesten el teléfono en la agencia y que le atiendan el trámite a tiempo. Esta pieza no se escribió pensando en ese comerciante, se escribió pensando en el que llega con un proyecto grande y necesita que nadie lo detenga”, puntualizó la líder ambiental.
Por su parte, el abogado ambiental Pedro Sadeé sostuvo que el proyecto no debe aprobarse porque representan una amenaza al acceso y disfrute de las playas y las áreas costeras, al abrir paso a su privatización o limitación; incrementarían la desigualdad social y económica al privilegiar a ciertos inversionistas y sus proyectos particulares; agravarían el problema del agua en un contexto de crisis climática cada vez más severa; eliminarían o reducirían las protecciones a las áreas verdes y ambientales necesarias para el bienestar de la gente y de las especies; harían aún más precarias las salvaguardas que requiere la protección de especies; y eliminarían o reducirían las protecciones a las áreas de valor arqueológico e histórico.
Sadeé denunció que esto agravaría el problema de corrupción, al concentrar en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) inmensos poderes y controles sobre los terrenos y sobre materias ambientales.
Explicó además que la medida coloca el derecho propietario, la viabilidad económica del terreno y la certeza del inversionista por encima de la planificación territorial, la protección ambiental y la participación pública. Advirtieron que no se limita a simplificar trámites, sino que busca transformar el papel del Estado para facilitar el desarrollo privado y tratar las salvaguardas ambientales como obstáculos para la inversión.
En esa línea, alertaron que la propuesta reduce las evaluaciones preventivas, amplía los procesos ministeriales y las certificaciones privadas, y traslada buena parte de la intervención gubernamental hacia la fiscalización posterior, en un país donde las agencias ya carecen del personal, los recursos y la capacidad técnica necesarios para fiscalizar adecuadamente.
“Aquí se cambia el momento en que el Estado interviene, y ese cambio lo decide todo. Nos están diciendo que el gobierno va a llegar después, a fiscalizar lo que ya se hizo, con las mismas agencias que hoy no dan abasto ni para lo que tienen encima. Cuando el Estado interviene después de comenzada una construcción, el daño ambiental puede ser irreversible y no hay multa que reponga un humedal, un acuífero o una costa”, reiteró el licenciado.
Por su parte, la arqueóloga Mariela Declet, detalló que la reforma elimina el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre y coloca las determinaciones finales relacionadas con permisos bajo la Oficina Central de Permisos. También reduce el papel del Instituto de Cultura Puertorriqueña, subordina las protecciones arqueológicas al nuevo Código y al Reglamento Único, y permite que en algunos casos la intervención especializada ocurra después de comenzada la excavación.
“La arqueología es fundamental para proteger y custodiar nuestra herencia cultural, ella resguarda nuestra historia e identidad. Los arqueólogos no estamos para evitar el desarrollo, estamos para custodiar y proteger nuestra historia y nuestros recursos arqueológicos”, explicó la arqueóloga Mariela Declet.
Declet advirtió que el diagnóstico que sostiene la reforma parte de una premisa equivocada, pues el obstáculo en el sistema de permisos no está en el marco legal que protege los recursos culturales del país.
“Es indispensable señalar que el problema central del sistema de permisos en Puerto Rico no es la legislación de protección arqueológica, la cual está bien diseñada y responde a estándares internacionales de recursos no renovables. El verdadero problema es la falta crónica de personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña, producto de años de desmantelamiento. No es necesario trastocar las leyes ni debilitar las agencias que protegen nuestros recursos culturales; lo que se debería legislar es para devolverle a las agencias los recursos necesarios para los procesos de evaluación de proyectos y permisos”, puntualizó.
Por su parte, Jesús Danilo Chinea Rivera, profesor retirado del Departamento de Biología de la UPR en Mayagüez, cuestionó que una reforma de cientos de páginas se pretenda aprobar aceleradamente, sin un análisis científico e interdisciplinario adecuado. Advirtió que los bosques, humedales, ríos, acuíferos, cuencas hidrográficas y terrenos kársticos funcionan como sistemas interconectados que trascienden los límites de las propiedades y los municipios.
“Las decisiones sobre permisos no pueden descansar exclusivamente en mapas y geodatos oficiales, pues estos tienen márgenes de error, omisiones y limitaciones metodológicas. No pueden prevalecer sobre la realidad física ni sustituir las inspecciones de campo, los estudios especializados y la mejor evidencia científica disponible. Cuando un proyecto pueda afectar el agua, los bosques, los humedales o el karso, las determinaciones de las agencias científicas deben ser previas y vinculantes. La Legislatura debe divulgar el texto final y permitir que la comunidad científica evalúe sus consecuencias antes de cualquier votación”, sostuvo Chinea Rivera.
