Grupos de trabajadores, ambientalistas, personas pensionadas y activistas políticos se manifiestan esta mañana en 14 puntos de 11 municipios para exigir la salida inmediata de la Junta de Control Fiscal, en el día en que se cumplen diez años del nombramiento de sus primeros siete integrantes bajo la Ley PROMESA.
Los grupos que incluyen integrantes de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, el Movimiento Solidario Sindical, Construyamos Otro Acuerdo, Movimiento Nacional Hostosiano, Amigxs del M.A.R y el Movimiento Victoria Ciudadana ocupan distintos puentes en Miramar, la Baldorioty de Castro, la Ave. Barbosa, la Ave. Américo Miranda y la intersección de la Ave. Roosevelt y Muñoz Rivera en la zona metropolitana, mientras la jornada continúa a lo largo de la mañana y tarde en Aguas Buenas, Dorado, Caguas, Juana Díaz, Isabela, Ponce, Yauco, Humacao, Cidra, Corozal, Mayagüez, entre otros.
“Diez años son demasiados y estamos jartos de la Junta en cada esquina del país. Una década después, el pueblo paga más por la luz, más por el agua, más por todo, pero por el peor servicio, porque todo el dinero se va para los bonistas. Tenemos menos escuelas, menos pensiones, menos oportunidades de desarrollo y peores condiciones laborales. Nos niegan hasta nuestro derecho constitucional a la negociación colectiva. Mientras el gobierno funciona cada vez menos porque no tiene ni personal suficiente ni capacidad para decidir sobre su propio presupuesto. La Junta fue impuesta para alegadamente resolver una crisis y lo que hizo fue agravarla mientras ellos y sus amigos se lucran. Estamos en la calle como un llamado para unirnos en pedir su salida”, explicó Emilio Nievez, portavoz de la Central Puertorriqueña de Trabajadores
El reclamo de los grupos se apoya en el análisis La Década Perdida: la verdadera cara de la Junta en Puerto Rico, que concluye que en estos diez años lo único que ha gobernado ha sido el autoritarismo colonial y la improvisación, con una cadena de errores que golpeó las finanzas públicas y la calidad de vida del país sin llegar nunca a la raíz de la crisis.
“Nadie en Puerto Rico puede decir que estamos mejor que cuando la Junta llegó. Los datos demuestran lo contrario, la Junta fue un experimento colonia que en estos 10 años solo promovió recortes masivos al presupuesto público, sin medir el daño a la población que provocaba, encarecieron el costo de vida y servicios esenciales, dejando al país en peores condiciones económicas sin atender las verdaderas raíces de la crisis. La Junta no nos ahorra, nos cuesta”, añadió Julio López Varona, de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público.
Por su parte, Cristian Martínez, director ejecutivo, de Construyamos Otro Acuerdo tenía personas pensionadas manifestándose en Aguas Buenas, Caguas, Juana Díaz, Isabela, Ponce, Yauco, Humacao, Cidra y Corozal detalló que el efecto de 10 años bajo la imposición de la Junta se siente con particular dureza en la población pensionada del país
“La Junta nos ha estrangulado por todo este tiempo y la salida se tiene que dar ya. El experimento fracasó dejándonos a todos en peor estado. Un retiro digno no es un capricho ni una dádiva, es un derecho básico que las pensionadas se ganaron dedicando su vida al servicio público. Es hora de dar un primer paso hacia que la gente de Puerto Rico pueda gobernarse y luchar por un país que vela por nuestras vidas antes de la deuda”, añadió.
Por su parte, Ángel Rodríguez León, co-presidente del Movimiento Nacional Hostosiano desde Mayagüez manifestó que la Junta representa una profundización en nuestra situación colonial.
“El colonialismo es incompatible con la democracia, por lo que estos diez años de dictadura colonial también implican el afianzamiento de mecanismos que le niegan al pueblo puertorriqueño la posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de nuestra vida colectiva. Reafirmamos nuestro repudio tanto a la Junta como a nuestra situación colonial que la posibilita”, precisó.
Desde la mirada ecologista, la imposición de la Junta de Control Fiscal ha significado la destrucción de las agencias ambientales y el recrudecimiento de una visión de supuesto desarrollo económico basado en la destrucción de la naturaleza y el desplazamiento de comunidades enteras.
“La Junta llegó a allanar el camino para el saqueo de recursos, la explotación de nuestra naturaleza y crear las condiciones para un Puerto Rico sin puertorriqueños. Con la excusa de pagar una deuda ilegítima, han destruido las protecciones ambientales y se nos ha condenado a vivir con la incertidumbre de si tendremos las condiciones para quedarnos en nuestro país” concluyó por su parte Eric Albizu, integrante de Amigxs del M.A.R.
