Quiero comenzar con una pregunta que probablemente incomode a más de uno: ¿para qué Puerto Rico tiene una ley que regula las Relaciones Públicas si ahora existe una propuesta legislativa que busca eliminar precisamente esa regulación? Esta no es una discusión hipotética. El Proyecto del Senado 275 (P. del S. 275) propone una reforma al sistema de licencias ocupacionales de Puerto Rico que incluye la eliminación del marco regulatorio que actualmente rige la profesión de las Relaciones Públicas bajo la Ley Núm. 204 de 2008. El proyecto forma parte de una discusión más amplia sobre si determinadas licencias profesionales representan barreras innecesarias para entrar al mercado laboral y si deben mantenerse regulaciones que, desde algunas perspectivas, pueden limitar la libertad económica.
El argumento merece ser escuchado. Podemos discutir si existen demasiadas licencias, si algunos procesos son burocráticos, si los costos deben reducirse o si determinadas profesiones necesitan mecanismos diferentes de regulación. Todo eso es legítimo. Pero cuando trasladamos esa discusión a las Relaciones Públicas, la pregunta cambia. Ya no se trata solamente de cuánto cuesta una licencia o de cuánto tiempo toma renovarla. Tenemos que preguntarnos qué significa eliminar el reconocimiento legal de una profesión especializada y, sobre todo, qué mecanismo sustituiría los estándares de preparación, ética, competencia y actualización profesional que actualmente establece la Ley 204–2008.
Porque una cosa es eliminar burocracia. Otra muy distinta es eliminar estándares.
La Ley Núm. 204 de 2008 estableció un marco para regular la práctica de las Relaciones Públicas en Puerto Rico y creó una Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales. La legislación establece requisitos relacionados con preparación académica, licencia, ética profesional y educación continua. Incluso establece restricciones respecto al uso de títulos o designaciones que impliquen que una persona posee la licencia profesional. Es decir, Puerto Rico tomó hace casi dos décadas una decisión muy concreta: reconocer que las Relaciones Públicas constituyen una profesión que merece estándares profesionales.
Ahora, el P. del S. 275 nos obliga a preguntarnos si esa decisión todavía tiene sentido.
Mi posición es que sí y no porque crea que las Relaciones Públicas deban convertirse en un club cerrado. Tampoco porque piense que nadie fuera de la profesión pueda trabajar en comunicación. Todo lo contrario. Periodistas, publicistas, expertos en mercadeo, diseñadores, productores audiovisuales, community managers, estrategas digitales, creadores de contenido y profesionales de muchas otras áreas forman parte del ecosistema de la comunicación contemporánea. Sus conocimientos son necesarios y complementarios.
El problema aparece cuando comenzamos a tratar todas esas funciones como si fueran exactamente lo mismo. Tener una cuenta de Instagram no convierte a una persona en relacionista. Saber crear un reel no convierte a alguien en relacionista. Tener miles de seguidores tampoco. Saber escribir un comunicado de prensa, organizar una conferencia de prensa o conseguir una entrevista no significa automáticamente que una persona esté preparada para ejercer profesionalmente las Relaciones Públicas.
Decir esto no es elitismo. Es reconocer que las profesiones existen porque requieren conocimientos especializados. Un abogado no se convierte en abogado porque sabe argumentar. Un médico no se convierte en médico porque sabe cuidar a una persona. Un ingeniero no se convierte en ingeniero porque sabe resolver problemas. De la misma manera, una persona no seconvierte automáticamente en relacionista profesional simplemente porque sabe comunicarse.
Las Relaciones Públicas son mucho más que producir contenido.
El relacionista investiga, analiza públicos, desarrolla estrategias, asesora a la gerencia, interpreta escenarios, anticipa riesgos, maneja crisis, evalúa reputación, desarrolla relaciones con medios y otros públicos, participa en asuntos públicos y, en determinados contextos, asesora sobre asuntos que pueden tener consecuencias sociales, económicas y políticas. La propia Ley 204–2008 reconoce funciones profesionales que van mucho más allá de publicar contenido en redes sociales.
Entonces, ¿qué ocurre si eliminamos la licencia? Esta es la pregunta que, a mi juicio, todavía no estamos discutiendo con suficiente profundidad.
Imaginemos que mañana desaparece la licencia. Una persona con un bachillerato o maestría en Relaciones Públicas, años de experiencia profesional y educación continua competiría en igualdad regulatoria con alguien que nunca estudió la disciplina, pero que tiene experiencia administrando redes sociales. ¿Significa eso que la segunda persona no puede ser talentosa? Por supuesto que no. La experiencia tiene un enorme valor.
Pero la pregunta es si queremos enviarle al mercado el mensaje de que la formación profesional especializada en Relaciones Públicas ya no tiene relevancia desde el punto de vista de la profesión regulada y eso sí tiene consecuencias.
Pensemos en los estudiantes universitarios. Una persona decide estudiar Relaciones Públicas durante cuatro años. Toma cursos de investigación, comunicación estratégica, redacción, ética, comportamiento de públicos, planificación, relaciones con los medios, comunicación organizacional y manejo de crisis. Se gradúa. Luego obtiene su licencia y continúa tomando cursos para mantenerse actualizado.
Después entra al mercado laboral y descubre que muchas organizaciones no consideran necesario exigir una licencia para puestos que realizan funciones sustancialmente relacionadas con las Relaciones Públicas.
¿Qué mensaje estamos enviando?
Estamos diciendo que la preparación profesional tiene valor solamente mientras exista alguien dispuesto a pagar por ella.
Eso debería preocuparnos.
La discusión también tiene que incluir la educación continua. La Ley 204–2008 establece que el relacionista profesional debe acreditar 30 horas crédito de educación continua cada cuatro años para mantener su licencia. Podemos debatir si ese requisito es suficiente. Personalmente, considero que en el mundo actual la educación continua debería ser mucho más que una obligación administrativa.
Las Relaciones Públicas de 2026 no son las Relaciones Públicas de 2008. Hoytenemos inteligencia artificial generativa, deepfakes, desinformación, crisis que se desarrollan en tiempo real, algoritmos que determinan qué información vemos, plataformas que cambian constantemente y públicos que pueden transformar una controversia local en un fenómeno internacional en cuestión de horas.
Un relacionista profesional tiene que entender ese ecosistema.
Tiene que saber cómo utilizar inteligencia artificial, pero también cuándo no utilizarla. Tiene que entender cómo verificar información. Tiene que conocer los riesgos de una crisis digital. Tiene que comprender reputación, datos, privacidad, comunicación de riesgos y comportamiento de los públicos.
Entonces, ¿la respuesta debería ser eliminar la licencia porque existe un requisito de educación continua?
No necesariamente.
Quizás deberíamos preguntarnos cómo hacer que la educación continua sea más pertinente, moderna y accesible.
Si la preocupación es el costo de la licencia, revisemos el costo. Si la preocupación es la burocracia, reduzcamos la burocracia. Si la preocupación es la educación continua, modernicémosla. Si la preocupación es el funcionamiento de la Junta, fortalezcamos la Junta. Si existen requisitos innecesarios, eliminémoslos.
Pero no confundamos la necesidad de reformar un sistema con la necesidad de eliminarlo completamente. Aquí aparece uno de los argumentos más frecuentes de quienes favorecen la desregulación: el mercado debe decidir quién es bueno.
Pero el mercado no siempre distingue entre competencia profesional y apariencia de competencia. Una persona puede ser excelente vendiendo su imagen y ser pésima manejando una crisis. Puede tener millones de seguidores y no saber investigar. Puede producir contenido viral y no comprender la ética de la comunicación institucional. Puede utilizar inteligencia artificial de manera sofisticada y, al mismo tiempo, no saber cuándo una información debe verificarse antes de publicarse.
La popularidad no es competencia profesional.
Los seguidores no son acreditación.
La viralidad no es estrategia.
Saber comunicarse no equivale necesariamente a saber ejercer las Relaciones Públicas.
Esta discusión se vuelve todavía más importante cuando hablamos del gobierno. Un profesional de Relaciones Públicas que trabaja para una agencia pública puede estar comunicando información que afecta directamente la vida de miles de ciudadanos. Puede trabajar durante una emergencia. Puede explicar programas gubernamentales. Puede manejar una crisis institucional. Puede preparar funcionarios para entrevistas. Puede responder preguntas de periodistas. Puede desarrollar campañas de interés público.
En ese escenario, una mala comunicación no es simplemente una mala publicación, puede generar confusión, afectar la confianza, provocar una crisis, dificultar el acceso a servicios, deteriorar la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Por eso, cuando hablamos de eliminar la licencia, tenemos que hablar también de quién protege al ciudadano.
Esta es, quizás, la pregunta más importante de todo el debate.
¿Qué mecanismo sustituirá la licencia para garantizar que una persona que se presenta como profesional de Relaciones Públicas posee los conocimientos y la preparación necesarios para asumir esa responsabilidad?
Si la respuesta es “el mercado”, tenemos que explicar cómo funcionará esa protección.
Si la respuesta es “la experiencia”, tenemos que definir qué experiencia y bajo qué estándares.
Si la respuesta es “el patrono”, tenemos que aceptar que no todos los patronos tienen la misma capacidad para evaluar competencia profesional.
Si la respuesta es que no necesitamos ningún mecanismo porque cualquiera puede ejercer, entonces tenemos que aceptar también que estamos redefiniendo completamente lo que significa ser un relacionista profesional en Puerto Rico.
También existe una dimensión laboral que merece atención. Eliminar la licencia podría ampliar el número de personas que pueden competir por puestos tradicionalmente asociados con las Relaciones Públicas. A primera vista, eso puede parecer positivo. Más competencia significa más personas buscando oportunidades.
Pero también puede provocar que el mercado deje de diferenciar entre preparación profesional y experiencia informal y cuando el mercado deja de distinguir entre ambas, eventualmente comienza a cuestionar cuánto vale la preparación.
Eso afecta salarios, clasificaciones de puestos, requisitos de contratación, programas universitarios y el prestigio de la profesión. Por eso la defensa de la licencia no debería interpretarse como un intento de cerrar las puertas a otros profesionales.
No necesitamos una guerra entre relacionistas, periodistas, publicistas, expertos en mercadeo y creadores de contenido.
Necesitamos claridad.
Una persona puede ser excelente community manager sin ser relacionista.
Un periodista puede ser extraordinario en su profesión sin ser relacionista.
Un publicista puede desarrollar campañas brillantes sin ser relacionista.
Un creador de contenido puede tener una capacidad excepcional para conectar con audiencias sin ser relacionista.
Y todos pueden trabajar junto al relacionista.
La colaboración interdisciplinaria fortalece la comunicación.
Lo que debemos evitar es la confusión profesional.
El verdadero peligro no es que existan nuevas profesiones o formas de comunicación. El verdadero peligro es que las Relaciones Públicas pierdan su identidad profesional. Que el término “relacionista” se convierta simplemente en una etiqueta para cualquier persona que trabaje con comunicación.
Que la licencia pierda valor.
Que la educación continua se convierta en un trámite.
Que los patronos dejen de reconocer la preparación especializada.
Que los propios relacionistas sean los primeros en decir que nada de esto importa.
Sí importa y mucho.
Ahora bien, defender la licencia tampoco significa afirmar que el sistema actual es perfecto. No lo es.
Podemos cuestionar el proceso de licenciamiento, discutir los costos, el número y la calidad de las horas de educación continua, el funcionamiento de la Junta. Podemos discutir la manera en que se fiscaliza la profesión. Podemos discutir cómo la legislación debe actualizarse para responder a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías.
Todas esas conversaciones son necesarias.
Pero existe una diferencia fundamental entre decir “el sistema debe mejorar” y decir “el sistema debe desaparecer”.
El P. del S. 275 puede convertirse, paradójicamente, en una oportunidad para que la profesión de Relaciones Públicas tenga una conversación que quizás hemos evitado durante demasiado tiempo.
Tenemos que explicar qué hacemos.
Tenemos que explicar por qué importa.
Tenemos que explicar qué preparación requiere.
Tenemos que explicar qué riesgos manejamos.
Tenemos que explicar por qué la ética importa.
Tenemos que explicar por qué la educación continua importa.
Sobre todo, tenemos que explicar por qué la licencia no es simplemente un documento que se paga cada cierto tiempo.
Una licencia representa responsabilidad.
Representa preparación.
Representa un compromiso con estándares profesionales.
Representa la disposición de responder por las decisiones que tomamos.
Pero aquí también tenemos que mirarnos al espejo.
Si somos relacionistas licenciados, tenemos que comportarnos como profesionales licenciados.
Tenemos que conocer la Ley 204.
Tenemos que conocer nuestros principios éticos.
Tenemos que mantenernos actualizados.
Tenemos que tomar en serio la educación continua.
Tenemos que defender nuestra profesión.
Tenemos que hablar con estudiantes.
Tenemos que educar a nuestros patronos.
Tenemos que dejar de permitir que nuestra profesión sea reducida a “hacer posts”.
Porque si nosotros mismos no explicamos nuestro valor, difícilmente podemos exigir que los demás lo reconozcan. Por eso, para mí, el debate sobre el P. del S. 275 no debe reducirse a una pregunta sobre licencias. Es una conversación sobre qué queremos que signifique ser un profesional de Relaciones Públicas en Puerto Rico.
¿Queremos que “relacionista profesional” signifique simplemente una persona que trabaja en comunicación?
¿O queremos que signifique un profesional preparado para investigar, planificar, asesorar, gestionar relaciones con públicos, manejar reputación y asumir responsabilidad ética por sus decisiones?
Yo prefiero la segunda definición. No porque considere al relacionista superior a otros profesionales. Sino porque una profesión pierde sentido cuando deja de tener una identidad profesional claramente definida.
El P. del S. 275 merece ser discutido. Pero merece una discusión seria, informada y abierta. Los relacionistas profesionales tienen que estar presentes en esa conversación. No para defender privilegios. No para cerrar el mercado. No para impedir que otras personas trabajen en comunicación.
Tenemos que estar presentes para defender estándares, porque una cosa es liberar el mercado y otra muy distinta es liberar una profesión de la responsabilidad profesional que la sociedad espera de ella. La comunicación puede ser de todos, pero la profesión no tiene por qué serlo.
Quizás ha llegado el momento de que los relacionistas profesionales de Puerto Rico dejen de pedir disculpas por decirlo. La pregunta no es si cualquiera puede comunicarse. Claro que puede.
La verdadera pregunta es:
¿Quién está preparado para asumir la responsabilidad profesional de representar, asesorar y proteger las relaciones entre una organización y sus públicos?
Esa es la conversación que tenemos que comenzar y esta vez, nosotros, los relacionistas p, no podemos quedarnos callados.
