El senador Ángel A. Toledo López presentó, por tercera ocasión, una medida dirigida a reconocer oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como la lengua natural, cultural y lingüísticamente legítima de la comunidad sorda en Puerto Rico. La legislación también establece como política pública el respeto a los derechos lingüísticos, promueve la preservación de las variantes regionales y dispone la realización de un censo para conocer con mayor precisión las necesidades de esta población.
La presentación El P. del S. 1463 se anunció en el marco de la presentación de la obra de Yarett E. Piñeiro Rodríguez, educadora, intérprete y defensora de la comunidad sorda, cuyo trabajo documenta la historia, la cultura, el vocabulario y las variaciones regionales de la lengua de señas utilizada en Puerto Rico. El encuentro permitió destacar que la LSP no constituye una adaptación local del American Sign Language (ASL), sino una lengua con identidad, estructura y expresiones propias, desarrolladas por la comunidad sorda puertorriqueña.
“Reconocer la Lengua de Señas Puertorriqueña es reconocer la identidad, la cultura y la dignidad de una comunidad que durante demasiado tiempo ha tenido que reclamar acceso a información y servicios en su propia lengua. Este proyecto procura que el Estado conozca esa realidad, la respete y pueda diseñar política pública a partir de datos confiables y de la participación de la propia comunidad sorda”, expresó Toledo López.
El P. del S. 1463 reconoce la LSP como parte del patrimonio identitario y de la diversidad cultural de Puerto Rico. Además, autoriza a la Oficina del Enlace con la Comunidad Sorda, adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, a coordinar con entidades representativas de la comunidad sorda estudios, consultas y recomendaciones para promover, preservar y fortalecer la lengua, incluidas sus variantes regionales. Estas gestiones podrán atender su desarrollo en la educación, el acceso a servicios y otros ámbitos de la vida pública.
La medida ordena, además, que la Defensoría de las Personas con Impedimentos y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico realicen conjuntamente un censo de la comunidad sorda. El estudio recopilará información sobre el uso de la LSP y sus variantes, así como sobre las necesidades de acceso a servicios públicos, educativos y de salud y a espacios de participación social. Los datos se utilizarán con fines estadísticos, de planificación y de formulación de política pública.
Toledo López explicó que la falta de información oficial limita la capacidad del Gobierno para responder de forma adecuada a las barreras que enfrentan las personas sordas. Señaló que la experiencia de los huracanes Irma y María demostró las consecuencias de ofrecer información de emergencia mediante intérpretes de ASL sin considerar las diferencias lingüísticas y regionales de la comunidad sorda en Puerto Rico.
“La accesibilidad no se cumple con colocar a cualquier intérprete frente a una cámara. La información tiene que ser comprensible para las personas a quienes va dirigida, sobre todo cuando están en juego la salud y la seguridad. Las variantes de nuestra lengua de señas no son errores que deban eliminarse; son expresiones vivas de la diversidad de la comunidad sorda y deben estudiarse y preservarse”, añadió el senador.
La obra presentada por Piñeiro Rodríguez recoge precisamente esa diversidad. Concebida como el primer volumen de una serie, reúne señas observadas en distintas regiones, explica diferencias frente al ASL e incorpora elementos de historia, cultura, alfabeto manual y vocabulario. Su publicación aporta al esfuerzo de documentar una lengua que se ha transmitido principalmente dentro de la propia comunidad y que aún enfrenta el riesgo de ser desplazada por sistemas ajenos a la realidad lingüística puertorriqueña.
El senador sostuvo que la presentación del libro y la radicación del proyecto responden a un mismo reclamo: que las decisiones sobre la LSP se adopten con la participación directa de las personas sordas y con respeto a su experiencia. “Este paso legislativo nace de escuchar a quienes conocen y viven esta lengua. El reconocimiento legal debe servir para abrir puertas, proteger su patrimonio lingüístico y construir servicios públicos que respondan a la realidad de la comunidad”, concluyó.
Durante la actividad, estuvo presente el procurador de las Personas con Impedimentos, Fernando L. Díaz Rivera.
