Con el propósito de fortalecer la protección de las organizaciones sin fines de lucro y los recursos que destinan a atender necesidades comunitarias, el senador por el Distrito de Guayama, Wilmer Reyes Berríos, radicó legislación para incorporar como circunstancia agravante de la pena la comisión de delitos de apropiación ilegal, robo o escalamiento contra estas entidades.
El Proyecto del Senado 1624, radicado este 9 de noviembre, propone enmendar el Artículo 66 del Código Penal de Puerto Rico para reconocer expresamente como circunstancia agravante que estos delitos se cometan contra una organización sin fines de lucro debidamente constituida. La iniciativa procura que, al momento de imponer una sentencia, pueda considerarse la naturaleza de la entidad perjudicada y el impacto que la pérdida de sus recursos puede tener sobre los servicios que ofrece a la comunidad.
“Cuando se roba a una organización sin fines de lucro, el daño no termina en el valor de lo sustraído. Detrás de esos equipos, materiales o donativos hay personas que esperan recibir ayuda, familias que dependen de un servicio y voluntarios que han dedicado su tiempo a conseguir esos recursos. Lo que buscamos es que nuestro ordenamiento penal reconozca esa realidad y que quienes atenten contra estas organizaciones sepan que la naturaleza de la entidad perjudicada podrá ser considerada al momento de imponer una sentencia”, expresó Reyes Berríos.
La dimensión social y económica de estas entidades quedó documentada en el Estudio sobre el impacto económico y social de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, preparado por Estudios Técnicos para Filantropía Puerto Rico y publicado en 2022. La investigación identificó 13,863 organizaciones activas y estimó que el sector atendía a más de 700,000 personas, generaba cerca de 90,000 empleos remunerados y sostenía una nómina anual de aproximadamente $3,200 millones durante el periodo estudiado.
La importancia de proteger estos recursos quedó ilustrada recientemente en Corozal, municipio perteneciente al Distrito Senatorial de Guayama, donde desconocidos robaron y vandalizaron equipos médicos y artículos de asistencia almacenados en la antigua escuela Abraham Lincoln, destinados a adultos mayores, pacientes enfermos y familias necesitadas.
Según trascendió públicamente, entre los bienes afectados figuraban sillas de ruedas, inodoros portátiles, camas especializadas, colchones de gel y otros suministros. La iniciativa comunitaria afectada brinda apoyo a más de veinte organizaciones de Corozal.
“Tenemos organizaciones que realizan una labor extraordinaria con recursos limitados y que, en muchas ocasiones, llegan a personas y comunidades que necesitan asistencia inmediata. No podemos perder de perspectiva que detrás de cada donativo hay un esfuerzo y detrás de cada servicio hay una necesidad real. Esta legislación procura ofrecer una herramienta adicional de protección y disuasión para que esos recursos puedan cumplir el propósito para el cual fueron destinados”, añadió el senador.
Actualmente, el Código Penal de Puerto Rico tipifica los delitos de apropiación ilegal, robo y escalamiento, incluyendo sus distintas modalidades, mientras que los artículos 66 y 67 establecen las circunstancias agravantes y las disposiciones que regulan su aplicación al momento de imponer una pena.
Sin embargo, el Artículo 66 no contempla expresamente como circunstancia agravante que estos delitos se cometan contra una organización sin fines de lucro debidamente constituida. El P. del S. 1624 propone incorporar esa consideración mediante un nuevo inciso, aplicable a los delitos de apropiación ilegal, robo o escalamiento, en cualquiera de sus modalidades, cometidos contra estas entidades. El alcance de la propuesta consiste en añadir una circunstancia agravante cuya consideración y aplicación quedaría sujeta a las disposiciones penales vigentes.
La protección propuesta comprende organizaciones sin fines de lucro debidamente constituidas conforme a las leyes de Puerto Rico, incluyendo entidades de base de fe que cumplan con esa condición, independientemente de que desarrollen programas de asistencia social, salud, educación, cultura, deporte u otras iniciativas comunitarias. El senador destacó que muchas de estas entidades complementan servicios públicos y dependen de donativos, aportaciones y trabajo voluntario para sostener sus operaciones.
