Por. Lcda. Myrna Otaño Vega
Hace veinte años, Puerto Rico tomó una decisión valiente basada en evidencia científica: proteger la salud pública mediante la aprobación de la Ley 66-2006, conocida como “Puerto Rico Libre de Humo”. Hoy, dos décadas después, los datos confirman que aquella determinación fue correcta.
Previo a su aprobación, fumar en espacios laborales cerrados era una práctica normalizada. La exposición al humo de segunda mano afectaba a trabajadores y visitantes, subestimándose su impacto en la salud respiratoria, cardiovascular y oncológica. La ciencia, sin embargo, era clara: los compuestos derivados de la combustión del tabaco —incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas y partículas finas— generan daño directo al ADN, inflamación crónica y alteraciones en los mecanismos normales de reparación celular.
La implementación de la Ley 66-2006 marcó un punto de inflexión. Según datos reseñados públicamente, el porcentaje de adultos fumadores en Puerto Rico se redujo de 12.2% en 2007 (año de implantación) a 8.5% en 2024. Esta reducción sostenida no es una percepción; es una tendencia estadística consistente.
Más aún, entre 2000 y 2022 se observó una disminución promedio anual de -1.8% en mortalidad asociada a cánceres vinculados al tabaco. Destacan reducciones específicas en mortalidad por cáncer de laringe (-5.1%), esófago (-4.6%), labio-cavidad oral-faringe (-2.9%) y pulmón-tráquea-bronquio (-1.9%). Estos números no son abstractos: representan vidas prolongadas, hospitalizaciones evitadas y familias protegidas.
Asimismo, estudios de calidad del aire realizados tras la implantación de la ley documentaron una reducción de 83,6% en la concentración de material particulado en espacios laborales cerrados. Desde una perspectiva química y ambiental, este dato es contundente. Menos material particulado implica menor carga de agentes carcinogénicos inhalados y, por ende, menor riesgo acumulativo.
Este logro no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de la integración entre la comunidad científica, legisladores responsables y sectores sociales comprometidos. Puerto Rico fue pionero al adoptar una de las legislaciones más abarcadoras en esta materia, alineándose con las mejores prácticas internacionales .
Sin embargo, el reto evoluciona. El auge de los vaporizadores y dispositivos electrónicos plantea nuevas interrogantes regulatorias. Aunque algunos dispositivos no implican combustión tradicional, muchos generan aerosoles que contienen nicotina y otras sustancias químicas capaces de inducir estrés oxidativo y potencial daño celular. Además, la Consulta Juvenil XII 2022-2024 reveló que 19.6% de los adolescentes reportó uso de cigarrillos electrónicos , lo que exige acción preventiva inmediata.
Desde el Colegio de Químicos de Puerto Rico afirmamos que la política pública debe continuar fundamentándose en evidencia, no en presiones coyunturales. La experiencia de la Ley 66-2006 demuestra que cuando la ciencia orienta la legislación, los resultados son medibles y sostenibles.
A los legisladores que hace veinte años respaldaron esta medida, la historia les concede razón. A los científicos, químicos, biólogos, toxicólogos, médicos y tecnólogos que participaron en esta iniciativa, sepan que lograron una ley que produjo resultados concretos en la salud del país.
La salud pública no admite retrocesos. El Colegio de Químicos de Puerto Rico sigue en la disposición de seguir aportando perisia científica en pro del bienestar socio-económico del país.
La Ley 66-2006 no solo redujo el tabaquismo; validó el rol de la comunidad científica como aliada estratégica del Estado. Y esa alianza, basada en datos, debe seguir guiando el futuro de Puerto Rico. Hoy insistimos en fortalecer ese legado: actualizar regulaciones, proteger a menores, reforzar campañas educativas y mantener la vigilancia científica ante nuevas formas de consumo de nicotina
