Con el fin de fortalecer la respuesta ante la crisis de violencia de género en la Isla, los representantes populares Domingo Torres García y Estrella Martínez Soto radicaron la Resolución Conjunta de la Cámara 322 para asignar $1.5 millones a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios directos a sobrevivientes.
La medida busca que estas entidades, que operan como la primera línea de defensa para miles de mujeres y familias, cuenten con los recursos necesarios para garantizar sus operaciones administrativas y mantener la agilidad en sus servicios críticos.
“Reconocemos que, aunque el Estado tiene una responsabilidad, son las organizaciones sin fines de lucro y los refugios quienes brindan el apoyo incondicional y directo en el momento de mayor vulnerabilidad. No podemos permitir que la falta de recursos burocráticos limite su capacidad de salvar vidas”, expresó el representante Torres García.
Por su parte, la representante Martínez Soto enfatizó que esta asignación presupuestaria responde a la persistencia de un problema que, a pesar de los estados de emergencia previos, sigue reflejando cifras alarmantes. En Puerto Rico, se procesaron más de 9,000 órdenes de protección anuales entre 2022 y 2023.
“La violencia de género se combate con determinación y recursos. Con esta resolución, buscamos que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) distribuya estos fondos de manera estratégica, asegurando que el dinero llegue a donde realmente se necesita: a la operación diaria de quienes atienden a las sobrevivientes”, añadió la Representante.
La resolución establece requisitos claros de transparencia para las organizaciones que reciban fondos, quienes deberán reportar a la Asamblea Legislativa y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres información que incluya, cantidad de personas impactadas, usos específicos de los fondos recibidos y planes de sostenibilidad operacional a futuro. Además, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres deberá presentar un informe ante la Asamblea Legislativa en o antes del 30 de junio de 2027, detallando el uso de los fondos asignados y el cumplimiento de las organizaciones beneficiadas.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto quedará obligada a identificar y consignar los fondos necesarios en el presupuesto del Año Fiscal 2026-2027.
Los legisladores afirmaron que esta medida es un paso firme para fortalecer a los refugios y centros de ayuda. El objetivo es asegurar que no tengan que detener sus servicios por falta de dinero, especialmente ahora que son más necesarios que nunca.
