La presidenta de la Comisión cameral de los Sistemas de Retiro, Lourdes Ramos Rivera, lanzó un enérgico llamado a las agencias fiscales del gobierno para que atiendan con urgencia la situación de los jubilados del servicio público, quienes enfrentan serias dificultades económicas ante el alto costo de vida.
Durante una vista pública celebrada en el Salón de Audiencias 3 del Capitolio, la legisladora defendió con firmeza el Proyecto de la Cámara 45, medida de su autoría que busca proteger el poder adquisitivo de las pensiones. Ramos insistió en que el proyecto debe ser aprobado sin dilaciones para atender una problemática que afecta a miles de retirados.
A la audiencia fueron citados, de forma indelegable, los jefes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Aunque la legisladora aceptó las ponencias de funcionarios autorizados, dejó claro que espera la participación directa de los titulares en próximas discusiones.
Como resultado del encuentro, se acordó coordinar una reunión de trabajo en un plazo no mayor de siete días, con el objetivo de alcanzar una cifra de ajuste en las pensiones que sea viable para todas las partes. Ramos advirtió que, de no concretarse este diálogo en el tiempo estipulado, citará a los jefes de agencia a una nueva vista pública “so pena de desacato”.
El proyecto cuenta con el respaldo del Frente en Defensa de las Pensiones, coalición que agrupa organizaciones de pensionados del Gobierno Central, la Judicatura y el Magisterio. Estas entidades han insistido en la urgencia de aprobar medidas que mitiguen el impacto de la inflación sobre los ingresos de los retirados.
“El país necesitó a los ahora pensionados para echar pa’lante en momentos críticos. No los podemos dejar atrás. Sus pensiones no resisten el costo de vida actual”, expresó Ramos durante la vista, al subrayar su compromiso con este sector.
La legisladora destacó que su propuesta impactaría a más de 160 mil jubilados, así como a sus familias y a la economía local. Según explicó, los pensionados constituyen un motor importante para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya que gran parte de sus ingresos se destina al consumo en negocios locales.
De acuerdo con datos presentados en vistas públicas y estudios previos, las pensiones han perdido cerca de un 40% de su poder adquisitivo en las últimas décadas, lo que ha agravado la vulnerabilidad económica de esta población.
El PC 45 contempla un ajuste inicial en las pensiones, con posibles incrementos entre un 3% y un 6%, según análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Además, propone la implementación de aumentos automáticos anuales vinculados al índice de inflación mediante el mecanismo federal COLA (Cost of Living Adjustment) del Seguro Social.
Ramos enfatizó que la medida no comprometería el presupuesto ni el plan fiscal, ya que los aumentos dependerían de los sobrantes disponibles tras el pago de las obligaciones del gobierno. En caso de no existir excedentes en un año fiscal, no se aplicaría el ajuste correspondiente.
Asimismo, indicó que la legislación identifica fuentes de financiamiento viables, particularmente a través de recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que ingresan al Fondo General.
“Tenemos que evitar que las pensiones continúen perdiendo valor. De lo contrario, estaríamos empujando a nuestros jubilados a una pobreza aún más severa, en una etapa de vida donde más necesitan estabilidad”, concluyó la representante.
