El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, destacó hoy que múltiples voces del ámbito académico y económico han comenzado a expresar preocupación y rechazo al Proyecto de la Cámara 1115, al tiempo que reiteró su oposición a la medida por entender que representa un retroceso en la política pública laboral del país.
“Cada vez más expertos en economía y política pública coinciden en que el PC 1115 está mal diseñado y que sus efectos serían perjudiciales para los trabajadores y para la estabilidad económica del país”, sostuvo Ferrer Santiago.
El legislador popular subrayó que estos análisis apuntan a que la eliminación de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo (CESM) debilitaría un mecanismo multisectorial basado en evidencia, sustituyéndolo por un modelo más susceptible a presiones político-partidistas.
“Coincidimos con ese análisis académico serio y fundamentado, que advierte sobre los riesgos de desmantelar una estructura que ha permitido evaluar el salario mínimo con criterios objetivos, tomando en cuenta el costo de vida y la realidad económica de Puerto Rico”, expresó.
Ferrer Santiago recordó que la Ley 47-2021 se aprobó de manera multipartita y sin oposición, luego de más de una década sin revisión del salario mínimo, y que estableció un proceso institucional para su revisión periódica con base científica.
“Pretender ahora regresar a un modelo en el que la Asamblea Legislativa asume de forma exclusiva la fijación del salario mínimo es ignorar la experiencia histórica. Ya sabemos a dónde conduce ese camino: a años sin ajustes y a una desconexión con las necesidades reales de nuestra gente trabajadora”, añadió.
Asimismo, indicó que los señalamientos provenientes del ámbito académico coinciden en deficiencias importantes del proyecto, como la falta de criterios claros para determinar el salario mínimo, la ausencia de una periodicidad definida para su revisión y la exclusión de sectores laborales que requieren evaluación.
En ese contexto, Ferrer Santiago hizo referencia a planteamientos recientes de economistas que han evaluado la medida y han concluido que la Ley 47-2021 ha tenido efectos positivos en indicadores como el empleo, la participación laboral y la reducción de la pobreza.
“Cuando uno examina la evidencia, como lo han hecho economistas y académicos del país, queda claro que esta medida no responde a datos, sino a una intención de revertir una política pública que ha sido efectiva”, señaló.
El portavoz popular también cuestionó que se impulse la derogación de la Ley 47-2021 sin antes completar evaluaciones formales sobre su impacto.
“No es responsable legislar a ciegas. Si algo nos dicen estos análisis es que no se puede desmantelar una política pública sin medir sus resultados, particularmente cuando esos resultados han sido positivos para cientos de miles de trabajadores”, afirmó.
Ferrer Santiago reiteró su llamado a rechazar el PC 1115 y a defender un modelo de política pública basado en evidencia y en el bienestar de la clase trabajadora.
