Una intervención de la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico identificó en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pagos ascendentes a $190,000.20 efectuados de forma retroactiva, por concepto de servicios de arrendamiento de vehículos, en contravención de las normativas vigentes sobre contratación gubernamental y la utilización de fondos públicos.
La investigación determinó también incumplimientos contractuales y deficiencias en la entrada de registros al sistema financiero Oracle, utilizado por la dependencia gubernamental.
En relación con los pagos retroactivos, el informe detalló que la ACT agotó la totalidad de los fondos autorizados antes de que concluyera la vigencia del contrato original sobre los servicios de arrendamiento de vehículos. Sin embargo, los servicios continuaron prestándose durante los meses de octubre de 2023 a enero de 2024, sin que existieran los fondos suficientes para sufragarlos. Posteriormente, la ACT otorgó una enmienda al contrato para incorporar fondos adicionales y destinó parte de esos recursos a pagar, de forma retroactiva, las facturas de servicios recibidos durante el periodo en que no existían partidas disponibles.
Las leyes y reglamentos vigentes del Gobierno de Puerto Rico prohíben la contratación, las enmiendas y los pagos retroactivos, por tratarse de prácticas que menoscaban los principios de legalidad y sana administración pública. El cumplimiento de los procesos de contratación garantiza que los servicios se presten únicamente cuando exista un contrato vigente, fondos previamente autorizados y las aprobaciones correspondientes, reduciendo así el riesgo de comprometer recursos públicos fuera del marco legal establecido.
Como parte de la intervención, la OIG también evaluó los controles tecnológicos relacionados con el Sistema Financiero Oracle EBS utilizado por la ACT, y se identificaron deficiencias en la administración del sistema, incluyendo la ausencia de la funcionalidad Audit Trail y de registros relacionados con cambios de contraseñas y administración de accesos. Estas deficiencias limitan la capacidad de reconstruir eventos, fortalecer la trazabilidad de las transacciones y detectar oportunamente accesos o modificaciones no autorizadas.
Como resultado de la investigación, la OIG emitió varias recomendaciones dirigidas a corregir las deficiencias identificadas y prevenir su repetición. Entre las principales, recomendó que la ACT inicie el proceso correspondiente para el recobro de los $109,009.20 desembolsados retroactivamente, conforme a los mecanismos legales y administrativos aplicables.
Asimismo, recomendó fortalecer los controles sobre los procesos de contratación y facturación, e impartir adiestramientos al personal responsable de estas funciones. También recomendó reforzar la seguridad del Sistema Financiero Oracle EBS mediante la activación y configuración de la funcionalidad Audit Trail. Por último, recomendó establecer controles para documentar y registrar la creación, modificación y cancelación de accesos, los cambios de contraseñas y las responsabilidades asignadas a los usuarios.
La OIG exhorta a la ciudadanía a denunciar irregularidades relacionadas con el uso de fondos y propiedad pública a través de la línea confidencial (787) 679-7979, el correo electrónico informa@oig.pr.gov y la página web oig.pr.gov/informa.
