Una intervención de la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico identificó 21 hallazgos que reflejan múltiples incumplimientos y fallas de riesgo operacional y administrativo, fiscal y tecnológico en la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA), incluyendo problemas en la documentación de pólizas de agricultores, contratación gubernamental, procesamiento de facturas, custodia de documentos, sistemas de información y continuidad operacional.
El examen reveló, entre otras situaciones, expedientes de agricultores con documentación incompleta, deficiencias en contratos y facturas, expedientes fiscales que no pudieron ser localizados, condiciones inadecuadas para la conservación de documentos públicos y vulnerabilidades relacionadas con los sistemas de información y la continuidad de las operaciones. El examen cubrió el período del 1 de julio de 2022 al 1 de mayo de 2026.
En vista ocular, auditores del Área de Pre-intervención y Exámenes de la OIG certificaron que el área donde custodian los archivos presentaba humedad y hongos en el techo y las paredes; el sistema de alarma contra incendios aparentaba estar fuera de funcionamiento; faltaba equipo para controlar la humedad y la temperatura; no se llevaba un registro de las personas que acceden a los expedientes; entre otras deficiencias observadas.
La revisión de la OIG de 201 de los 15,278 expedientes del período evaluado halló que no todos los expedientes de la CSA cumplen con las normativas vigentes, ya que no contienen los formularios y documentos requeridos para conformar adecuadamente el expediente. Dicha falta de controles no solo crea un ambiente propicio para errores e irregularidades, sino que también afecta la credibilidad institucional, puede derivar en reclamaciones legales e impacta la evaluación de fincas, la adquisición de pólizas y el procesamiento de reclamaciones futuras.
El examen de la OIG también encontró falta de documentos y certificaciones requeridas en los expedientes de contratos de servicios profesionales otorgados; la ausencia de cláusulas requeridas o mandatorias; y la ausencia en el Registro Interno de la CSA de algunos contratos otorgados. Además, la OIG identificó que la entidad no registró ni remitió a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, dentro del término establecido por ley, al menos 10 contratos por $157,607.04 y tres enmiendas por $142,900.00. Estos se remitieron con tardanzas que fluctuaron de 16 a 33 días luego del término establecido. El examen realizado por la OIG a los procesos de contratación de la CSA reveló que, durante los años fiscales 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025, la agencia formalizó 135 contratos ascendentes a $3,625,303.71.
Aunque la OIG determinó examinar una muestra de 106 contratos seleccionados, la Oficina de Finanzas de la CSA solo remitió 84 facturas para examen. De estas, se analizaron 61, de las cuales 40, correspondientes a servicios de inspección agrícola, no permiten identificar a las personas que firmaron; 21 no incluían el comprobante de pago; y 12 no tenían firma de aprobación. Al mismo tiempo, la agencia fiscalizadora solicitó 23 de 84 expedientes de facturación para aprobación, emitidos desde el 1 de julio de 2022 al 31 de mayo de 2025. Sin embargo, el director de la Oficina de Administración y Finanzas de la CSA certificó que los restantes 23 no fueron localizados en sus archivos.
Por otro lado, la OIG también identificó que los expedientes de personal de los 28 empleados de la CSA no contenían múltiples documentos; se encontró que el área de Recursos Humanos no realizó evaluaciones periódicas del desempeño de los empleados; y, al 8 de abril de 2025, tampoco contaba con un registro de horas de adiestramiento por empleado.
El examen también reveló que la Junta de Directores de la CSA no se reunía desde el 23 de octubre de 2024, a pesar de que el reglamento interno exige que se celebren reuniones ordinarias cada seis meses.
La intervención de la OIG también identificó funciones conflictivas realizadas por el director de la Oficina de Sistemas de Información; fallas en el manejo de expedientes del área de Recursos Humanos; y ausencia de evaluaciones periódicas del desempeño del personal y falta de un registro de horas de adiestramiento. Entre los demás hallazgos de la OIG en la CSA se encuentran aplicaciones sin soporte técnico; ausencia de formularios para la creación de cuentas de acceso a la red de comunicación de la CSA; falta de controles ambientales en el cuarto de las telecomunicaciones; y falta de un registro actualizado de programas instalados en las computadoras.
Tras la intervención, la OIG emitió 21 recomendaciones para corregir las deficiencias identificadas, incluyendo implantar un control de revisión que asegure que todos los expedientes se reciban y archiven completos; establecer un control de revisión y supervisión que asegure que todos los contratos y sus enmiendas se formalicen, documenten, registren y remitan conforme a las normativas vigentes; imponer controles de pre-intervención y archivo para garantizar la verificación adecuada de documentos; fortalecer los controles del área de Recursos Humanos; implementar controles formales para la adecuada organización, custodia y conservación de los expedientes; y reforzar el cumplimiento del reglamento interno de la Junta de Directores de la CSA.
La OIG exhorta a la ciudadanía a denunciar irregularidades relacionadas con el uso de fondos y propiedad pública a través de la línea confidencial (787) 679-7979, el correo electrónico informa@oig.pr.gov y la página web oig.pr.gov/informa.
