El Departamento de la Familia, junto a las agencias que integran el Comité de la Ley 121, continúan desarrollando un protocolo intergubernamental uniforme que permita establecer claramente las funciones y responsabilidades de cada entidad al momento de atender las necesidades de un adulto mayor.
El protocolo busca agilizar y fortalecer la coordinación gubernamental cuando un adulto mayor requiera apoyo, ubicación en un recurso adecuado, servicios o cualquier otra gestión dirigida a garantizar su bienestar y mejorar su calidad de vida.
“Queremos que cada agencia tenga claramente definido su rol y que, cuando un adulto mayor necesite apoyo, podamos activar los recursos correspondientes de manera coordinada y efectiva. Este protocolo nos permitirá trabajar bajo un mismo proceso, poniendo siempre en el centro el bienestar y la dignidad de nuestros adultos mayores”, expresó la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
Por su parte, los integrantes del Comité destacaron que la definición uniforme de responsabilidades facilitará la comunicación entre las agencias, reducirá duplicidad de esfuerzos y permitirá canalizar con mayor agilidad los servicios disponibles.
Las reuniones de trabajo continuarán como parte del proceso de elaboración y revisión del protocolo, con el objetivo de establecer una herramienta uniforme de colaboración interagencial al amparo de la Ley 121 del 2019, carta de derechos y de la política pública del Gobierno de Puerto Rico a favor de los adultos mayores de 60 años o más. Esta ley busca garantizar una vida digna, segura y libre de maltrato para las personas de edad avanzada.
